Por Heidi de León Gutiérrez | Diario Avanzada
Colima, México, Avanzada (06/11/2023).- El gobierno de Colima nuevamente se encuentra en el ojo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al registrar observaciones en su ejercicio fiscal del año 2022. Un hecho destacado en el informe de la ASF es la compra de una costosa camioneta blindada que no ha sido localizada en la dependencia a la cual fue asignada.
El reporte de la ASF revela que el gobierno de Colima adquirió una camioneta blindada con un valor cercano a los 4 millones de pesos, pero en la dependencia en donde se ejercieron los recursos no se encontró la unidad.
Este hallazgo, que fue señalado durante la revisión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) del ejercicio 2022, ha provocado que el gobierno de Colima tenga un monto por aclarar de 3 millones 990 mil pesos correspondientes a dicho fondo.
La ASF detalla en su informe que esta situación se debe a que las autoridades locales adquirieron una camioneta blindada que no fue presentada ni localizada en la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, lugar especificado en el contrato como el punto de entrega, así como en el acta de entrega y la constancia de recepción de los bienes.
La máxima instancia fiscalizadora del país ha concluido que, en el manejo de los recursos del FASP, “la entidad federativa infringió la normativa del fondo, principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Además de este asunto, se presumen violaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, y al Convenio de Coordinación, lo que podría generar un probable daño a la hacienda pública federal.
Entre otras observaciones, la ASF también ha detectado el uso de 261 mil 582 pesos pertenecientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), que se destinaron al pago de un trabajador que no contaba con la documentación que acredita la preparación académica requerida para su puesto.
Estos señalamientos forman parte de la segunda entrega del informe de la ASF y faltaría la tercera entrega de las cuentas del 2022 en donde se fiscaliza el fondo de salud y la nómina educativa.
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