La orden de aprehensión, por fraude a la empresa Desarrollo en Educación Especializada, también es contra el entonces abogado de Shipping Group
Alfredo Maza | OEM-Informex
Un juez de control del Estado de México ordenó detener al empresario Oscar Rodríguez Borgio y al abogado Óscar Israel García Córdova, señalados como presuntos involucrados en el fraude cometido por más de 400 millones de dólares contra Banamex en el caso Oceanografía.
En este caso, la orden de aprehensión librada por el juez Mario Benito Flores Martínez se debe al presunto delito de fraude específico cometido contra la empresa Desarrollo en Educación Especializada, S.A. de C.V.
Junto a Rodríguez Borgio y García Córdova, el juez del distrito de Nezahualcóyotl también autorizó la búsqueda, localización y aprehensión de un hombre identificado como Miguel Álvaro Mateos Pérez.
“Se ordena la búsqueda, localización y aprehensión de Oscar Rodríguez Borgio, Miguel Álvaro Mateos Pérez y Oscar Israel García Córdova, por el hecho que la ley señala como delito de fraude específico, en agravio del patrimonio de la empresa Desarrollo en Educación Especializada, S.A. de C.V., legalmente representada por Víctor Rodolfo Gamboa Martínez”, indica el documento al que El Sol de México tuvo acceso.
El primer señalado, Oscar Rodríguez Borgio, es uno de los exsocios de la empresa Oceanografía y dueño de la cadena de casinos Big Bola, que opera en los estados de Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sonora y la Ciudad de México.
Comparte la titularidad del casino con su hermano Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien ha estado envuelto en investigaciones de lavado de dinero de sus empresas, como la empresa Grupo Gasolinero Mexicano, que presuntamente vendía gasolina robada por grupos criminales en el estado de Querétaro.
Incluso, el pasado 24 de julio la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de la cadena Big Bola y de Francisco Javier Rodríguez Borgio como resultado de una investigación por posible lavado de dinero.
Por su parte, Oscar Israel García Córdova era apoderado legal de la empresa naviera Shipping Group México, a quien autoridades mexicanas dieron la propiedad del buque Caballo Maya en julio de 2015, y que es considerada clave en el plan de reestructuración de la empresa Oceanografía.
Shipping Group es la empresa que arrendaba buques a Oceanografía y que a principios de agosto de 2015 sustrajo el barco Caballo Maya de Campeche, lugar donde se encontraba bajo resguardo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
EL FRAUDE A BANAMEX
La empresa Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Osuna, era una de las mayores contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Durante los dos gobiernos panistas, esta empresa obtuvo de la paraestatal al menos 106 contratos que juntos sumaron 45 mil 986 millones de pesos: 10 mil 530 millones durante la administración de Vicente Fox (2001-2006) y 35 mil 456 millones con Felipe Calderón (2007-2012).
Pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas anomalías en los contratos que Pemex entregó a Oceanografía, la empresa estatal ignoró las alertas del órgano fiscalizador durante los sexenios de Fox y Calderón y los contratos siguieron.
Fue hasta el 11 de febrero de 2014, ya bajo la administración de Enrique Peña Nieto, que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a la compañía para realizar contratos con el Gobierno federal.
Una vez conocida la inhabilitación de la empresa, Banamex inició una revisión detallada del financiamiento que otorgó a esa compañía y del programa de cuentas por cobrar durante los años recientes.
Oceanografía había recibió préstamos que supuestamente estaban garantizados con facturas por cobrar a Pemex, aunque luego se demostró que esas operaciones eran simuladas.
El 28 de febrero de 2014, con base en una denuncia presentada por Citibanamex, la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) inició una investigación por desvío de recursos y fraude por más de 585 millones de dólares en contra de los directivos de Oceanografía.
Ocho meses después Yáñez Osuna fue aprehendido, aunque luego liberado bajo fianza en abril de 2017. Tres meses después se levantó el aseguramiento de Oceanografía y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) le devolvió la compañía.
Al momento de que el SAE entregó la empresa a Yáñez Osuna se encontraba en proceso de quiebra, con la flota en grave deterioro y multimillonarios pasivos, así como con miles de empleados en las calles que reclamaban su salario.
La investigación realizada por Citibanamex y Pemex llegó a la conclusión de que sólo 185 millones de dólares, de un monto total de contratos entre ambas partes por 585 millones de dólares, estaban debidamente sustentados.
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