Los partidos políticos deben postular candidatos indígenas en los 25 distritos electorales con más de 60% de población indígena bajo el principio de mayoría relativa
Fernando Merino | OEM-Informex
Al menos 59 personas de comunidades indígenas y afromexicanas, con discapacidad, migrantes y de la diversidad sexual llegarán al Congreso de la Unión en 2024 bajo el principio de acciones afirmativas: 50 a la Cámara de Diputados y 9 al Senado.
Ello luego de que el Consejo General del INE logró un acuerdo y aprobó este sábado los lineamientos para la postulación de candidaturas de grupos en situación de vulnerabilidad.
Tras superar el enredo que provocó dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó una nueva distribución de las acciones afirmativas, con lo que obligó a los partidos políticos a postular candidatos indígenas en los 25 distritos electorales con más de 60% de población indígena bajo el principio de mayoría relativa.
En el caso de las diputaciones plurinominales para personas indígenas, los institutos políticos deberán postular a una persona de este grupo en la primera circunscripción, una en la segunda, cuatro en la tercera, dos en la cuarta y una en la quinta.
Además, los partidos estarán obligados a postular a cuatro candidatos afromexicanos, tres bajo el principio de mayoría relativa y uno por representación proporcional; ocho candidatos con discapacidad, seis por mayoría relativa y dos por representación proporcional; tres candidatos de la diversidad sexual, dos por mayoría relativa y una de representación proporcional; y un candidato migrante por representación proporcional.
Por primera vez se aplicarán acciones afirmativas para la composición del Senado y esto fue lo que trabó la aprobación de los lineamientos, porque los partidos políticos no estaban de acuerdo con el proyecto del INE.
Luego de una larga negociación que requirió que el debate fuera aplazado por tres ocasiones, se determinó que de los nueve lugares para grupos vulnerables en la Cámara Alta, cuatro corresponderán a personas indígenas, uno para personas de la diversidad sexual y uno para personas con discapacidad, en el caso de mayoría relativa.
En representación proporcional, tres lugares corresponderán a personas indígenas, uno a personas migrantes y una a personas con discapacidad.
Respecto a la acción afirmativa de personas de la diversidad sexual y afrodescendientes en mayoría relativa, estas candidaturas podrán ser presentadas en entidades: una de alta y otra de baja competitividad.
En el acuerdo que fue revocado por el Tribunal Electoral se incluyeron candidaturas para personas en pobreza extrema, sin embargo, en el nuevo acuerdo se eliminaron y su proponente, el consejo Uuc-kib Espadas, calificó de aporofobia –rechazo a los pobres– la decisión.
“Los argumentos para excluir la pobreza son absolutamente inconsistentes, internamente, pero sobre todo, con artículo 1º constitucional, en donde, desde luego, de la cantidad de grupos numerados como susceptibles de discriminación en el artículo 1º, el que muy mayoritariamente de facto es el más excluido, es el de las personas en condiciones de pobreza”, dijo.
El consejero Uuc-kib Espadas dijo que la decisión del Tribunal Electoral es un yerro; sin embargo, señaló que una omisión legislativa es la que no ha permitido garantizar espacios para los cinco grupos en situación de vulnerabilidad.
En tanto, la consejera Dania Ravel indicó que “las acciones afirmativas son esenciales para asegurar la inclusión de grupos históricamente discriminados y consolidar los avances en igualdad de oportunidades y representación”.
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