La inseguridad en Guanajuato es un asunto de seguridad nacional, es un enclave estratégico para el desarrollo del país; no puede permitirse un mayor deterioro porque, aunque pareciera increíble, las cosas podrían estar peor
Por: Saúl Arellano | POPLab
El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tomó posesión de su encargo a finales del mes de septiembre de 2018. Para entonces, la manzana podrida que le dejaba en materia de seguridad pública su antecesor -y al parecer, hoy vicegobernador de la entidad-, Miguel Márquez Márquez, se sintetizaba en la cifra de 9 mil 356 homicidios intencionales, si se considera al periodo de 2013 a 2018.
El joven gobernador guanajuatense no ha concluido aún su tercer año de gobierno y ya acumula la espantosa cifra preliminar de 11 mil 045 homicidios dolosos reconocidos, considerando los perpetrados entre el mes de octubre de 2018 y el mes de junio de 2021. Son demasiados; son multitud de historias de terror y tristeza; de violencia y odio; de injusticia e impunidad.
Los errores políticos y administrativos de su gestión se cuentan por decenas: desde el diseño de un gabinete sumamente mediocre, por un lado, y sumamente perverso, por el otro, hasta permitir que los dos gobernadores que le antecedieron se convirtieran en dos de los principales operadores políticos en el estado, decidiendo candidaturas y negociando presupuestos, mientras que a él lo encierran en una cápsula de irrealidad; convencido de que repitiendo sinsentidos como la de que Guanajuato es “la grandeza de México” y que realmente está impulsando un nuevo modelo económico con la tontería que repite como mantra sobre una supuesta nueva era de “mente factura”, cualquier cosa que eso signifique.
En días recientes, Guanajuato fue nuevamente tema en la conferencia matutina del presidente de la República, pues el periodista Arnoldo Cuéllar, director del portal POPLab, denunció ante el Ejecutivo Federal el presunto espionaje que salió al parecer de las oficinas de la Fiscalía Estatal.
Que esto ocurra en la entidad con mayor número de homicidios del país, durante los últimos tres años; y donde se han encontrado numerosas fosas clandestinas, toma un cariz completamente alarmante, pues refuerza la percepción de que, por decir lo menos, el gobierno de Guanajuato se encuentra infiltrado por las mafias más siniestras que operan en la entidad.
El Presidente de la República señaló además, que era deseable que el fiscal del estado sea removido de su cargo; pero se quedó corto, también debería serlo el secretario de seguridad pública, pues en los nueve años que los titulares de ambas dependencias han sido los responsables de la seguridad en el estado se supera la increíble cifra de 20 mil 400 homicidios.
¿Cómo duermen Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca con esas cifras encima? ¿Cómo duerme el gobernador Diego Sinhué, sabiendo que no ha querido siquiera dar la cara a las víctimas de las personas asesinadas, y también a las de las familias que tienen a alguno o varios de sus integrantes desaparecidos, y que suman más de 2 mil 500?
Por si el escenario no fuese ya complejo, dos de los Obispos católicos de la entidad declararon públicamente a favor del gobierno estatal y del fiscal general del estado. ¿Con qué cara la Iglesia Católica exige seguridad pública en Michoacán, cuando en Guanajuato, estado vecino, los principales jerarcas eclesiales hacen votos a favor de la muerte y del terror que siembran los criminales? Se dice que la intervención de los clérigos obedece a la operación política de Miguel Márquez, quien además aspira a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. No se olvide que, de acuerdo con varias fuentes, Márquez es el actual líder del Yunque.
Movido por la ambición, sin experiencia ni capacidad política suficiente, Diego Sinhue Rodríguez aceptó ser impuesto como gobernador, con la idea de que su trabajo consistiría predominantemente en inaugurar eventos y administrar, como si de un gerente se tratara, los intereses de los grupos que le protegen en el estado. Pero no midió el estado de descomposición en que se encontraba la entidad, ni que eso exigiría un gobernador de tiempo completo.
En el mes de julio de 2021, el estado de Guanajuato llegó, hasta el día 20, una cifra preliminar de 1 mil 956 asesinatos, es decir, un promedio diario de 9.75, con una cifra brutal de 85 homicidios en los últimos siete días, es decir, 12.1 por día en la última semana.
Un amplio sector del empresariado estatal ha pasado de la preocupación a la molestia, lo cual se está incrementando pues las nuevas autoridades municipales que habrán de tomar posesión en octubre, se dice que ya fueron advertidas que las direcciones de seguridad pública deberán ser “validadas” o incluso en algunos casos, nombradas, por el aparato de seguridad estatal.
La inseguridad en Guanajuato es un asunto de seguridad nacional; su magnitud demográfica y económica lo convierte en un enclave estratégico para el desarrollo del país, por lo que no puede permitirse un mayor deterioro porque, aunque pareciera increíble, las cosas todavía podrían estar peor.
El gobierno de Guanajuato tiene tres años para recuperar el rumbo, pero eso requiere que el titular del Ejecutivo Estatal comprenda lo que significa actuar como un auténtico gobernador: sacudirse las sombras del pasado; ponerse al frente de las decisiones de seguridad pública; modificar radicalmente su gabinete; establecer una nueva relación con los medios de comunicación -en su mayoría anodinos y controlados vía el dinero-; y sobre todo, asumir que sólo mediante un nuevo curso de desarrollo podrá darle un rumbo distinto a la entidad. Frente a eso, otros 10 mil cadáveres son inadmisibles.
