2 de octubre de 2023.– Este comportamiento emite el mensaje de que “se puede utilizar ilegalmente toda la maquinaria de derecho penal en contra de defensores, periodistas y peritos independientes” sin que a los perpetradores les pase nada, apuntó Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia.
Estas declaraciones responden a la experiencia misma que ha vivido la activista, junto con Marcela Turati, periodista de investigación, y Mercedes Doretti, “coordinadora del Equipo Argentino de Antropología Forense”, en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cerró un expediente por el espionaje que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) abrió en su contra.
Las tres personas afectadas, declaró Delgadillo en entrevista con Julio Astillero, se dieron cuenta de que estaban siendo investigadas por el delito de secuestro luego de que recibieran un expediente judicial en torno al hallazgo de “48 fosas clandestinas” en San Fernando, Tamaulipas, ocurrido en abril 2011, pocos “meses después” de la masacre de los 72 migrantes en esa misma ciudad, tras ocho años de espera, puesto que se dedicaban a representar a las familias de las víctimas. Estos hechos, que tuvieron lugar en mayo de 2021, según lo referido por la activista, dieron paso a que las autoridades accedieran a la información de sus teléfonos celulares, así como a su geolocalización sin una orden judicial de por medio.
Un año más tarde, en mayo de 2022, la CNDH decidió cerrar el expediente. Sin embargo, las involucradas lograron reabrirlo gracias a los amparos que interpusieron ante tribunales. Una vez reabierto, relató que miembros de la Seido comparecieron y aceptaron “los hechos”; pero, de nueva cuenta, la Comisión no observó “ninguna irregularidad”. Contrariamente, estableció que había “motivos” suficientes para seguir investigando; de modo que volvieron a cerrar el caso.
En paralelo, el departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República (FGR) –instancia ante la cual también habían denunciado– siguió ese mismo camino, eximiéndose de su responsabilidad. Lo anterior, sumado a la evidencia de que “todas las fuerzas” estatales han participado en crímenes como la matanza de San Fernando, la condujo a preguntarse “¿por qué las fiscalías no han decidido investigar al Estado cuando ha sido parte de grandes violaciones a derechos humanos? ¿por qué las fiscalías han renunciado a su deber de protegernos, a proteger a las personas más vulnerables de la región? ¿A qué se está dedicando la Fiscalía sino es a investigar y a sancionar los hechos que más daño le han hecho a la sociedad?”
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