SAO PAULO, 20 ago (Xinhua) — La Policía Federal de Brasil aseguró hoy miércoles que el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) planeó desde el 2024 escapar del país para pedir asilo en Argentina, debido a su cercanía política con el mandatario Javier Milei.
La revelación sobre el plan de fuga de Bolsonaro se encuentra en el pedido de la Policía Federal al Supremo Tribunal Federal y al Fiscal General para inculpar al expresidente y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por los delitos de obstrucción a la justicia en el marco de la investigación por el intento de golpe de Estado de 2022.
Según el informe de la Policía Federal, los agentes encontraron mensajes sobre un pedido de asilo político en Argentina.
La Policía Federal encontró en el teléfono celular de Bolsonaro que el plan para escapar a Argentina fue realizado en febrero de 2024.
Esta diligencia de la Policía Federal es parte de una investigación por obstrucción de la justicia que terminó este mes en la prisión domiciliaria de Bolsonaro determinada por Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema instructor del juicio en el que se juzga a 35 exfuncionarios y militares por el intento golpe de Estado.
El informe de la Policía, revelado por el canal de noticias GloboNews y confirmado luego por otros medios, debe ser aceptado o rechazado por la Corte para seguir el curso de la causa por obstrucción de la justicia.
De la misma causa formó parte este miércoles la operación para confiscar el teléfono celular del pastor evangélico Silas Malafia, financiador de varios de los actos públicos de Bolsonaro contra el Supremo Tribunal Federal en las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro.
Bolsonaro recibirá hasta el 12 de septiembre el fallo de la causa por la planificación de un golpe de Estado en los últimos meses de su presidencia para evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.
Según la investigación, el plan de Bolsonaro y sus colaboradores incluía matar al juez Moraes, a Lula da Silva y al vicepresidente Geraldo Alckmin.
El diputado Eduardo Bolsonaro, también acusado de obstrucción de la justicia por el informe de la Policía Federal, se encuentra en Estados Unidos trabajando a favor de las sanciones contra Brasil determinadas por el presidente Donald Trump, como la elevación de aranceles y sanciones contra magistrados que juzgan al expresidente.
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