Las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras dejaron al descubierto, una vez más, las tensiones profundas que atraviesan al sistema político del país. Aunque la jornada electoral transcurrió en relativa calma, el día siguiente estuvo marcado por la opacidad y lentitud del sistema TREP del Consejo Nacional Electoral (CNE), que pasó prácticamente todo el 1 de diciembre sin ofrecer información seria, verificable ni oportuna sobre los resultados preliminares. Aún más grave, el portal de consulta ha sido intermitente en su funcionamiento y prolongados lapsos de estar caído. Ese silencio prolongado abrió espacio para la incertidumbre, la especulación y, sobre todo, para maniobras que hoy amenazan con distorsionar lo que los hondureños expresaron en las urnas.
Lo que debería ser un proceso transparente y ágil se convirtió en un escenario cargado de sospechas. Y no es casualidad: cuando hay retrasos sin explicación, cuando el árbitro electoral guarda silencio en momentos decisivos, cuando los datos tardan más de lo razonable en aparecer, la democracia comienza a tambalear.
A pesar de esas sombras, una realidad es imposible de ocultar: el Partido Nacional de Honduras, históricamente la organización política más grande y estructurada del país, logró algo que pocos veían venir después de su derrota de 2021. Se reorganizó, reconstruyó su estructura territorial, afinó su discurso y volvió a conectar con amplios sectores sociales cansados del desgaste del oficialismo encabezado por Mel Zelaya y Xiomara Castro. Esa capacidad de reinvención liderada por Nasry Asfura se reflejó en las urnas: ganó la elección presidencial y recuperó la capital, Tegucigalpa.
Sin embargo, aceptar la derrota nunca ha sido fácil para algunos expresiones políticas. Tanto el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y sectores del oficialismo representado por Xiomara Castro y Libre, han desplegado en cuestión de horas un discurso que busca desacreditar los resultados y justificar intervenciones “extraordinarias” que, en esencia, buscan arrebatar un triunfo que no les pertenece.
La narrativa es conocida en América Latina: cuando los números no favorecen, se acusa fraude; cuando la ciudadanía decide distinto a lo esperado, se intenta manipular la institucionalidad para forzar un desenlace distinto.
El caso de la capital hondureña es aún más delicado. La derrota de Libre en la capital fue contundente, y en lugar de asumirla con responsabilidad democrática, el actual Alcalde y virtual perdedor ha optado por un camino peligroso: incitar a la violencia, clamar un fraude solo existente en su mente y tratar de ganar en los tribunales lo que los votos le han negado. Los intentos de manipulación, presiones y maniobras administrativas reflejan el temor de perder un bastión político que consideraban un refugio para Libre y para la derrotada pareja presidencial.
Lo que está en juego no es solo una elección local o un cambio de administración; es la credibilidad de todo el sistema democrático hondureño.
Si la voluntad popular se desconoce, si la institucionalidad se doblega ante los intereses y posibles acuerdos entre el Partido Libre y el Partido Liberal, si el CNE y sus consejeros no actúan con claridad y rigor técnico, Honduras corre el riesgo de abrir de nuevo un ciclo de inestabilidad que ya ha tenido consecuencias humanas, sociales y económicas demasiado costosas en el pasado.
Por eso, en este momento crítico, la posición debe ser firme y sin ambigüedades:
No a violentar la voluntad popular que votó por Nasry Asfura y el Partido Nacional.
No a la manipulación de resultados.
No al silenciamiento de la voz ciudadana.
Honduras ya decidió.
Autor: Diego Iñaki Fernández
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