José Reyes Doria | @jos_redo
Esta semana tuvo lugar una sesión extraordinaria maratónica en la Cámara de Diputados. Fue para procesar una serie de reformas a la reforma del Poder Judicial, de las cuales solo una era perentoria: cambiar la fecha de la próxima elección judicial, cuya fecha establecida en la Constitución coincidía con las elecciones federales y locales del 2027.
Se aprobó que la elección judicial se recorra a 2028, aunque coincidirán ese año con la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum y con la elección de cuatro gubernaturas.
Pero los puntos más controvertidos del período extraordinario de sesiones fueron otros temas que se subieron a la discusión. Vemos los más destacados.
1.- Nulidad de elecciones por intervención extranjera. La iniciativa fue del diputado Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro. En realidad, eran dos iniciativas, una de reforma al artículo 41 de la Constitución para establecer una nueva causal de nulidad de elecciones locales y federales por intervención extranjera; y la otra era la correspondiente reforma a la legislación secundaria para darle aplicabilidad a esa reforma constitucional.
Aquí cabe señalar que la actual coyuntura internacional presenta, en efecto, una tendencia hacia un injerencismo creciente de los Estados Unidos, en particular del presidente Donald Trump, en diferentes regiones del mundo. Lo vemos en Venezuela, Ecuador, Guatemala, Argentina, Brasil, Canadá y especialmente en México y Cuba, en lo que respecta al continente americano. También es evidente en otras partes como Irán, Ucrania, Groenlandia.
El intervencionismo gringo abarca prácticamente todas las modalidades, desde la agresión militar, hasta la intervención directa en los procesos electorales de diversos países. Los casos más flagrantes fueron los de Hungría este año, donde de plano el vicepresidente JD Vance fue a Budapest a hacer campaña a favor de Viktor Orbán, aunque con todo y eso perdieron; y el caso de Honduras, donde el gobierno de Trump hizo campaña descaradamente a favor de Nasry Asfura, donde sí ganó.
En el caso de México, todos sabemos que el país, el gobierno, está sometido a una presión asfixiante por parte del gobierno de Trump. Solo por recapitular algunos elementos del acoso estadounidense: acusaciones gravísimas de que en México gobiernan los carteles del narco, orden de aprehensión y extradición contra un gobernador y un senador en funciones, advertencias apabullantes de que desatarán la guerra contra los carteles en territorio mexicano, filtración de listas de presuntos narcopolíticos cuya formalización colapsaría al régimen de la 4T.
También con amenazas como el cierre de varios consulados mexicanos, bloqueo de remesas, cancelación del T-MEC, aranceles y un largo etcétera, porque el imperio americano tiene poder y recursos inmensos para doblegar a un país como México cuando se lo propone.
No se descarta, al menos en el plano analítico, la probabilidad de que Estados Unidos tenga el objetivo estratégico de desmantelar el régimen de la Cuarta Transformación. El actual momento registra un impulso imperialista hacia el arrasamiento de gobiernos populares, de izquierda o nacionalistas en América.
Por esto, tiene mucho sentido la alerta que ha exteriorizado la Presidenta, en el sentido de que existe un riesgo real y creciente de una intervención extranjera en México, en concreto, una intervención de los Estados Unidos.
En este punto. Se generan diversas posturas. Para algunas fuerzas políticas y sociales, la orden de extradición del gobernador de Sinaloa, y eventualmente la de otros gobernadores y miembros del gabinete de Sheinbaum, no es un acto injerencismo gringo ni viola la soberanía nacional.
Más aún, para esas posturas, que no solo provienen de la derecha, la escena catastrófica de una intervención de tropas de élite gringas llevándose de suelo mexicano a Rocha, a Mario Delgado al mismísimo AMLO, no sería un intervencionismo que pisotea la soberanía de México, sino un castigo merecido a lo que han calificado esos opositores como un narcoestado. En el otro extremo, el discurso más oficialista afirma que el solo hecho de que EEUU acuse a personajes como Rocha ya es una violación inaceptable de la soberanía.
En este contexto, surge la iniciativa de reforma constitucional para establecer como causa de nulidad de las elecciones, la intervención extranjera.
Como decíamos, el diagnóstico es válido, pues sí está presente en el clima político internacional el riesgo de que EEUU intervenga de forma más abierta en los procesos electorales mexicanos. No solo los gringos, también pueden intervenir o han intervenido agentes rusos, venezolanos o cubanos, pero la reforma constitucional está dirigida a EEUU.
Lo que generó gran polémica es si la nulidad de las elecciones es, o no, la solución al problema del injerencismo de Estados Unidos. Porque, si se observa con atención, la víctima más sensible de la anulación de unas elecciones es la voluntad popular expresada en las urnas. La nulidad es una medida extrema, sumamente delicada. Son contadísimas las ocasiones en que se han anulado elecciones locales en México, porque esa decisión conlleva considerables riesgos de desestabilización política.
La ciudadanía emite su voto en las urnas, movida por las más diversas motivaciones. Tenemos una institucionalidad electoral bastante efectiva y reconocida, que procesa todo esto y arroja resultados. Entonces, la decisión de anular unas elecciones implica anular la voluntad popular, castigar la votación popular porque los actores políticos y las autoridades fueron incapaces de preservar la integridad de las elecciones.
Entonces, el intervencionismo extranjero en las elecciones mexicanas debería combatirse a fondo, en eso estamos de acuerdo todos. Es necesario establecer las medidas necesarias en los ámbitos mediático, partidista, financiero, inteligencia; para inhibir y sancionar ese injerencismo, denunciarlo a nivel internacional.
Pero la reforma constitucional no incluye ninguna medida en ese sentido. Solo establece lo siguiente en el artículo 41: será causa de nulidad cuando “Exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales.”
La diputada del régimen, y ex ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, declaró de forma categórica que esa reforma no resuelve la cuestión, al contrario, lleva el enorme riesgo de que el Tribunal Electoral decida anular elecciones casi por cualquier motivo o denuncia que invoque algún tipo de intervención extranjera.
Lo que dice Sánchez Cordero, es que la redacción de esa disposición queda tan abierta, tan ambigua, que otorga toda la discrecionalidad del mundo al Tribunal para anular elecciones a su antojo. Como decíamos, el paquete de iniciativas incluía reformas a la legislación secundaria para reglamentar esta causa de nulidad, pero en el último momento fue retirada la iniciativa porque no aclaraba la cuestión y además porque aprobar al mismo tiempo una reforma constitucional y su legislación reglamentara va contra la lógica legislativa.
2.- Reelección de magistrados del Tribunal Electoral federal. La iniciativa de la presidenta Sheinbaum para reformar la reforma judicial, no incluía la reelección por un período más de los magistrados del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación. La bancada de Morena metió una reserva para insertar esa reelección. Hubo enorme descontento en las curules oficialistas.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena y cercano a Sheinbaum, subió a tribuna a condenar esta medida, afirmó que era una traición al principio de no reelección y que se promovía así el enquistamiento de castas corruptas, pues los magistrados del Tribunal completarían casi 20 años en el cargo. En la bancada del PT también hubo gran inconformidad. No se sabía con certeza si esta adición de última hora venía de Palacio Nacional o de dónde.
Casi 30 diputados de Morena votaron en abstención. ¿Para qué permitir la reelección de los magistrados del Tribunal Electoral, que ya llevan ocho años en el cargo?
Muchos observadores señalan que esta medida está ligada con la causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. Para tener magistrados electorales que apoyen esa eventual nulidad electoral. Por donde se le vea, son muchos más los costos en materia de imagen pública que conlleva esa reelección, que los beneficios eventuales en el control de las elecciones.
3.- Finalmente, a Trump estas reformas no lo detendrán. Le valen soberano gorro. Si se concretan los peores escenarios que se prevén, EEUU intensificaría su injerencismo en México hasta niveles impensables, y todas estas reformas a la Constitución y leyes, ni le importan ni lo detendrán en lo más mínimo. Por lo escalada de las amenazas de distintos agentes del gobierno de Trump, se observa que, si no extraditan a Rubén Rocha, la probabilidad de la peor pesadilla crece más y más. Así, los blindajes constitucionales y electorales serán poco efectivos al respecto. Realpolitik.
