Se filtra a medios la presunta orden de aprehensión contra Juan Carlos Padilla “por violación”; la FGE niega oficialmente violencia en la detención y argumenta que la muerte fue “por infarto”
Aunque anunció la detención de agentes y el inicio de una investigación por la muerte del comerciante Juan Carlos Padilla, derivada de su detención por policías ministeriales, la Fiscalía de Guanajuato exoneró en los hechos a los agentes al emitir un comunicado este martes que justifica el fallecimiento “por un paro cardiaco” y niega que el detenido haya sido golpeado, pese a la evidencia de videos difundidos en redes y los testimonios de la familia.
Oficialmente la institución no ha hecho públicos los cargos por los que se realizó la diligencia; sin embargo, a través de redes sociales se filtró a los medios de comunicación la presunta orden de aprehensión en contra de Juan Carlos Padilla por el delito de violación.
Mientras en redes sociales aumentaba la difusión del video de la detención y que llevó a que se hiciera tendencia nacional el hashtag #JusticiaParaJuanCarlos, perfiles de Twitter hacían llegar a las cuentas oficiales de los medios de comunicación el documento de la presunta orden de aprehensión, en un intento por justificar la actuación de los elementos de la Fiscalía General del Estado.
El día de la detención Juan Carlos iba acompañado de su esposa y su nieta, ahora la familia tiene miedo a represalias por parte de las autoridades estatales, al evidenciar públicamente los abusos, los golpes y denunciar a los agentes por homicidio.
Yolanda, la esposa de Juan Carlos, declaró al portal Ágora de Celaya que desde el lunes por la noche que presentaron la denuncia en la Agencia 4 del Ministerio Público solicitó que quedara asentado el temor que tiene la familia.
“Que, si nos pasaba algo a mí o a mi familia, a las personas que trabajan con nosotras, los hacíamos responsables, porque son personas de ahí mismo de ellos. Tememos alguna represalia”.
La familia también ratificó ante la Procuraduría de Derechos Humanos la queja en contra de los agentes de la Fiscalía General del Estado y quedó abierta la investigación con el número de expediente 103/2020.
Además, la Comisión Estatal de Víctimas se pronunció para pedir a la Fiscalía General del Estado que se investigue la muerte de Juan Carlos Padilla bajo el protocolo de Minnesota elaborado con los principios básicos de las Naciones Unidas para una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales o arbitrarias.
El protocolo de Minnesota busca proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación del daño y una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospechosa de desaparición forzada.
En el pronunciamiento firmado por el presidente de la Comisión Estatal de Víctimas, Jaime Rochín, también hace el llamado a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos para que realice las investigaciones, mientras se comprometió a dar atención y seguimiento a la familia.
“Jamás fue golpeado”, asegura Fiscalía
Transcurrieron más de 28 horas de la diligencia y posterior muerte de Juan Carlos Padilla para que la Fiscalía de Guanajuato emitiera un comunicado prensa que centra los argumentos en que los agentes de investigación criminal realizaban su trabajo, pero además niega categóricamente que haya sido golpeado el comerciante por los elementos.
El lunes por la noche, después de que la familia denunció la detención y la muerte del comerciante, el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre informó a través de sus redes sociales que los elementos involucrados estaban detenidos y se iniciaba una investigación.
Incluso, mencionó que la actuación de los agentes derivó de la oposición de un “tumulto” de personas, aunque en los videos se aprecian solo a tres mujeres que exigían a los hombres que se identificaran y mostraran la orden de aprehensión.
Sin embargo, un día después el mensaje que salió de la ofician de Zamarripa Aguirre con los reflectores puestos en Guanajuato por la muerte de Juan Carlos fue para exonerar al personal de la Fiscalía.
En el comunicado se señala que el comerciante “fue sometido, jamás golpeado” porque se resistió a la detención, aunque de acuerdo con la familia y testigos, los agentes lo llamaban “Martín”, no le pidieron nunca su identificación, tampoco ellos acreditaron ser personal de la Fiscalía de Guanajuato y la orden de aprehensión.
Además, la institución señaló que la necropsia arrojó que la causa de la muerte fue un infarto agudo al miocardio.
“Ahora se sabe por la entrevista tomada a familiares de Juan Carlos “N” y su expediente clínico, que él padecía hipertensión y diabetes. Se encontraba en trabamiento médico”.
Aunque la Fiscalía niega que el hombre haya sido golpeado durante la detención, en entrevista para POPLab su hija, Fátima, reveló que cuando llegó al Hospital General de Celaya le mostraron la nota médica donde se informaba que su padre tenía moretones, la cara hinchada y fractura en la mandíbula.
En la entrevista a Ágora, la esposa de Juan Carlos también sostuvo que cuando los agentes los interceptaron en el centro de Celaya sometieron a su esposo, lo golpearon, sin presentar nunca la orden de aprehensión.
Contrario a los testimonios de familiares, la Fiscalía de Guanajuato cerró el comunicado asegurando que su actuación es apegada a la legislación, “siempre con estricto respeto al Principio de Legalidad y Derechos Humanos”.
“No tenían derecho a quitarle la vida”
Yolanda fue testigo de cómo policías ministeriales se llevaron a su esposo, aunque durante más de 15 minutos nunca mostraron la orden de aprehensión en su contra, tampoco le pidieron que se identificara.
El lunes por la tarde salió junto a su nieta y Juan Carlos con la intención de ir al tianguis, pero al llegar a la calle Felipe Ángeles con Jaime Nunó una camioneta negra, sin placas, se detuvo, descendieron dos hombres y una mujer, gritaban que se pararan, mientras ellos no sabían qué pasaba, hasta que empujaron a Juan Carlos.
“Le dijeron que se lo iban a llevar, él preguntó por qué se lo iban a llevar, dijeron que tenían una orden de aprehensión, le dijimos que nos mostrara la orden, que se identificaran, ellos nunca se identificaron ni mostraron la orden de aprehensión”.
Al resistirse a ser llevado, Juan Carlos cayó al piso, mientras los agentes se subieron en él para esposarlo y fue cuando comenzaron los golpes, narró Yolanda a Ágora.
“Mi esposo en el suelo gritaba que lo ayudaran, que lo estaban secuestrando, tenía mucho miedo. Él gritaba que a quién buscaban, ellos le daban otros nombres, no el de él. Decía yo no soy esa persona, seguían golpeándolo”.
Los agentes pidieron refuerzos y llegó una segunda camioneta, ahora en color blanco, de la que bajaron al menos otros cuatro agentes, expuso la esposa de Juan Carlos.
De los videos que grabaron durante la detención, la familia comenzó a subirlos a redes sociales para pedir que ayudaran a localizar a Juan Carlos, momentos después se contactaron para informarles que una camioneta similar a la del video estaba en el hospital general.
Al llegar madre e hija les informaron que Juan Carlos había muerto, que había llegado sin signos vitales y golpeado.
“Nunca hemos tenido ningún problema, mi esposo es una persona sana, no toma, no fuma, se dedica nada más a trabajar. Se para a las 5 de la mañana y se acostaba a las 11 de la noche, trabajamos en la mañana, trabajamos en la noche como burros, nunca hemos tenido problema con nadie”.
Yolanda recordó que el mismo lunes presentaron la denuncia por homicidio y abuso de autoridad, aunque en la agencia del MP se negaron a dar copia de la declaración que presentaron.
A ella, como testigo y que grabó los hechos, le pidieron que entregara el celular porque formaría parte de las investigaciones.
“No tenía derecho de morir, así como lo mataron, no tenían derecho de quitarle la vida”.
Ahora, la familia pidió que quede en la investigación el precedente del temor que tienen a represalias por las denuncias que han presentado.
Yolanda también ratificó la queja ante Derechos Humanos, organismo que inició de oficio el expediente unas horas antes de que terminara oficialmente el periodo de Raúl Montero de Alba.
De acuerdo con la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos la familia también aceptó recibir atención psicológica.
