El exfuncionario tiene dos procesos abiertos por delitos como delincuencia organizada y peculado
Alfredo Fuentes | OEM-Informex
Un juez federal negó frenar una orden de aprehensión en contra de René Gavira Segreste, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Selgamex).
Fue el juez adscrito al juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México quien rechazó otorgar solicitud hecha por Gavira Segreste sobre una suspensión definitiva, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) puede cumplimentar su captura.
El exfuncionario, quien tiene abiertos dos procesos, es acusado en esta causa penal de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
La FGR lo señala por su presunta responsabilidad en el desvío de 142 millones 440 mil 883 de pesos de las arcas de Segalmex a través de la compra irregular de 7.8 toneladas de azúcar.
René Gavira es una de las 22 personas relacionadas en este caso, entre ellas 12 funcionarios públicos más de Segalmex, cuatro personas que trabajaban en las empresas a través de las cuales se llevó a cabo el desvío y seis más que habrían sido beneficiados de las transacciones.
Por este proceso ya fueron detenidas otras 10 personas, entre las cuales siete fueron vinculadas a proceso y uno más, Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector jurídico de Segalmex, fue puesto en libertad por falta de pruebas.
Al respecto de exdirector de Administración y Finanzas, éste tiene abiertos dos procesos más en su contra. Uno por la supuesta renovación de un contrato que derivó en adquisiciones ilícitas hechas con recursos públicos entre 2019 y 2022.
El otro se trata de la compra irregular de 100 mil títulos bursátiles que significaron un desembolso de 100 millones de pesos que salieron de las arcas de Segalmex en junio de 2020.
La semana pasada, un Tribunal colegiado determinó revertir la vinculación a proceso a la que se encontraba sujeto y se modificaron las medidas cautelares que lo obligaban acudir a firmar cada 15 días el libro de imputados y que le habían limitado la posibilidad de viajar al extranjero.
