El Rancho Izaguirre había sido registrado por la GN en septiembre del año pasado, ya habían encontrado restos humanos ahí y se necesitaba una gran logística para llevar a decenas de personas hasta ese lugar, por lo que hay indicios de que las autoridades tenían conocimiento de lo que pasaba.
Isaac Rosales | Astillero Informa
“Es prácticamente imposible creer que en un estado como Jalisco, en el que hay operativos a diario por seguridad, nadie se haya dado cuenta de la existencia de este centro de reclutamiento“, dijo Lauro Rodríguez, periodista de NTR Guadalajara, sobre los nuevos hallazgos en un rancho de Teuchitlán.
“Hay muchos indicios que llevan a la hipótesis de que las autoridades debieron tener conocimiento de que esto ocurría [entrenamientos, asesinatos y incineraciones clandestinas]. Además, se necesita una logística enorme para movilizar a decenas de personas a un mismo lugar; tuvo que estar muy vigilado ese sitio. Es muy complicado creer que las autoridades no tenían conocimiento” de lo que se hacía en este predio, apuntó en una entrevista con Julio Astillero.
Rodríguez afirmó que el exgobernador de la entidad negó sistemáticamente que hubiera un problema en el Rancho Izaguirre, en donde este 5 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco identificó restos humanos calcinados, cientos de pares de zapatos, ropa y credenciales.
“La central camionera de Guadalajara, ubicada en San Pedro, Tlaquepaque, fue uno de los principales centros de esta modalidad de reclutamiento durante 2024, algo que nunca quiso reconocer el entonces gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien siempre negó que hubiera una crisis, un problema. Nunca hubo una acción en su gobierno para prevenir esta situación“, sostuvo.
Lauro recordó que en “septiembre de 2024, la Guardia Nacional, en conjunto con la fiscalía del estado, dio con este sitio, detuvieron a diez personas, rescataron a dos con vida y encontraron un cuerpo de una persona fallecida“. Al cabo de unos días, dieron con “dos lotes óseos con señales de que fueron incinerados“.
A pesar de estos antecedentes, las autoridades no continuaron con las indagatorias ni dieron seguimiento a la información que los colectivos entregaron a través de sus pronunciamientos públicos.
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