El Gobierno estatal dio a conocer que los exfuncionarios son acusados de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
SinEmbargo.
Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, presentó denuncias penales en contra de cuatro exfuncionarios públicos de la administración de Silvano Aureoles Conejo y un representante legal de una empresa privada por el presunto manejo irregular de más de cinco mil millones de pesos.
La Secretaria de Contraloría, Azucena Marín Correa, y el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, dieron a conocer que las denuncias fueron presentadas el pasado 16 de febrero ante las fiscalías especializadas en materia de Delincuencia Organizada y de Combate a la Corrupción, así como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los funcionarios detallaron que los probables delitos en agravio del Gobierno del Estado de Michoacán son: enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Carlos Torres Piña aclaró que, por la naturaleza de las denuncias e investigaciones, el Gobierno de Michoacán mantendrá la secrecía sobre los detalles de las denuncias; no obstante, informó que entre los hallazgos que se hicieron se encontró que se firmaron contratos con una empresa que no contaba con la capacidad económica y jurídica suficiente para prestar servicio al momento de su contratación, además de que realizaron pagos con cantidades excesivas y adjudicaciones de inmuebles, por encima de su valor comercial por más de 652 millones de pesos.
Además, agregó que otros siete exservidores públicos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones, cohecho y peculado, en virtud de que se detectaron documentos alterados, cheques extraordinarios a sus percepciones salariales y transferencias a empresas calificadas como irregulares por la SHCP.
Añadió que dichas denuncias podrían ampliarse si en las demás investigaciones de auditoría resultan otros implicados en los probables delitos cometidos en agravio del Gobierno estatal.
Finalmente, explicó que de acuerdo con la información obtenida y conforme avance la investigación, se pueden llegar a presentar hasta 18 denuncias en total, sólo de este mismo hallazgo en una dependencia.
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