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Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).– La defensa de Emilio Lozoya Austin solicitó este día una prórroga para la investigación complementaria en el caso de Agronitrogenados, lo cual fue concedido por un juez federal, por lo que el plazo concluye el 3 de diciembre, la misma fecha donde se llevará a cabo el caso Odebrecht.
En la audiencia, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se opusieron a ampliar el plazo a Lozoya, pero la defensa argumentó que no había tenido acceso a ciertos actos de la investigación.
El juez Artemio Zúñiga destacó que era la primera vez que había oposición de las partes en una prórroga de investigación complementaria en esta causa penal y consideró como válidos los argumentos de la defensa del exdirector de Pemex.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa que la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), a través de Alonso Ancira, sobornó a Lozoya con 3.4 millones de dólares para que como director de Pemex autorizara la compra de una planta inservible del complejo Pajaritos, en Veracruz, en 216 millones 664 mil 40 dólares, precio que es 10 veces mayor al real.
Por esta razón, también estaba acusado el empresario Alonso Ancira, dueño de AHMSA y conocido como el “Rey del Acero”, quien presuntamente vendió la planta a Pemex con un sobreprecio, pese a ser inoperante.
Sin embargo, a diferencia de Lozoya, Ancira sí acordó una reparación del daño el 19 de abril, cuando la Fiscalía General accedió a liberarlo a cambio de pagar 216.6 millones de dólares.
El pasado 19 de noviembre, Alonso Ancira Elizondo compareció en audiencia para debatir el cumplimiento de las condiciones para reparar el daño por el caso de Agronitrogenados, donde el empresario se comprometió a realizar una transferencia de 50 millones a la petrolera mexicana.
Este sería el primer pago de los 216 millones que se deben, los cuales se ha comprometido a entregar en favor de Pemex para que el proceso penal en contra de Alonso Ancira termine. El plazo de esta primera entrega se vencería el 30 de noviembre.
Emilio Lozoya, arrestado en España y extraditado el año pasado a México, había librado la cárcel gracias a un acuerdo con la Fiscalía por el cual se convirtió en una suerte de testigo protegido al inculpar a decenas de políticos, entre ellos el expresidente mexicano Peña Nieto.
Sin embargo, el Ministerio Público cambió de criterio y solicitó su encarcelamiento preventivo el 3 de noviembre después de que Lozoya fuera visto cenando en un lujoso restaurante, algo que indignó al país y al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que lo calificó de “inmoral”.
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