12 de enero de 2024.– El gobierno tiene la “intención deliberada de causar una fractura al movimiento de los padres” y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, declaró su abogado, Vidulfo Rosales Sierra.
“Vino este año y lo que vimos en las mañaneras es un constante ataque a los compañeros del Centro Prodh, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes [GIEI], pero ataques de mala fe, que llevan implícito un intento de generar una desconfianza en los padres de familia”.
En concreto, se refirió a la liberación de “mas de 50 personas” que fueron torturadas a petición del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. “En el fondo, hay un intento de restar credibilidad al trabajo del Prodh, poner en duda su actuar y que los padres empiecen a tener alguna confrontación con los compañeros del Centro Prodh y nos lleve a una división”, afirmó en entrevista con Julio Astillero.
Asimismo, acusó que desde el gobierno federal existe una estrategia para confrontar a los padres y madres de los normalistas tanto con el Centro Pordh como con Ángela Buitrago, integrante del GIEI.
“Lo mismo ocurre con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Se acusa a Ángela Buitrago de haberle pedido al presidente que retardara la detención de Murillo Karam, olvidándose el presidente de dar respuesta al tema de los 800 folios”.
Insistió en la demanda de las víctimas de presentar los 800 folios en poder del ejército que podrían contener información relevante sobre el paradero de los jóvenes. “Le hicimos ver al subsecretario [Arturo Medina] que era necesario –más que volver a abrir los archivos– que se pusieran a disposición de la CoVAJ estos 800 folios faltantes y que un tercero los pudiera revisar, pudiera ser el GIEI, la ONU o la Comisión Interamericana” de Derechos Humanos (CIDH).
En cuanto a la reunión de ayer con autoridades gubernamentales, aseveró que López Obrador convocó “de manera deliberada” a un pequeño grupo de padres que fueron cooptados por José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, con miras a “quebrantar la unidad”.
“Nos damos cuenta de que está un grupo pequeño, minúsculo, de unos padres de familia que fueron expulsados del grupo principal porque empezaron a ser cooptados por los Abarca, a través de un personaje que se llama Pedro Segura. Eso lo sabe el gobierno, sabe cuáles son los intereses de este pequeño grupo, saben que fueron a exigir la libertad de Abarca”.
Ahondó en que en esta última parte del sexenio se han dejado de impulsar aspectos relevantes de la investigación, como la extradición de Tomás Zerón de Lucio y la indagación sobre 17 estudiantes que fueron llevados a Barandilla, una localidad de Iguala, Guerrero.
Finalmente, dijo que buscarán una reunión directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador para saber sus posicionamientos sobre el caso. “En lo que resta de esta administración, los padres de familia vamos a estar solicitando una reunión directa con el presidente, a fin de que se pueda recomponer el diálogo, de que podamos retomar los temas esenciales y prescindir de la confrontación. Vamos a insistir, a ver qué dice el presidente. No quedará en la cancha de los padres de familia dinamitar reuniones, dinamitar procesos de diálogo.
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