Garduño, acusado de ejercicio indebido de servicio público; se reserva su declaración (nota de SinEmbargo)

El agente del MP aseguró que Garduño Yáñez contaba con un informe realizado tiempo antes del incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que decía que el centro de detención de migrantes perecido no contaba con las condiciones necesarias para existir, por lo que debía de cerrarse.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- El Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, se reservó su derecho a declarar durante la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó formalmente del el delito de ejercicio indebido del servicio público.

En la lectura de los cargos, el Ministerio Público (MP) le detalló sus obligaciones como Comisionado, para con base en ello, señalar la serie de omisiones que cometió, las cuales van relacionadas con el salvaguardar a las personas migrantes dentro de las estaciones del Instituto, además de no cumplir con las obligaciones y leyes que se marcan dentro de los reglamentos del propio instituto y que debía de cumplir después del juramento que realizó al tomar protesta al cargo.

Luego de que el MP realizara la lectura de cargos para pasar a escuchar las declaraciones del imputado, Garduño Yáñez decidió reservarse su derecho de hacerlo.

El Juez de Control, Victor Manlio Hernández, fue informado que el titular del INM contaba con un informe realizado previo al incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que se establecía que dicha instalación del Instituto no contaba con las condiciones necesarias para seguir operando, por lo que debía de cerrarse.

La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez y comenzó poco después de las 9:00 horas.

Originalmente, la audiencia iba a llevarse a cabo el viernes pasado; sin embargo, fue aplazada luego de que la defensa del ahora imputado lo solicitara yua que ese mismo día había recibido la carpeta de investigación realizada por agentes de la FGR, la cual consistía de 10 tomos.

Ese día, a su salida del Centro de Detención, el titular del INM aseguró que no puede hablar sobre el caso ya que se encuentra en un proceso judicial; sin embargo, sí comentó que desde su lelgada a Ciudad Juárez el pasado 28 de marzo, estableció el objetivo de atender a las víctimas, asistir a hospitales, concurrir y apoyar en los servicios médicos que fueran requeridos.

“Mi objetivo fue atender a los familiares y estar atento con ellos para otorgarles visas para que puedan ingresar al país y permanezcan en el territorio nacional las veces que ellos lo requieran. Y mantuve comunicación permanente con los consulados para el reconocimiento de los fallecidos. Así ha sido mi actuación y he estado pendiente y aquí estaré”, agregó.

Horas después del día de hoy, otro Juez deberá decidir si procesa o no por ejercicio ilícito del servicio público al otro directivo involucrado, Antonio Molina, encargado de los procesos de verificación migratoria.

Cuarenta migrantes, la mayoría centroamericanos y venezolanos, murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos en el incendio del 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez, junto a la frontera con Estados Unidos.

Un pequeño grupo de extranjeros prendieron fuego una colchoneta en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo se extendió por el dormitorio donde 68 hombres estaban encerrados sin que ningún guardia abriera la celda para liberarlos, según quedó constatado por las cámaras de seguridad.

Ni Garduño ni Molina ha dejado su cargo tras el suceso y el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su respaldo al jefe del INM pese a que han aumentado las críticas en su contra.

El funcionario de más alto rango procesado hasta ahora ha sido el militar retirado que era jefe del INM en el estado de Chihuahua, el contralmirante Salvador González. Está acusado de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio por omisión, y se encuentra en prisión preventiva al igual que otros cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad privado y el migrante que presuntamente inició el fuego.

El Juez consideró que González era el responsable de las instalaciones siniestradas, que no vigiló que se cumplieran las normas contra incendios ni que los migrantes tuvieran condiciones de estancia dignas.

También dijo que el militar avaló que los extranjeros estuvieran encerrados con candado como si el centro fuera una “prisión preventiva” y recordó que la Corte Suprema consideró inconstitucional detener a los migrantes por más de 36 horas, un periodo que se había superado en muchos casos.