Deberán pagar multas económicas que van desde los 25 mil a 250 mil pesos y estarán inhabilitados en cargos en el servicio público por hasta 10 años
Laura Arana | OEM-Informex
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó hasta por 10 años y multas económicas de 25 mil hasta 250 mil pesos a cuatro personas servidoras públicas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar (BANBIEN) por cometer faltas administrativas graves.
Mediante un comunicado de prensa, la dependencia federal detalló que los Órganos Internos de Control (OIC) de las áreas realizaron investigaciones que llevaron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a imponer sanciones, como inhabilitaciones de hasta por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como sanciones económicas.
En el SAT, el OIC investigó a una persona servidora pública por la asignación irregular de citas para trámites utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución.
En BANBIEN, el Órgano Interno de Control acreditó irregularidades cometidas por tres personas servidoras públicas. En dos casos, estas estuvieron relacionadas con el retiro de recursos de cuentas bancarias sin consentimiento de las personas cuentahabientes, por un monto superior a 275 mil pesos; y, en otro, con la realización de conciliaciones con información no verídica.
Las personas que fueron sancionadas son: Víctor R., exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT. Fue inhabilitado por un año para desempeñarse en el servicio público.
También, Juan D., exsubjefe de área de BANBIEN: inhabilitación por 10 años y sanción económica; Orlando P., exauxiliar de sucursal de BANBIEN: inhabilitación por 10 años y sanción económica.
Marco M., exasistente administrativo de BANBIEN: inhabilitación por 10 años y sanción económica.
La dependencia federal expuso que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar. “Si lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron investigados los casos: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo el interés público”.
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