La mitad de los empresarios asesinados en Zacatecas, en negocios explotados por los cárteles (nota de Rafael Ramírez, Karla Mora y Pablo Rodríguez en OEM-Informex)

Mineros, constructores y transportistas de combustibles, los giros de 15 empresas fundadas por cinco de los hombres de negocios ejecutados.

Rafael Ramírez, Karla Mora y Pablo Rodríguez | OEM-Informex

En el reciente multihomicidio de 10 personas en Zacatecas, la mitad de las víctimas eran socios o copropietarios de, cuando menos, 15 empresas principalmente dedicadas a la minería, la construcción y al transporte de combustibles, tres de los giros comerciales constantemente buscados por organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se han infiltrado a través de prestanombres tanto para lavar dinero como para conseguir dinero fresco para el trasiego de drogas rumbo a Estados Unidos.

Datos consultados por El Sol de México en el registro público de comercio en Zacatecas, indicaron que los empresarios ejecutados también tenían otros negocios vinculados con la comercialización de agua y la organización de cualquier tipo de eventos. La Fiscalía General de Justicia del Estado ha informado, durante las últimas horas, que ocho de los asesinados eran originarios de Zacatecas y los dos restantes de Durango. De acuerdo con la dependencia, ninguna de ellas tenía vínculos con grupos delincuenciales.

El exprocurador de Justicia zacatecano, Arturo Nahle García, dijo que este multihomicidio representa un cambio en los patrones de violencia observados en la entidad. En entrevista con W Radio, sostuvo que no se trata de un enfrentamiento entre cárteles, sino una agresión dirigida contra integrantes de la sociedad civil.

No mataron narcomenudistas, no se cobraron facturas; es un ataque a la sociedad civil, es algo extraño y novedoso que todavía no alcanzamos a entender

Arturo Nahle García

El perfil empresarial de los asesinados ha cobrado especial relevancia porque una de las principales líneas de investigación apunta a un posible caso de extorsión. El fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho, informó que esa hipótesis forma parte de las indagatorias, aunque subrayó que las pesquisas continúan para establecer el móvil de los crímenes.

Aunque las investigaciones continúan, la principal línea apunta a un posible caso de extorsión, un delito que durante años estuvo asociado con llamadas telefónicas de engaño o amenazas, pero que hoy es señalado por especialistas como una de las principales herramientas utilizadas por organizaciones criminales para controlar actividades económicas y someter comunidades enteras mediante el miedo.

Víctimas del multihomicidio en Zacatecas

Entre las víctimas de Zacatecas se encontraba Ignacio Castrejón Valdez, un empresario del ramo de la construcción y la minería, además de expresidente municipal de Sombrerete (2016-2018). De acuerdo con el SIGER, contaba con cuatro sociedades mercantiles vinculadas a la fabricación de concreto, construcción de obra civil, montaje de estructuras metálicas y compraventa de inmuebles, entre ellas Concretos CAVI, Constructora Villezaca y  CAVI de Sombrerete, así como Montajes y Estructuras de Zacatecas.

Otra de las víctimas fue José Armando Ledesma Campos, empresario dedicado al transporte de agua y al suministro de combustibles, quien compartía con su hijo Armando Ledesma Aguirre la empresa Pipas Ledesma, S.A. de C.V. Además, José Armando figuraba como socio y representante legal de Navalbello, S.A. de C.V., empresa dedicada a la comercialización de hidrocarburos.

Su hijo, Armando Ledesma Aguirre, era el empresario con mayor actividad mercantil entre las víctimas. Participaba en ocho sociedades mercantiles registradas en Zacatecas, Aguascalientes y Morelos, la mayoría relacionadas con el suministro de materiales para la construcción y actividades vinculadas a la minería. Seis de esas empresas fueron constituidas durante 2019, año en el que concentró la mayor parte de sus inversiones.

También fue identificado Fernando Robles de la Torre, integrante de Robles Hermanos Construcciones, S.A. de C.V., empresa zacatecana fundada en 2009 y dedicada al sector de la construcción.

Entre las víctimas se encontraba además Jesús Daniel Rivera Sandoval, quien en 2018 constituyó Sueños de Hipopótamo, S.A. de C.V., empresa dedicada a la organización y promoción de espectáculos y eventos musicales.

El grupo de personas asesinadas no estaba conformado únicamente por empresarios. También figuraban Juan Carlos Berumen Guerrero, propietario del bar Las Míster, en Fresnillo; Fidel Alvarado de la Torre, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; Jesús Gerardo Muñetón Hernández, integrante del Cuerpo de Bomberos de ese municipio; Andrés Vázquez Gurrola, exdirector de Seguridad Pública Municipal de Canatlán, Durango, y José Ángel Valdez Rivera, reconocido líder ganadero de Jiménez del Teúl, donde la actividad pecuaria constituye una de las principales fuentes de empleo e ingresos para la región.

#Zacatecas vuelve a estremecer al país: hallan colgados y asesinados al exalcalde del @AccionNacional, Ignacio Castrejón, a un secretario municipal y a un bombero. La violencia golpea otra vez a Fresnillo. #Seguridad pic.twitter.com/YhAbzAK5nf

— 4dmin (@4dmin_079) July 19, 2026

Un delito con miles de denuncias… y una cifra negra aún mayor

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que la extorsión continúa siendo uno de los delitos de mayor impacto económico y social. Entre enero y junio de 2026 se iniciaron 4 mil 839 carpetas de investigación, un promedio de 26.7 denuncias cada día.

Aunque el promedio diario disminuyó 6.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, la reducción debe interpretarse con cautela, pues las estadísticas oficiales únicamente contabilizan las denuncias presentadas ante las fiscalías.

Para México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), la extorsión es uno de los delitos con mayor subregistro del país, debido a que una parte importante de las víctimas decide guardar silencio por miedo a represalias, desconfianza en las autoridades o porque considera que denunciar no tendrá consecuencias para los responsables.

Zacatecas, entre las entidades con mayor incidencia

De acuerdo con la base de datos del SESNSP, durante el primer semestre de 2026 Zacatecas acumuló 195 carpetas de investigación por extorsión consumada, considerando las modalidades de extorsión presencial y por otros medios.

La incidencia mensual de casos, en este 2016 ha sido la siguiente:

• Enero: 16

• Febrero: 40

• Marzo: 48

• Abril: 22

• Mayo: 37

• Junio: 32

Las cifras oficiales colocan a Zacatecas entre las entidades con mayor incidencia de este delito durante el primer semestre del año, una posición que contrasta con el tamaño de su población y que confirma que la extorsión se ha convertido en uno de los principales desafíos para la seguridad pública estatal.

Hace apenas una década, la extorsión se asociaba principalmente con llamadas provenientes de centros penitenciarios, en las que los delincuentes simulaban secuestros o amenazaban a las víctimas para obtener depósitos bancarios.

Hoy el fenómeno presenta modalidades mucho más complejas.

Especialistas en seguridad y organizaciones civiles advierten que las organizaciones criminales han evolucionado hacia esquemas de cobro de piso, cuotas a comerciantes, amenazas presenciales a empresarios, control de proveedores, transportistas y cadenas de suministro, mecanismos que buscan algo más que obtener recursos económicos: imponer autoridad sobre la vida cotidiana de comunidades enteras.

El miedo también distorsiona las estadísticas

Las carpetas de investigación del SESNSP representan únicamente una parte del fenómeno. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI muestra que la mayoría de los delitos cometidos en México no se denuncian debido al miedo, la desconfianza en las instituciones o la percepción de que denunciar implica una pérdida de tiempo.

En el caso de la extorsión, especialistas consideran que la cifra negra es particularmente elevada, por lo que el número real de víctimas podría ser muy superior al registrado por las autoridades.

Un delito que dejó de afectar sólo al patrimonio

El caso de Morelos, Zacatecas, evidencia que la extorsión ya no puede entenderse únicamente como un delito patrimonial.

Cada vez con mayor frecuencia, la violencia asociada a este ilícito se convierte en un instrumento para castigar a quienes se niegan a pagar cuotas, controlar actividades económicas o enviar mensajes de intimidación a comunidades enteras.

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