Axel Olivares | NotiPress
La estrategia de seguridad desplegada en Chiapas dejó una reducción de 64% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso frente a diciembre de 2024, además de miles de detenciones y aseguramientos, informó el Gobierno mexicano durante la conferencia matutina del 11 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez.
Los datos presentados abarcan acciones federales y estatales, operativos contra grupos criminales, vigilancia en la frontera y la costa, así como programas de prevención y atención a las causas. El informe también mostró que 2026 registra hasta ahora el promedio diario de homicidios más bajo de la entidad desde 2015.
Homicidios y delitos de alto impacto bajan
El promedio diario de homicidios dolosos pasó de 2.5 víctimas en diciembre de 2024 a 0.9 durante agosto de 2026. En la comparación anual, la disminución entre 2024 y 2026 alcanza 63%.
Los delitos de alto impacto también presentan una baja de 44% frente a noviembre de 2024, mientras el robo de vehículo disminuyó 68%. En este último indicador, el promedio pasó de 4.1 casos diarios al comienzo de la administración estatal a 1.3 en agosto.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el homicidio es uno de los indicadores utilizados para observar la evolución de la violencia, pero añadió que la percepción ciudadana también forma parte importante del panorama. “La gente se siente más segura hoy en Chiapas que hace dos años”, afirmó durante la conferencia.
Detenciones, armas y drogas aseguradas
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 fueron detenidas 9 mil 949 personas por delitos de alto impacto. Las autoridades también aseguraron mil 545 armas de fuego y 18.6 toneladas de drogas.
La fuerza interinstitucional conjunta acumuló 101 mil 907 operativos en el estado. Entre las acciones expuestas aparecen detenciones de objetivos identificados como generadores de violencia, intervenciones en Frontera Comalapa, Tapachula y la Selva Lacandona, así como operaciones marítimas frente a las costas chiapanecas.
“Chiapas es un estado prioritario para la seguridad del país”, señaló García Harfuch al referirse a su frontera con Guatemala, la salida al océano Pacífico y el movimiento permanente de personas y mercancías. El funcionario explicó que estas condiciones requieren presencia territorial, inteligencia, investigación y coordinación institucional.
La estrategia también llega a comunidades
La política de seguridad incluyó 439 sesiones de la Mesa de Paz estatal y 5 mil 289 reuniones regionales entre diciembre de 2024 y septiembre de 2026. De esos espacios surgieron 2 mil 23 acuerdos, además de acciones para atender conflictos sociales y agrarios.
En materia preventiva se realizaron 267 jornadas de paz con actividades dirigidas a mujeres, niñas, niños y jóvenes. El programa de desarme permitió además recibir 158 armas de fuego entregadas voluntariamente en 19 municipios, a cambio de dinero y con destrucción inmediata del armamento.
El gobernador Eduardo Ramírez sostuvo que la coordinación entre autoridades ha sido uno de los componentes centrales del despliegue: “Somos un solo equipo, nos coordinamos y cooperamos, pero lo fundamental es que haya confianza”.
El crimen organizado ensombrece Chiapas
A pesar de la mejora en los indicadores macroeconómicos de delincuencia comunes, investigaciones independientes señalan problemas estructurales focalizados.
De acuerdo con estudios publicados por instituciones como ECOSUR, la violencia en Chiapas ha tenido una fuerte reconfiguración territorial debido a los enfrentamientos en las zonas fronterizas entre el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y bandas locales por el control del tráfico de drogas, armas y personas.
Otros reportes como los publicados en Eirene (Estudios de Paz y Conflictos) arrojaron que casi el 59% de los actos violentos ligados al crimen organizado y conflictos políticos se concentran en la región Sierra-Fronteriza.
Además, el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) ha documentado que más de 26,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en comunidades rurales debido a amenazas de extorsión, bloqueos y reclutamiento forzado por parte de grupos armados. Aun así, el gobernador del estado aseguró que aproximadamente el 95% de las personas han regresado a sus hogares.
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