La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, está –o estaba– metida en un problema constitucional de envergadura. Y digo “estaba”, porque ya apareció el primer inmolado: el fiscal del Estado, César Jáuregui, quien la noche del lunes 27 de abril presentó renuncia “irrevocable” y asumió la responsabilidad del operativo en el que participaron agentes de la CIA.
La controversia en torno a Maru Campos no es solo un problema político: plantea una pregunta de fondo sobre el federalismo mexicano, los límites constitucionales de los Estados y el alcance real de su autonomía frente a la soberanía nacional.
Este asunto, como todo los asuntos, se polarizó. Por un lado, los opositores de la 4T salieron a defender a la gobernadora Campos arguyendo que ella sí combate a los criminales, no como el gobierno de Sheinbaum, al que tildan de narco-régimen. Y por otro lado, los simpatizantes de la 4T se comieron viva a la gobernadora Campos, y la acusaron, no podía faltar, de la manida y risible traición a la patria.
Todos los partidos son sectarios, si no, no serían partidos. Se convierten en grupos donde la autocrítica tiene poco margen. No conozco a ningún partido en México que no siga este comportamiento. Cuando alguien de la otra “secta” realiza algo contrario a la ley, como puede ser un acto de corrupción, un abuso del poder o una violación grave del orden constitucional, lo quieren sacrificar en el templo mayor de la opinión pública para que termine sus días en el calabozo de la infamia. Pero cuando quien realiza la acción deshonesta o ilegal es de la propia secta, no hay una sola que no cierre filas para proteger a los suyos. El PRI, el PAN, Morena, el PT, el Verde, todos cobijan y encubren a sus miembros.
En el caso de la gobernadora, de no ser porque se sacrificó por ella el fiscal de Chihuahua, es claro que tendría una responsabilidad política y, muy probablemente, una responsabilidad penal. Y lo digo no porque yo sienta animadversión hacia ella. La señora es una funcionaria pública, tiene a su cargo el poder ejecutivo de Chihuahua que, créanme, no debe ser cosa fácil. En lo personal ella no me cae ni bien ni mal. No hay razones ni para lo uno ni para lo otro. Así que si me refiero a posibles responsabilidades jurídicas y políticas, no lo hago desde la entraña, sino desde el análisis imparcial de nuestro sistema legal. Hay que pensar con la neurona, no con la hormona.
Mire usted, la Constitución señala que el juicio político y la destitución proceden –en este caso contra un gobernador– por una violación a la Constitución o a las normas federales que cause perjuicios graves al Estado (110, VI). Una incursión o intervención no autorizada de agentes extranjeros me parece que actualiza la hipótesis normativa. Se trató de una violación directa al Pacto Federal, pues no me vaya usted a decir que entablar una colaboración operativa de seguridad con agentes extranjeros, en este caso de la CIA, sin la intervención ni conocimiento ni autorización de la Federación, no es una invasión clara de facultades exclusivas del Ejecutivo Federal.
Ya sé que usted, si es crítico de la 4T, va a decir que entonces por qué no actúan contra Adán Augusto López por sus vínculos con su ahora indiciado secretario de seguridad pública, Hernán Bermúdez (la Barredora); o contra el exsecretario de Marina, almirante Ojeda, quien al parecer sí sabía lo del huachicol fiscal; o por qué no investigan a gobernadores morenistas como el de Sinaloa, la de Baja California o el de Tamaulipas, por solo mencionar algunos, sobre quienes hay cuestionamientos de posibles vínculos con el crimen. O criticará usted por qué no se hace nada contra los hijos del expresidente López Obrador, sobre quienes hay señalamientos de corrupción. Y sí, tendría usted razón en objetar y en controvertir, y de eso se trata. Pero la respuesta la di hace unos momentos: cada partido protege a los suyos.
En este momento Morena tiene el control, y va a proteger a sus miembros. Y sí, aquí es donde uno se pregunta si la justicia es selectiva. En la realpolitik lo es. No estoy justificando; estoy explicando. Es muy difícil que el aparato estatal en manos de Morena proceda imparcialmente contra sus miembros. Al contrario, los va a cobijar, y mientras más encumbrado sea el miembro, mayor será el cobijo. Lo mismo sucedió cuando el PRI y el PAN estuvieron en el poder. La justicia debe ser ciega, pero en manos de las sectas partidistas pierde esa cualidad.
Además de la responsabilidad política, de no ser, repito, porque el fiscal de Chihuahua se está echando toda la responsabilidad, como si la gobernadora Campos no tuviera idea de lo que pasaba; existe una posible responsabilidad penal. Son varios delitos los que habrían cometido estos funcionarios al acordar y permitir la intervención de agentes de la CIA.
¿Qué delitos? Ejercicio ilícito del servicio público, porque permitieron a agentes estadunidenses realizar funciones de autoridad en territorio chihuahuense. Abuso de autoridad, pues habrían ordenado a las fuerzas estatales colaborar y ocultar la identidad de los agentes de la CIA mediante el uso de uniformes oficiales. Delitos contra la seguridad nacional, pues la Ley de Seguridad Nacional prohíbe que agentes extranjeros realicen operativos tácticos o detenciones. Esa misma ley considera como delito que un funcionario que tenga información sobre actividades de agentes extranjeros no la reporte de inmediato al gobierno federal; y es una responsabilidad grave, pues la ley considera que ello pone en riesgo la soberanía del país. Y, finalmente, también se estaría actualizando el delito de traición a la patria, pues se puede argumentar que la gobernadora Campos realizó actos contra la independencia y/o la soberanía de la nación mexicana al permitir operativos con extranjeros en la Sierra Tarahumara.
Como ve usted, la gobernadora y el fiscal de Chihuahua se metieron en un lío. Y si la gobernadora se salva, será solo porque el fiscal se ha ofrecido como chivo expiatorio. Pero la verdad es que todo indica que la gobernadora estaba en conocimiento de esto. Fuera de lo estrictamente jurídico, no la juzgo, porque el operativo tuvo como resultado el desmantelamiento de un laboratorio muy grande de estupefacientes; y con ello se salvaron muchas vidas, porque las drogas matan, y esto no es retórica, sino hecho incontrovertible. Tal vez la gobernadora se sintió obligada en consciencia a actuar, aun a riesgo de violar la Constitución. Pero en el plano estrictamente jurídico, sí me pronuncio, porque todo lleva a suponer que sí violó la Constitución.
Y para terminar, la misma Constitución señala que los Estados son “libres y soberanos”. Y mucha gente lo cree, empezando por los gobernadores de los Estados, particularmente si son de oposición. Pero esto es falso. Desde el punto de vista constitucional, los Estados no son soberanos. Soberanía viene de los vocablos super y omnia, que significan sobre todas las cosas. Soberano es el poder por encima del cual no hay nada superior. ¿Recuerda usted el célebre argumento ontológico de San Anselmo? Esa doctrina teológica halló lugar en la Teoría Política, así que análogamente se llamaba soberano al máximo poder del Estado. Ni la federación ni los Estados son soberanos. Ningún funcionario lo es. Soberano es el pueblo (artículo 39), y suprema la Constitución (artículo 133). Los Estados gozan de autonomía política. Hagamos reducción al absurdo: si los Estados fueran soberanos podrían ignorar la Constitución, pero eso es imposible. Es más, ni siquiera tienen la prerrogativa de la secesión. ¿Así que cómo van a ser soberanos?
Aducir una supuesta “soberanía” de los Estados para violar la Constitución es una distorsión que incluso puede ser perversa. Los Estados no tienen personalidad jurídica internacional, por eso no pueden firmar tratados ni alianzas con gobiernos extranjeros. La gobernadora y el fiscal de Chihuahua se equivocaron.
