Ganan ejidatarios de Peñuelas primer round contra Nissan en Aguascalientes (nota de Mónica Cerbón en POPLab)

Por primera vez en un litigio que ha durado años, una sentencia del Tribunal Unitario Agrario Distrito 1 obliga a la automotriz Nissan a regresar tierras de uso común al Ejido Peñuelas, de las cuales se apropió durante la llegada de su segunda planta.

A mediados de diciembre pasado, el Ejido Peñuelas ganó el primer round contra la automotriz Nissan por tierras de uso común que la trasnacional se habría apropiado durante la expansión de sus operaciones, en 2012. La sentencia emitida por un tribunal agrario obliga a la empresa a regresar dichas tierras, ubicadas al interior de sus instalaciones.

La empresa fraguó la llegada de su segunda planta al estado en 2011, cuando gobernaba el priista Carlos Lozano de la Torre, un hombre cuyo gobierno estuvo marcado por la priorización de los asuntos económicos, sobre todo a través de empresas trasnacionales.

Las negociaciones para que Nissan ampliara sus operaciones estuvieron llenas de irregularidades, discrecionalidad e incluso reformas ilegales aprobadas en el Congreso del Estado, por órdenes del entonces gobernador. Los detalles fueron consignados en la investigación periodística “Operación Nissan II: La gran inversión que exprimió el dinero público de un estado”, publicada por Connectas en alianza con la Revista Proceso y el acompañamiento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Para adquirir las tierras de los ejidatarios de Peñuelas, el gobierno de Lozano utilizó al Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (FIADE), que de forma discrecional adquirió más de 3 millones de metros cuadrados en Peñuelas para donarlos a Nissan, empresa que revendió una parte de esas parcelas en 17 millones de dólares con ayuda de un hombre de confianza de Lozano.

La compra fue más bien agresiva. Entrevistados en 2020, ejidatarios de Peñuelas relataron cómo dos hombres enviados por el gobierno –Juan Antonio Jáuregui Verdín y Julio Marduk Serrano Jáuregui– los presionaron para vender, algunos incluso lo hicieron a precios por debajo de lo justo, y varios fueron engañados para pagarle una comisión a los “negociantes” del gobierno.

“Llegaron con todos los campesinos, andaban como unas 15 personas. Visitaron a todos los que tenían tierras, iban a negociar a ver en cuánto daban la tierra, los manipulaban, unos dieron más barato otros más caro. Ellos ponían el precio, uno según negociaba pero no, y nos exigieron un tanto por ciento para ellos, una comisión. Se fue dando así, en privado con todos. Nos lavaron el coco. A muchos los obligaron a vender, les decían que los de la orilla ya habían vendido ¿cómo iban a pasar a su tierra?, fueron encerrando a la gente porque quedaban en medio, les decían que se iban a tener que comprar un avión para entrar a sus tierras, los acorralaron”, declaró uno de los ejidatarios en aquél momento.

Para donarlos a la automotriz, los terrenos adquiridos fueron fusionados. En ese proceso, los compradores y la beneficiaria se apropiaron de zonas de uso común: caminos y brechas, conocidas también como “servidumbres de paso”.

Eso desató un conflicto legal desde el 2015, cuando el ejido comenzó a litigar el regreso –o el pago– por esas tierras, que suman poco más de tres hectáreas.

Y aunque son pocas hectáreas, a los ejidatarios les parece injusto que la empresa no haya pagado por ellas y que su uso esté limitado a la planta automotriz. Eran “caminos de comunicación, entradas y salidas” al ejido, “que se apropiaron con la venta”, dijo en entrevista un ejidatario que solicitó no mencionar su nombre por el proceso legal que está en marcha.

A mediados de diciembre pasado, el Ejido Peñuelas ganó el primer round contra la automotriz Nissan por tierras de uso común que la trasnacional se habría apropiado durante la expansión de sus operaciones, en 2012. La sentencia emitida por un tribunal agrario obliga a la empresa a regresar dichas tierras, ubicadas al interior de sus instalaciones.

La empresa fraguó la llegada de su segunda planta al estado en 2011, cuando gobernaba el priista Carlos Lozano de la Torre, un hombre cuyo gobierno estuvo marcado por la priorización de los asuntos económicos, sobre todo a través de empresas trasnacionales.

Las negociaciones para que Nissan ampliara sus operaciones estuvieron llenas de irregularidades, discrecionalidad e incluso reformas ilegales aprobadas en el Congreso del Estado, por órdenes del entonces gobernador. Los detalles fueron consignados en la investigación periodística “Operación Nissan II: La gran inversión que exprimió el dinero público de un estado”, publicada por Connectas en alianza con la Revista Proceso y el acompañamiento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Para adquirir las tierras de los ejidatarios de Peñuelas, el gobierno de Lozano utilizó al Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (FIADE), que de forma discrecional adquirió más de 3 millones de metros cuadrados en Peñuelas para donarlos a Nissan, empresa que revendió una parte de esas parcelas en 17 millones de dólares con ayuda de un hombre de confianza de Lozano.

La compra fue más bien agresiva. Entrevistados en 2020, ejidatarios de Peñuelas relataron cómo dos hombres enviados por el gobierno –Juan Antonio Jáuregui Verdín y Julio Marduk Serrano Jáuregui– los presionaron para vender, algunos incluso lo hicieron a precios por debajo de lo justo, y varios fueron engañados para pagarle una comisión a los “negociantes” del gobierno.

“Llegaron con todos los campesinos, andaban como unas 15 personas. Visitaron a todos los que tenían tierras, iban a negociar a ver en cuánto daban la tierra, los manipulaban, unos dieron más barato otros más caro. Ellos ponían el precio, uno según negociaba pero no, y nos exigieron un tanto por ciento para ellos, una comisión. Se fue dando así, en privado con todos. Nos lavaron el coco. A muchos los obligaron a vender, les decían que los de la orilla ya habían vendido ¿cómo iban a pasar a su tierra?, fueron encerrando a la gente porque quedaban en medio, les decían que se iban a tener que comprar un avión para entrar a sus tierras, los acorralaron”, declaró uno de los ejidatarios en aquél momento.

Para donarlos a la automotriz, los terrenos adquiridos fueron fusionados. En ese proceso, los compradores y la beneficiaria se apropiaron de zonas de uso común: caminos y brechas, conocidas también como “servidumbres de paso”.

Eso desató un conflicto legal desde el 2015, cuando el ejido comenzó a litigar el regreso –o el pago– por esas tierras, que suman poco más de tres hectáreas.

Y aunque son pocas hectáreas, a los ejidatarios les parece injusto que la empresa no haya pagado por ellas y que su uso esté limitado a la planta automotriz. Eran “caminos de comunicación, entradas y salidas” al ejido, “que se apropiaron con la venta”, dijo en entrevista un ejidatario que solicitó no mencionar su nombre por el proceso legal que está en marcha.

Ese argumento fue criticado en la sentencia por la magistrada María de Lourdes Claudia Martínez Lastiri, quien consignó que el perito designado por las partes demandadas, Adán Sánchez Reyes, trató de “confundir” al tribunal “al manifestar que la superficie correspondiente a la servidumbre de paso (…) es parte inherente e integrante de las parcelas y que ésta al quedar sin utilidad, es innecesario su establecimiento”.

La defensa del gobierno también indicó que las tierras en pugna se encuentran ubicadas al interior de la planta, por lo que resultaba “imposible” determinar su localización exacta.

Por su parte, el abogado del ejido argumentó que esos terrenos fueron certificados como caminos y brechas en el acta de la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales celebrada en 1994, como parte de los trabajos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE). La prueba fue admitida por el Tribunal.

El Tribunal agregó que al estar certificadas como brechas, esas hectáreas “no pueden cambiar de destino, si no hasta en tanto la asamblea del ejido lo determine en una asamblea de formalidades especiales”. La juzgadora añadió que resultaba “incuestionable” que en la fusión de las tierras adquiridas se habían incluído las tierras de uso común, por solicitud del FIADE y con la autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal.

Por ello, el Tribunal ordenó a Nissan regresar esas hectáreas y anuló los procesos jurídicos que permitieron donarle esas tierras a la automotriz.

Pero la autoridad agraria determinó que el ejido no es propietario de las tierras, sino que son de uso público; aunque los ejidatarios de Peñuelas son los únicos que podrían cambiar ese tipo de uso en una asamblea “de formalidades especiales”.

“Las brechas son de uso común, entonces esas hectáreas que las constituyen no pudieron pasar a la propiedad de Nissan porque no eran propiedad de los ejidatarios. Lo que hace el Tribunal es nulificar todos los actos respecto a lo que son las brechas, no así lo que son las parcelas porque esas sí fueron vendidas. (…) Las tierras de uso común, según la Ley Agraria, siguen siendo inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, no se pueden enajenar y es lo que dice el el Tribunal Unitario: no se pueden enajenar las brechas porque son tierras de uso común y no pudieron haber sido vendidas”, explicó Óscar de la Torre, especialista en derecho agrario y catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

Aunque el ejido anotó su primera victoria, la automotriz y los codemandados aún tienen recursos legales para defenderse, de los que ya echaron mano, pues el pasado 16 de enero la defensa de Nissan y el actual titular del FIADE, Jesús Jaime Romo, presentaron un recurso de revisión contra la sentencia. El abogado de los ejidatarios presentó un amparo contra esos actos.