José Reyes Doria
@jos_redo
El proceso de cambio constitucional impulsado por el expresidente López Obrador, y retomado por la presidenta Claudia Sheinbaum, entró en la fase de legislación secundaria, en la cual se definirán detalles que encierran importantes decisiones políticas. La reforma constitucional más llamativa y polémica fue la del Poder Judicial, sin embargo, la reforma por la cual se extinguieron varios órganos autónomos también provocó una relevante ola de consecuencias.
Uno de los órganos autónomos que se extinguieron fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL). El organismo que asumirá sus funciones será la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), nueva secretaría de Estado creada por la Presidenta, que concentrará un enorme poder en su titular Pepe Merino, uno de los secretarios más cercanos a ella.
Otra reforma constitucional, esta sí elaborada y presentada por la Presidenta, en materia de seguridad pública, establece una reestructuración de la función de seguridad pública del gobierno de la República, que asigna nuevas y significativas atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El secretario Omar García Harfuch, hombre de todas las confianzas de la Presidenta, concentrará todo ese poder.
PEPE MERINO
La nueva ATDT asumirá todas las atribuciones que tenía el extinto IFETEL. Para entender el poder que concentrará el titular de la ATDT, veamos la forma en que se describen sus atribuciones en el nuevo artículo 28 de la Constitución: El Ejecutivo Federal, a través de la ATDT tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales.
La ATDT regulará de forma asimétrica a los participantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica (esto último en combinación con la autoridad en materia de competencia económica, que también dependerá del Ejecutivo).
Igualmente, la ATDT será la encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas. Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia. Las concesiones para uso público y social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa. La ATDT implementará un esquema de sanciones que puede llegar a la revocación del título de concesión.
Finalmente: las normas generales y actos emitidos por la ATDT podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.
El extinto IFETEL ejercía estas facultades regulatorias por parte del Estado, bajo la figura de la autonomía constitucional. El IFETEL era una autoridad colegiada integrada por siete comisionados nombrados por el Congreso. El poder de otorgar y revocar concesiones, regular el uso del espectro radioeléctrico, los contenidos, las decisiones en materia de poder sustancial de los concesionarios, las sanciones, entre otros, se ejercía de forma colegiada y contemplaba algunos filtros externos, como el propio Congreso, las salas especializadas del Poder Judicial y las propias Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes que regulaban algunos aspectos. Ahora todo esto estará en manos de la ATDT, es decir, en las manos de una sola persona, pepe Merino. Es decir, en última instancia, de la persona titular del Ejecutivo Federal.
Corresponde a otro debate argumentar si el nuevo modelo de regulación estatal es mejor que el anterior modelo de autonomía. Existen pros y contras que sustentarían una discusión robusta. Sin embargo, la coyuntura político-ideológica ha determinado la actual situación. Está en proceso de elaboración la legislación secundaria en la materia. Estos días, en el Congreso se discutirá y aprobará la Iniciativa del Ejecutivo Federal que expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Por cierto, es interesante observar que tanto propios como extraños, pensaron, o quisieron hacer pensar, que esta Iniciativa era la respuesta a la campaña publicitaria del gobierno de Donald Trump en medios nacionales, a través de la cual se denigra a los migrantes mexicanos. No es así, esta Iniciativa obedece al mandato de la reforma constitucional por la cual se extinguieron algunos órganos autónomos, prevista para estas fechas.
Lo que se destaca en este espacio, es que el secretario Pepe Merino concentrará un poder formidable, que le confiere una influencia irresistible no solo en el ámbito de los poderosos intereses del sector de las telecomunicaciones, el internet, las plataformas, la televisión, la radio, las concesiones, las regulaciones, las sanciones; ese poder, por su misma naturaleza y alcances, trasciende ese sector estratégico y se convierte en un poder político de gran dimensión.
HARFUCH
Similar proceso se ha verificado en torno al empoderamiento de Secretaría encargada de la seguridad pública. Veamos las nuevas atribuciones de Harfuch establecidas en el reformado artículo 21 Constitucional:
La secretaría del ramo de seguridad pública (la SSPC de Harfuch) formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional; le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.
La Secretaría de Seguridad fue relegada en las estrategias de seguridad del gobierno de la República en los sexenios de Enrique Peña Nieto, y, marcadamente en el de Andrés Manuel López Obrador. Las Fuerzas Armadas ganaron mayor preponderancia, en gran medida porque los desafíos de las organizaciones criminales obligaban a una contención basada en el poder que tienen el Ejército y la Marina. En el gobierno de AMLO, buena parte de la opinión pública consideró que el ex presidente militarizó la seguridad pública por el protagonismo que asignó a las Fuerzas Armadas, por la adscripción de la Guardia Nacional, entre otros factores.
Como en el caso de la ATDT de Pepe Merino, corresponde a otro debate dilucidar si es mejor que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública la coordine y defina una dependencia civil como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o si es más conveniente que las cabezas sean las Fuerzas Armadas.
Aquí, lo que se destaca es que Harfuch concentrará un enorme poder, porque su Secretaría tendrá la atribución de formular, coordinar y dirigir la Estrategia Nacional en la materia, incluyendo la sensible función de inteligencia. Además, será el apoyo expreso de la Presidenta en materia de seguridad nacional, y coordinará a la administración pública, a los estados y a los municipios en las tareas de seguridad pública, con capacidad para pedirles información y asegurar que los recursos presupuestales se ejerzan de acuerdo con la Estrategia.
Si lo anterior le otorga a la SSPC margen de independencia de las Fuerzas Armadas, la nueva atribución constitucional de poder realizar investigaciones le permite no depender de la Fiscalía General de la República en aquellos casos que requieran indagatorias rápidas y confiables para la Presidenta. ¿Le gusta esto a las Fuerzas Armadas o a la FGR? No podemos saberlo.
En todo caso, Harfuch concentrará un enorme poder, que trasciende mucho más allá de su ámbito de competencia.
Talvez, solo tal vez, esa sea una de las razones que explican el atraso de la expedición de la legislación secundaria en la materia. Dos veces se han bajado del Pleno de la Cámara de Diputados los dictámenes, por dudas o faltas de consenso. Pero el mandato constitucional ya es vigente y, de hecho, Harfuch ya lo está ejerciendo.
COLOFÓN
La reforma constitucional en materia de seguridad la propuso la Presidenta. Puede pensarse que fue idea totalmente suya, porque en su contenido se aparta de la concepción que tenía López Obrador respecto a la Seguridad Pública. La apuesta de empoderar significativamente a uno de sus hombres de confianza es por demás interesante.
La reforma constitucional para extinguir al IFETEL fue idea de AMLO. Pero, dice el refrán que nadie sabe para quien trabaja, y es la Presidenta la que está capitalizándola en términos de empoderamiento de su gobierno y de otro de sus hombres de confianza, Pepe Merino.
