La rifa, la consulta y los dilemas de AMLO. Autor: José Reyes Doria

Foto: Xinhua

La comunicación política del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene como su instrumento más poderos de reafirmación política y gobernabilidad. Es notable la capacidad del Presidente de hacer de su narrativa la locomotora que abre camino y arrasa las resistencias a la Cuarta Transformación. Sin embargo, la imagen y el mensaje presidenciales tienen límites infranqueables, no pueden ser el soporte permanente del dominio político y la transformación. Esos límites parecieran hacerse patentes en estos días.

El poderío de la narrativa de López Obrador se basa en pilares de alto significado político-simbólico, tales como la austeridad, el combate a la corrupción y la preferencia por los pobres. Después de varios sexenios marcados por el derroche insultante de recursos públicos, el saqueo sistemático e impune de las arcas públicas, así como el desdén y marginación de los que menos tienen, la llegada de un mensaje sencillo contra todo esto, en voz de alguien con credibilidad, hizo posible, entre otros efectos, el encumbramiento de un Presidente con enorme respaldo popular.

Ahora bien, la comunicación política no es inagotable, se desgasta con el paso del tiempo y el contacto con la realidad. La narrativa de la austeridad tiene límites obvios, ya que es contraproducente dejar en los huesos a la administración pública; el mayor símbolo del derroche que combate AMLO es el avión presidencial, y más allá de lo extravagante de la solución que se quiere dar a este asunto, lo cierto es que ya se acabó la veta, después del sorteo del 15 de septiembre el tema ya no da para más.

El combate a la corrupción tiene límites políticos y jurídicos si realmente se quiere aplicar la ley y castigar la escandalosa corrupción de sexenios anteriores. Por eso, el discurso requiere acompañarse de acciones contundentes de castigo a los corruptos, o la imagen de Emilio Lozoya libre, disfrutando de sus propiedades, dineros y vinos, dañará seriamente la credibilidad de la 4T. Pero en este tema, además hay prisa, porque el gobierno de López Obrador ya va para su tercer año y, por lógica, se acumulan sospechas de corrupción en su administración, entre sus colaboradores, entres sus familiares, en la revisión de las cuentas públicas de 2019 y 2020 que la Auditoría Superior de la Federación ya no puede retener por más tiempo. La consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes implica el riesgo de banalizar el combate a la corrupción y reducir drásticamente su aceptación más allá del obradorismo militante.

La narrativa de la prioridad a los pobres es la que más se refleja en la acción del gobierno de López Obrador. Es un verdadero acto de justicia y redistribución en beneficio de los sectores populares, de las mayorías necesitadas. Si bien el discurso al respecto parece incuestionable, porque incluso se elevó a rango constitucional la estructura programática de la política social obradorista, lo cierto es que hacer sostenible esta política obliga a reasignar grandes partidas presupuestales y fortalecer los ingresos públicos, lo cual en periodos de crisis económica es muy complicado; o quitar presupuesto a otros rubros y grupos de interés que necesariamente condicionarán las decisiones presidenciales.

Además, los programas sociales tienen que afinarse. Salvo Pensión a Adultos Mayores, los demás programas prioritarios dejan mucho qué desear; Jóvenes Construyendo el Futuro no ha logrado colocar en puestos de trabajo formal a un número significativo de jóvenes capacitados, y ahora ampliaron de uno a dos años la duración de la beca. Sembrando el Futuro estimula la desforestar el campo y los bosques, así como la simulación y el abandono de mini cultivos familiares en aras de sembrar árboles para entrar en el programa. En todo caso, los programas no han podido integrar padrones e indicadores que permitan medirlos y evaluarlos, y esto es sumamente peligroso porque impide detectar a tiempo las irregularidades, lo cual abre la puerta a prácticas de corrupción que, por el monto millonario de los programas, harían palidecer las Estafas Maestras del peñanietismo.

Como sea, incluso aunque la filosofía y la praxis de la austeridad, el combate a la corrupción y la política social marcharan sobre rudas, la coyuntura actual obliga al gobierno de López Obrador a reposicionarse ante la crisis de salud, la crisis económica y la crisis social derivadas de la pandemia de Covid-19. El margen de maniobra de AMLO se ha reducido drásticamente porque el tema de la salud reclama inversión y reconstrucción urgente y las muertes por Covid pronto se contarán por cientos de miles, lo cual conlleva el riesgo permanente de un cambio brusco en el ánimo social y la disposición hacia su gobierno. A su vez, la crisis económica apunta a un escenario de crecimiento cero en todo su sexenio, lo cual genera reducción de ingresos públicos, desempleo, precarización del trabajo, presión sobre las finanzas públicas; por lo tanto, hay que revisar los objetivos prioritarios de mega proyectos y programas sociales.

La crisis social identificada por el CONEVAL colocará a más de la mitad de la población en pobreza laboral y de ingresos, aumentará en al menos 10 millones el número de mexicanos en pobreza extrema y en alrededor de 20 millones más los que estarán en pobreza. Los programas sociales no bastan para contrarrestar todo esto, de hecho, no están diseñados para enfrentar y solucionar este cuadro de adversidades; se requiere reactivación económica intensiva. Por lo tanto, el gobierno de López Obrador debe asumir decisiones estratégicas para lograr algo que luce por demás complicado: realizar lo más que se pueda de su proyecto transformador en un marco donde el margen de maniobra se redujo al máximo por la simultaneidad de las crisis de salud, económica y social.

La comunicación política no alcanza ya, por sí sola, para lograr este objetivo. En la lógica de esa narrativa, el presidente López Obrador ha dicho repetidas veces que la crisis no lo hará cambiar sus ideas, ni su proyecto, ni sus prioridades. Los dilemas son reales y de gran relevancia: abandonar el sueño de la 4T o concentrar las energías de su gobierno en realizar sus prioridades sin importar que ello pueda profundizar la crisis económica y social y sumar una crisis política mayúscula. O moderar los alcances y expectativas del proyecto transformador, lo cual implica negociar y ceder terreno a actores dentro y fuera de su gobierno a los cuales no aprecia. O, también, comenzar a atesorar el gran valor que tiene el que, dado el caso, un gobernante desactive una crisis múltiple que cause daños profundos a su pueblo; es decir, aunque no se obtenga la gloria de la gran trasformación, se puede conseguir el reconocimiento público por entender el momento histórico y evitar daños incalculables al país.

El tema es relevante más allá de MORENA, porque, siendo el partido dominante, para México es indispensable que ese potencial se canalice de forma responsable, institucional, democrática, popular e incluyente, sin perder el impulso transformador, porque la estabilidad, la gobernabilidad y el bienestar del país dependen, en buena medida, de ello.

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