Desplazamientos forzados, explotación, contaminación y enfermedades son algunas de las repercusiones de la implantación de proyectos extractivos en las comunidades.
Isaac Rosales | Astillero Informa
Luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) declaró improcedente una consulta ejidal para enajenar 426 hectáreas, que tenía como finalidad construir una planta de fabricación de materiales de construcción y, a su vez, llevar a cabo actividades mineras en Corcovada, una localidad del municipio de Villa Hidalgo, en San Luis Potosí, Jonathan Quintero, presidente del Consejo Hídrico Estatal, y Carlos Covarrubias, integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, brindaron más información sobre las implicaciones socioambientales de estos proyectos, así como del futuro del movimiento que se opone al plan de desarrollo industrial ligado a Ricardo Salinas Pliego.
“Aparentemente, dichos proyectos responden a las necesidades económicas, prometiendo trabajo, desarrollo, oportunidades, progreso, etc., pero ocultan, ante las propias comunidades y la población general, los costos externos” que generan: “fragmentación social, desplazamientos forzados, acaparamiento de recursos por parte de estos grupos de poder a través de contratos ventajosos, fraudes por adquisición de tierras o agua, despojo con uso de violencia directa, corrupción, etc.”, declaró Quintero, quien también se desempeña como investigador del Colegio de San Luis.
Además, los empleos que se producen traen consigo “esquemas de explotación laboral y de precariedad“, además de que “crean cierta dependencia hacia los corporativos a costa de degradación socioambiental y enfermedades, mientras que la acumulación real de capital se la quedan” los corporativos, sostuvo en una entrevista para Astillero Informa.
Por su parte, Covarrubias expuso que ya hay “todo un esquema de defensa jurídica” por parte del movimiento, por lo que los representantes de CEMAT Construction –la firma detrás de este plan de desarrollo industrial– “van a batallar y a enfrentar a una comunidad mucho más organizada”.
Adelantó que se va a “revisar el actuar del tribunal agrario y de otras instancias que deberían de cancelar ese tipo de procesos“. Dijo que esperan que el proyecto se cancele y señaló que darán parte al “ministerio público federal por cuestiones de delitos ambientales“.
Sin embargo, advirtió que saldrán “más cosas con otros sujetos que no se han dado a conocer, pero que nosotros ya descubrimos, y que involucran al gobierno del estado, así como a “otros socios encubiertos de Salinas Pliego y su pandilla“.
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