Revisemos la composición política de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al día de hoy. Sus once sillones han sido renovados al menos una vez. Tres de ellos han sido renovados dos veces y uno, el que ocupó originalmente Humberto Román Palacios (1936-2004), tres veces. Dos ministros han muerto en el cargo. Uno fue José de Jesús Gudiño Pelayo (1943-2010) quien era uno de los tres ministros originales de 20 años. Su sillón quedó libre cinco años antes de lo previsto y lo ocupó José Mario Pardo Rebolledo (n.1961) –quien dejará la Corte hasta 2026. El otro fue Sergio Valls Hernández (1941-2014) quien había sido electo para el periodo 2004-2019 para el sillón Román Palacios. Valls fue reemplazado por el Senado con Eduardo Medina Mora Icaza (n.1957) quien debió renunciar en 2019 rodeado por las acusaciones de corrupción y represión que le perseguían desde siempre. Fue sustituido por Ana Margarita Ríos Farjat (n.1973).
Con una sola excepción, ninguna de las nuevas personas electas por el Senado para ocupar los sillones de la Corte ha recibido el apoyo abrumador de aquellos ocho ministros que en 1995 recibieron más de 110 de los 128 votos senatoriales. La excepción es reciente: en 2018, Juan Luis González Alcántara-Carrancá recibió 114 votos a favor y 10 en contra. Detrás de él hay dos ministros que rebasaron los 100 votos senatoriales. Los dos fueron electos en 2012: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (103 votos a favor y 9 en contra) y Alberto Pérez Dayán (104 votos a favor y 8 en contra).
Los datos anteriores deben interpretarse con los siguientes. Primero, mientras en 1995 estaban ausentes en la cámara alta 15 senadores, en 2012 faltaron 16 y en 2018 sólo 4. Recordemos que en 1995 el PRI y Zedillo contaban con 95 senadores, diez arriba de los necesarios para el voto de dos terceras partes de los presentes que exigía la Constitución reformada en 1994. En 2012 el Pacto por México estaba recién formado y la suma de PRI-PVEM, PAN y Panal eran 100 senadores. En estas dos ocasiones la hegemonía senatorial estaba a derechas –así que las propuestas de Zedillo y Calderón no tuvieron problema. Por cierto, lectora, la elección de Gutiérrez Ortiz Mena y Pérez Dayán ocurrió el 1 de diciembre de 2012 –el día en que tomó posesión el presidente Peña Nieto. Las ternas fueron presentadas por el presidente Calderón el mes anterior. Es evidente el arreglo entre mandatario saliente y entrante en ese año de relevo presidencial.
En cambio, en 2018, Morena y sus aliados apenas juntaban 69 votos (16 debajo de los dos tercios). La asistencia del 20 de diciembre de ese año, cuando González Alcántara Carrancá fue electo, era de 124 (con sólo cuatro ausentes). La terna con las propuestas la hizo el presidente López Obrador el 6 de diciembre. Acompañaban al electo dos mujeres: Celia Maya García y Loretta Ortiz Ahlf. Veamos los detalles de esta elección. Como el quórum era de sólo 124 legisladores, las dos terceras partes (66%) eran 81.88 (¿81 ú 82?). Se necesitaron dos rondas de votación (en urna y por papeleta/cédula con voto secreto).
Los resultados de la primera ronda fueron: González Alcántara Carrancá (76), Maya García (cero), Ortiz Ahlf (5) y contra todos (43). Aparte de los 69 votos de la coalición de gobierno hay 13 más. ¿Quiénes fueron? Mi intuición es que entre ellos están los siete senadores del PVEM, incluido el exgobernador de Chiapas Manuel Velasco. En los 43 que votan en contra podemos ubicar claramente a los 23 panistas, 8 perredistas y 7 del MC (que formaron parte de la coalición presidencial de Ricardo Anaya y que suman 38). Aparte, estaría en contra la mitad de la bancada priísta (13). Esta primera votación del 20 de diciembre de 2018 anunciaba lo que la oposición de derechas llama hoy el Bloque de Contención en el Senado.
Los resultados de la segunda ronda fueron: González Alcántara Carrancá (114), Maya García (cero), Ortiz Ahlf (5), contra todos (4) y un voto nulo.
Los cinco de Ortiz Ahlf le fueron fieles. Tres años más tarde, en 2021, Ortiz fue electa ministra con 92 votos a favor y 5 en contra (cómo ganó esos 87 votos es un tema interesante). En 2021, Maya García fue candidata a gobernadora de Querétaro por Morena, quedando en un lejano segundo lugar (24%) frente al candidato panista (54%).
Pero regresemos a González Alcántara Carrancá: ¿cómo hizo para sumar a 38 de los que votaron en contra de toda la terna? La suma de los verdes en la primera ronda se explica por un acomodo de largo plazo de ese partido-rémora, que abandonó su asociación con el PRI y se completaría en 2021 al sumarse al movimiento morenista en la intermedia. Unos cuantos votos más se pueden explicar por análisis y convicción personales. Pero el cambio de banda de la mayoría de quienes votaron contra la terna en la primera ronda no se puede explicar por la deliberación y el convencimiento. (Entre la primera y la segunda ronda de votaciones no pasaron más de cuatro horas.) ¿Qué se ofreció al PAN, PRD, MC y PRI a cambio de este notorio cambio de actitud ideológica?
Mi hipótesis es la siguiente: se les ofreció la Fiscalía General de la República, cuyo titular ya se sabía que debía ser electo el mes siguiente (ocurrió el 18 de enero de 2019). La votación para Fiscal General también fue en urna y con papeleta/cédula. También se votó a partir de una terna. Con un quórum de sesión de 117 (once ausentes), los resultados fueron: Alejandro Gertz Manero (91), Bernardo Bátiz Vázquez (9) y Eva Verónica de Gyves (cero) y 17 en contra de toda la terna. A mi leal saber y entender, los resultados de las votaciones que llevaron a González Alcántara Carrancá a la Suprema Corte y a Gertz Manero a la Fiscalía General muestran la misma alianza de circunstancias (el toma y daca que señalo) más un núcleo duro de obradoristas intransigentes que votan por Ortiz Ahlf y por Bátiz.
Habríamos de comparar otras votaciones por cédula entre los años 2019 y 2023 para analizar cómo ha evolucionado este trueque de favores parlamentarios. Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.
Regresemos, lectora, a González Alcántara Carrancá. A mí, en lo personal, me parece un magnífico ministro. Previo a su elección en diciembre de 2018, había demostrado complejidad jurídica, independencia y resiliencia durante escándalos. Lo mismo hemos visto en sus primeros años en el máximo tribunal. Sin embargo, la Suprema Corte a la que llegó don Juan Luis en el invierno 2019-2020 es mucho más compleja que lo que cualquier experiencia previa podía prever.
El actual Pleno de la Corte es complejo porque a su interior conviven caracteres muy diversos, forjados en ambientes y alianzas políticas contradictorias entre sí. (Ese análisis debo dejarlo hoy en el tintero, aunque el presidente López Obrador ya ha avanzado el escrutinio de algunos de nuestros altos juzgadores). Pero el actual Pleno también es complejo porque al exterior del alto tribunal todos los poderes constitucionales de la República –acaso por vez primera– ejercen todas sus atribuciones. Y al ejercerlas no les importa entrar en ruta de colisión. De hecho, buscan la colisión. Nadie debería espantarse, así es la política.
El mejor ejemplo de esto último que comento fue el desafuero federal que lograron a principios de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Fiscalía General de la República contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. (El caso lo abordé en Rompeviento TV hace dos años, Liga 1.) La Cámara de Diputados lo desaforó, pero la Legislatura tamaulipeca, dominada por el PAN, le brindó abiertamente su protección. El asunto terminó en la Corte… en la ponencia de González Alcántara Carrancá. Y el nuevo ministro procrastinó el asunto, con lo que de facto permitió que el gobernador acusado de delitos federales siguiese en funciones. Cuando al fin se resolvió el caso, en agosto de 2022 (¡casi año y medio más tarde!), la Primera Sala de la Corte decidió, en resumen, que la Legislatura tamaulipeca sí puede corregirle la plana al Congreso de la Unión, ¡aunque se trate de delitos federales!
Este argumento fue aplaudido a rabiar (¡obvio!) por el cuestionado García Cabeza de Vaca y por el panismo local –pese a que acababan de perder la elección tamaulipeca de 2022. En los mentideros de la Corte nadie pareció percatarse que el retraso en la resolución y la manera en que se cerró el asunto terminaron dándole más poder fáctico a una élite que la ciudadanía tamaulipeca estaba desplazando por vía democrática. Después de ver esto, quienes crean que el Derecho no se llena de contenidos políticos son… imbéciles.
La decisión de la Primera Sala de la Corte en el Caso García Cabeza de Vaca abre el debate sobre la precedencia de los derechos de los estados (State Rights) sobre los derechos de la Federación. Ciertamente, es un asunto fascinante académica e históricamente. Pero encierra una decisión de política constitucional gravísima… porque los congresos estaduales son naturalmente propensos a defender a su élite política local y a su gobernador, incluso si ello implica detener la persecución y judicialización de delitos que afectan a toda la Unión. Tengo para mí que las y los ministros que aprobaron la resolución no se percataron de estas implicaciones. De ese tamaño es la ceguera kelseniana.
Y, si la Primera Sala decidió a sabiendas que beneficiaba a una élite local desplazada por su ciudadanía, entonces es de suyo obvio que las y los ministros están haciendo política de partido. Nada más natural en una república democrática –¡pero quitémonos las máscaras!
En cualquier caso la Suprema Corte debe hacerse responsable, debe responder, de estas decisiones políticas.
Liga usada en este texto:
Liga 1:
https://www.rompeviento.tv/fueros-y-desafueros/
