Ante 70 suspensiones judiciales que detienen su mandato de organizar elecciones judiciales, el INE ha pausado sus actividades y enfrenta amenazas de multas y prisión si no acata las órdenes judiciales.
Camila Olvera Burdiles | Redacción Astillero Informa
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en una situación compleja pues enfrenta posibles multas individuales de hasta 50 mil pesos para cada uno de sus consejeros, debido a presuntas violaciones a órdenes judiciales que suspenden la organización de las primeras elecciones para cargos judiciales en México.
Este nuevo mandato para el INE, derivado de la reciente reforma judicial, ha generado un conflicto entre el órgano electoral y el Poder Judicial, que ha emitido 70 suspensiones para frenar el proceso, poniendo al INE en una encrucijada legal y política que mantiene paralizadas sus actividades hasta que se obtenga una resolución definitiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El conflicto comenzó a inicios de octubre, cuando el INE recibió el mandato constitucional de organizar las elecciones para elegir magistrados, jueces y los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un proceso que sería completamente inédito en la historia del país. Sin embargo, casi de inmediato, el instituto recibió una serie de suspensiones judiciales emitidas por jueces de Distrito, quienes argumentaron que el INE estaba excediendo sus facultades al participar en la selección de funcionarios del Poder Judicial.
Estas suspensiones obligaron al INE a detener todas las actividades relacionadas con la organización del proceso electoral judicial, lo que llevó a su Consejo General a entrar en un receso de dos semanas para buscar claridad sobre los límites de sus atribuciones.
Las primeras advertencias judiciales señalaban la posibilidad de multas moderadas, como una notificación proveniente de Colima que imponía una multa de 10 mil 857 pesos si el Consejo General no informaba sobre cómo cumpliría con la suspensión. Sin embargo, la situación se agravó rápidamente, y las últimas advertencias aumentaron las sanciones a 50 mil pesos por consejero, con amenazas de penas de prisión de tres a nueve años y la destitución de los consejeros, quienes también podrían ser inhabilitados para ocupar cargos públicos por el mismo periodo.
El regreso del Consejo General del INE tras el receso estuvo marcado por una serie de decisiones encaminadas a evitar la confrontación directa con el Poder Judicial. En su primera reunión, los consejeros acordaron responder de manera conjunta a las advertencias judiciales y reiteraron que, desde la primera suspensión recibida, el INE ha detenido por completo todas sus actividades relacionadas con la organización de las elecciones judiciales.
De acuerdo con lo informado a Milenio por los propios consejeros, no se tomarán nuevas decisiones hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita una resolución definitiva que clarifique cómo debe proceder el INE en este contexto.
Una de las medidas más relevantes acordadas por el Consejo fue la postergación de la instalación de la Comisión Especial para organizar la elección judicial, la cual iba a ser presidida por el consejero Jorge Montaño.
Aunque las áreas técnicas del INE continuarán trabajando en estudios preliminares para determinar los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso electoral judicial, no se tomará ninguna decisión final hasta que el TEPJF aclare las implicaciones legales de las suspensiones y determine si el INE tiene la autoridad para continuar con la organización del proceso.
Además, el Consejo General decidió que la Secretaría Ejecutiva del INE continuará presentando apelaciones ante el Poder Judicial con el objetivo de proteger a los consejeros de posibles sanciones, incluidas las multas y penas de prisión. Este paso busca evitar responsabilidades penales derivadas de la ignorancia de las suspensiones judiciales o de la continuación del proceso electoral sin una autorización clara.
Los consejeros han manifestado su preocupación por la posibilidad de que las decisiones judiciales en su contra continúen escalando, lo que podría afectar no solo el desarrollo del proceso electoral, sino también el funcionamiento del INE como institución.
El papel del Tribunal Electoral en este conflicto es clave. Actualmente, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, miembro de la Sala Superior del TEPJF, es el encargado de determinar si este tribunal tiene la autoridad para intervenir en las decisiones emitidas por los jueces de Distrito y autorizar la continuación del proceso electoral judicial. Si el TEPJF respalda al INE, el proceso podría reanudarse con normalidad, pero si confirma las suspensiones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal, el INE tendría que detener definitivamente la organización de las elecciones para cargos judiciales, lo que supondría un revés significativo para la reforma judicial.
