La Comisión de la Verdad tiene un reto: abrir archivos de Sedena en la Guerra Sucia (nota de Sugeyry Romina Gándara en SinEmbargo)

Por Sugeyry Romina Gándara

Integrantes de la Comisión de la Verdad sobre las desapariciones perpetuadas por el Estado durante la Guerra Sucia aseguraron que uno de los objetivos fundamentales será que las violaciones a derechos humanos cometidas durante este periodo se vuelvan tema nacional: “Tenemos que sacarlo de la oscuridad”.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- La voluntad política para cumplir el compromiso de abrir los archivos de la Guerra Sucia, las instalaciones militares donde se perpetraron violaciones a derechos humanos y el tiempo con el que cuentan quienes indagarán en este periodo son los principales retos que enfrente la Comisión de la Verdad que buscará el esclarecimiento histórico de los hechos ocurridos de la contrainsurgencia.

Consejeras que participarán en una de los cinco mecanismos de la Comisión de la Verdad explicaron a SinEmbargo que es necesario que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Estado Mayor Presidencial (EMP), así como otros documentos ocultos para poder avanzar en su cometido, pues de lo contrario, el organismo no podrá cumplir con su prometido.

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“Necesitamos que ese compromiso se vuelva realidad, que de verdad haya voluntad, si no hay voluntad gubernamental no vamos hacer nada, eso es fundamental. Que no solamente nosotros nos estemos comprometiendo como investigadores, como promotores de derechos humanos que somos para tratar de avanzar en este capítulo oscuro de nuestra historia, sino que necesitamos de todos”, expresó Eugenia Allier Montaño, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una de las cinco integrantes de la Comisión para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.

La investigadora e historiadora Aleida García Aguirre, también integrante esta comisión, coincidió en que el desafío está en acceder a los archivos ocultos de este periodo: “Lo que podría marcar un parteaguas es el acceso a los archivos del Ejército, que están divididos dentro de la estructura del Ejército; cada pedacito tiene su propio archivo: el del Estado Mayor, el de los regimientos, el de operaciones, etcétera, etcétera. Acceder al archivo del Ejército es muy complejo y sabe a qué pedacitos de ese archivo vamos podamos acceder, eso es un reto”.

Alicia de los Ríos, hija de una de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Sucia, comentó por su parte que con este esfuerzo gubernamental se conozcan por fin los archivos del Ejército, una de las principales corporaciones que estuvo involucrada en la desaparición de personas. “Con esta comisión esperamos que por fin conozcamos de los archivos militares”, agregó.

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Presidente se reunió con familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia y prometió la creación de la Comisión de la Verdad. Foto: Twitter @lopezobrador_

A inicios de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para crear una Comisión de la Verdad que investigue los abusos y violaciones graves a los derechos humanos en uno de los periodos más negros de la historia moderna de México: la Guerra Sucia. Fue el 6 de octubre cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que nació la Comisión que indagará sobre estos crímenes y abusos cometidos entre los años 1965 y 1990.

La Comisión para el Acceso a la Verdad estará integrada por el “titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien la presidirá”; Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); por Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP); Carlos Enrique Ruiz Abreu, Director del Archivo General de la Nación; Erick Javier Martín Salas, encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Además de cinco expertos que fueron seleccionados con la “asesoría de técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Eugenia Allier Montaño, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; Abel Barrera Hernández, activista y antropólogo; David de Jesús Fernández Dávalos, activista; Aleida García Aguirre, historiadora, y Carlos A. Pérez Ricart, profesor e investigador del CIDE, son el equipo de especialistas seleccionados para esta Comisión que tiene el objetivo de que se haga justicia por 25 años en los que cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas, y que se repare a las víctimas por esos crímenes de Estado.

En la integración, cada uno de los funcionarios de Gobierno tendrá voz y voto, en tanto que los cinco especialistas conformarán, en su conjunto, sólo un voto, uno de los aspectos que ha generado crítica a la Comisión.

NO SERÁ OTRA FEMOSPP

No es la primera vez que en México se hace un intento de “justicia transicional” o al menos de investigar los crímenes en el pasado. Durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) la cual, ha sido considerada como un fracaso.

La historiadora y activista Alicia de los Ríos Merino, quien lleva el mismo nombre de su madre, una integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre que fue desaparecida tras un operativo de la Brigada Blanca, señaló que las expectativas en esta ocasión con más acotadas que hace 20 años cuando se creó la FEMOSPP cuando pensaban que se iban a resolver todas las interrogantes sobre la contrainsurgencia y el destino de las personas que fueron desaparecidas.

“Otra de las expectativas es que sí se logre reconocer a quienes participaron en los circuitos de la represión. Al tener otras fuentes documentales, esperamos que podamos reconocer o poder ubicar a otras personas que formaron parte de la Brigada especial o que participaron cuando la desaparición forzada era utilizada como un método sistemático de represión. De la Brigada Especial muchos de ellos no han pido ser ubicables, y en ese sentido me parece que la comisión si va a poder ubicar a todos esos rema participantes que están fuera de nuestro radar”, explicó.

Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador del Colegio de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y uno de los integrantes de la Comisión señaló —en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, en el programa Los Periodistas— que la Comisión es la última oportunidad que tiene el Estado mexicano para brindar justicia a las víctimas de violencia perpetrada entre esos años y esclarecer los hechos.

“No va a quedar en nosotros, y a diferencia de lo que pasaba en FEMOSPP (…) [la Comisión] sí cuenta con el apoyo y el respaldo del Gobierno federal para llegar a las últimas consecuencias. Ninguno de estos procesos funciona sin el apoyo del Ejecutivo”, recordó el investigador. “[La Comisión] tiene el apoyo por parte del Presidente, por parte de las instituciones y sobre todo de las víctimas”.

Los colectivos de víctimas han pedido por años la creación de comisiones de la verdad. Foto: Cuartoscuro.

LAS CRÍTICAS

Jacobo Dayán, especialista en derecho internacional y en justicia transicional, aseguró que la recién creada Comisión de la Verdad no se apega a ningún estándar internacional por que sus miembros en su mayoría son funcionarios del Gobierno,

“Es una Comisión de la gubernamental, no es una comisión de la Verdad independiente. Seis de los siete votos de esa comisión están en manos del Gobierno. No es una Comisión de la Verdad que se apegue a ningún estándar de ningún tipo. Las comisiones son integradas por personas independientes; hay algunas comisiones en que se incluyen algunos funcionarios, pero en todo caso estas personas siempre son la minoría”.

El especialista destacó que el hecho de que la mayoría de los integrantes sean funcionarios implicará que la narrativa que surja será desde el Gobierno y no de forma independiente.

“Las decisiones para buscar justicia, buscar reparación, no repetición son las decisiones de un Gobierno y no —de lo que en teoría quisieron hacer— de una comisión independiente; pero queda claro que, así como todos los gobiernos en este país, los estatales, los federales, sin importar el partido, sin importar el sexenio mantienen un control político de la justicia y ante lo que estamos es ante el control político de la verdad”, expresó.

Además, Alicia consideró que la Comisión no entrará desde cero, porque a lo largo de 20 años hay un trabajo avanzado “a la fecha tenemos un informe de la FEMOSP, tenemos muchas investigaciones periodísticas y académicas. Tenemos el informe de la ComVerdad verdad de Guerrero.

Explicó también que la FEMOSPP era solamente una instancia del Ministerio Público, cuyo único mandato era investigar la responsabilidad de los posibles victimario mientras que la nueva Comisión buscará el esclarecimiento.

“No estamos en la misma situación que hace 19 años y la segunda cosa a considerar es que por más que hubiera un informe histórico, su mandato no era el de investigar el esclarecimiento histórico sino que todo tenía que ser vía tribunales; y en este caso de la Comisión no es así: acá la fortaleza es que a través de la comisión puede haber un trabajo de retroalimentación constante con las instancias de Fiscalía, pero son mandatos diferentes”.

Integrantes de la Comisión para la Verdad y Justicia de 1965-1990. Foto: Secretaría de Gobernación.

VAMOS ACTUAR DE FORMA INDEPENDIENTE

Las investigadoras Aleida García Aguirre y Eugenia Allier Montaño insistieron en que el objetivo fundamental será dar esclarecimiento de lo ocurrido en la Guerra Sucia desde un punto de la verdad.

“Hasta ahora en la Comisión tenemos tres grandes objetivos en torno a la Guerra Sucia: revisar lo que ocurrió con los desaparecidos políticos, la desaparición forzada en toda esa época, la tortura, y otra con las ejecuciones extrajudiciales”, dijo Aleida.

Eugenia Allier destacó a su vez que el objetivo es buscar la verdad, sin embargo, recalcó que para eso será necesario que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos militares pues dijo que hasta ahora las únicas herramientas y dientes que se la dado a la Comisión es la promesa del Presidente.

“Por ahora solamente nos han dado (como herramientas) el compromiso, la promesa del Presidente de que se van abrir los archivos y vamos a poder acceder a distintas instalaciones y vamos a poder ir y ver que hay ahí. Por supuesto nosotros, en la medida que logramos configurarnos como un grupo, de trabajo podremos generar cierto tipo de presión, pero no hay muchas más herramientas que nos puedan dar”, dijo.

Finalmente, las especialistas aseguraron que actuarán con total independencia porque existe un compromiso con la sociedad.

“Nosotros, y en eso si voy a insistir, somos una comisión independiente, por supuesto estamos trabajando al amparo del Gobierno, porque ha habido muchas críticas en torno a eso, que no somos independientes porque estamos trabajando al amparo del Gobierno, pero muchas comisiones en América Latina se han creado así, de alguna manera son Gobierno posteriores a los hechos los que crean una comisión”, apuntó Eugenia Aguirre.

Las comisionadas también coincidieron en que otro de los objetivo y pieza clave será que las violaciones y guerra sucia se vuelva tema nacional, que la gente lo conozca: “Tenemos que sacarlo de la oscuridad”.

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