Por José Reyes Doria | @jos_redo
El gabinete presidencial realiza diversas funciones más allá de la formalidad establecida en la Constitución. En lo formal, el artículo 90 constitucional establece que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal, y distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado. Los Secretarios de Estado serán nombrados y removidos libremente por el Presidente, salvo el caso de Relaciones Exteriores y Hacienda, que requieren acuerdos con el Senado.
En la dimensión política, el gabinete presidencial también refleja equilibrios y alianzas de poder. Los “negocios del orden administrativo” que señala la Constitución, son inmensos, conllevan grandes parcelas de poder, influencia, contratos, relaciones, recursos y carreras políticas. Los gabinetes presidenciales, por ello, suelen tener la presencia de personajes a primera vista extraños o ajenos al grupo compacto del Presidente electo; a veces, incluso externos al partido gobernante, o también proveniente directamente de sectores poderosos como el empresarial, sindical o mediático.
El Poder Ejecutivo es unipersonal, se deposita en una sola persona, es cierto, pero el poder se sustenta en redes de alianzas, grupos, proyectos o pactos, que requieren finos equilibrios para lograr que la maquinaria gubernamental funcione adecuadamente. Por lo tanto, es inevitable que el Presidente reparta las diversas parcelas de poder que representan las Secretarías de Estado y las entidades paraestatales. En función de estos equilibrios, las grandes decisiones de gobierno se procesan a distintos ritmos e intensidades en el gabinete presidencial, cada Presidente delinea un estilo particular de ejercer el mando supremo.
Por estas razones, lo común había sido que el Presidente electo nombrara a los integrantes de su gabinete pocos días o semanas antes de asumir el cargo, porque el período que va del día de la elección a la toma de posesión es aprovechado para construir los acuerdos internos en la alianza ganadora, y los pactos con los factores de poder que tengan mayor influencia en la coyuntura específica. Derivado de esos acuerdos, viene el proceso de integración del gabinete presidencial procurando la mayor inclusión posible para garantizar funcionalidad y gobernabilidad al mismo tiempo. Desde luego, los acuerdos al respecto también incluyen al Presidente saliente, sus propuestas y opiniones.
El presidente López Obrador, en gran medida, se salió marcadamente de este modus operandi en relación a la integración y significado del gabinete presidencial. Recordemos que AMLO anunció su gabinete en diciembre de 2017, más de medio año antes de las elecciones, y casi un año antes de su toma de posesión. En diciembre de 2017 la victoria de AMLO no era segura ni inevitable, el propio candidato lo sabía y, por eso, presentó un gabinete definido no a partir del objetivo de reflejar equilibrios o alianzas de poder, sino con el objetivo primordial de proyectar moderación e inclusión ante el electorado. Salvo el caso de Estaban Moctezuma en la SEP, que se interpretó como un vínculo con el Grupo Salinas y TV Azteca, el gabinete de AMLO no fue concebido como espacio de articulación política.
Ahora que termina el sexenio de López Obrador podemos interpretar algunas de las razones de su manejo del gabinete. De entrada, el Presidente está convencido de que el poder presidencial es personalísimo, al grado de que él mismo debía hacerse cargo directamente de muchas funciones y atribuciones que las Leyes establecen para los Secretarios de Estado. En numerosas ocasiones vimos a AMLO ignorar o desautorizar a Secretarios de Estado, encomendando a otras personas tareas que no les correspondían: un ejemplo entre muchos, el Canciller Marcelo Ebrard, realizando acciones de la Secretaría de Gobernación o de Salud. El caso más reciente lo estamos viendo con la misión que AMLO le encargó a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, consistente en limpiar de corrupción al ISSSTE.
El caso más significativo es el de las atribuciones que AMLO asignó a los militares en materia de construcción de obra pública, aduanas, administración de bienes y dependencias, transporte de insumos y demás actividades no establecidas expresamente en la Constitución. El propio Presidente lo ha señalado en repetidas ocasiones: no confía en los civiles de su gabinete que, por Ley, deberían realizar esas tareas. Por esa razón, se multiplicaron versiones y testimonios de que AMLO pocas veces recibía a sus Secretarios de Estado para acordar decisiones, algunos de ellos tenían que hacer antesalas larguísimas antes de las conferencias mañaneras para hablar con el Presidente, muchas ocasiones sin lograrlo.
Para AMLO, el gabinete era una especie de mal necesario. Por esa razón, entre otras, se dio el lujo de anunciar a sus integrantes un año antes de su toma de posesión. Los resultados electorales de 2018, donde arrasó, le hicieron más fácil gobernar sin el gabinete, tomar grandes decisiones sin que los grupos de poder que lo apoyaron estuvieran presentes en el propio gabinete. Podemos interpretar que, para hacer sostenible este estilo de gobernar, se hizo necesario que el Presidente atizara la polarización político-ideológica todos los días desde las mañaneras: reafirmarse permanentemente como la encarnación virtuosa del pueblo para arrogarse toda la legitimidad política y gobernar sin gabinete, sin chantajes de los conservadores, sin cuestionamientos de los corruptos.
Ahora es el tiempo de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum. Durante la campaña presidencial se resistió a presentar a los integrantes de su gabinete, a pesar que de muchos lados llegaban presiones, sugerencias, peticiones de que, como AMLO, diera a conocer a su gabinete antes de las elecciones. Claudia sabía que, en plena campaña, si nombraba a su gabinete tendría que poner a personajes totalmente identificados con López Obrador y los sectores más duros-puros del obradorismo, quedando ella misma con poco margen para construir un equipo propio.
Como es natural, los medios y las redes sociales hierven con distintas versiones sobre la presunta existencia de una lucha frontal entre Claudia y AMLO, con motivo de la integración del gabinete del próximo sexenio. Las versiones más radicales afirman que AMLO querría que ese gabinete incluyera a la gran mayoría de los actuales Secretarios de Estado, suyos. Que Claudia estaría dispuesta a ceder espacios, pero por ningún motivo en Gobernación, Seguridad, Educación o Bienestar.
De los seis nombramientos que ya realizó la Presidenta electa, tres de esas personas, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente y Alicia Bárcena han sido integrantes del gabinete o equipo de AMLO; de hecho, Bárcena es actual Canciller del gobierno de López Obrador. Muchos se preguntan si se trata de concesiones de Claudia a AMLO, aunque Marcelo y Juan Ramón son políticos de peso completo, de grandes vuelos, que difícilmente fungirían como emisarios o infiltrados de nadie. Los otros tres nombramientos de Claudia, de entrada, parece que son todos del agrado de Claudia. Una señal de diferenciación respecto a los criterios de AMLO para integrar equipos (90% lealtad, 10% capacidad, dixit), es que se trata de personas con capacidades reconocidas en su área.
Claudia Sheinbaum tiene formación científica, muchos observadores afirman que esa característica permite pensar que actuará de forma más sistemática, con método y orden en la integración de sus equipos y la toma de decisiones. Claudia observa que siempre es mejor gobernar en el marco de las atribuciones legales de las Secretarías de Estado, porque eso asegura una buena gestión pública, un gobierno más eficiente, más fiscalizable y más generador de certidumbre ante la sociedad. Por lo tanto, con más legitimidad derivada del funcionamiento.
Sabe perfectamente que el gabinete es, entre otras cosas, la cristalización de alianzas, equilibrios y mensaje de credibilidad de un proyecto (por ejemplo, hasta ahora, no ha nombrado a un Bartlett). En su entorno entienden que esos equilibrios que debe asegurar el gabinete, requieren que se tome en cuenta al Presidente saliente, sobre todo si se trata de un político tan poderoso como AMLO. Pero entienden también que esos equilibrios y esos pactos, deben tener como vértice a la Presidenta.
La Presidenta debe ser el eje incuestionable del bloque gobernante. El gabinete es el espacio inmediato y propio de Claudia para construir los cimientos de un gobierno viable, propio y exitoso. La Constitución le da preeminencia exclusiva para integrar su gabinete. La política la limita en esa decisión, pero la investidura tiene el potencial de transformar lo formal en real, convertir el mandato en poder real.
El escenario es sumamente interesante, porque el gabinete es fundamental para reafirmar el poder legítimo de la Presidenta. Las concesiones que pueda hacer a grupos de poder aliados, en particular las otorgadas a AMLO, pueden complicar la definición y la ejecución de un proyecto propio. Pero no son insuperables, si se ejerce un liderazgo eficiente, basado en un enorme respaldo popular como el obtenido por Claudia Sheinbaum en las urnas. Los distintos espacios del poder público, como el Congreso, las fuerzas armadas, los gobiernos locales, tarde o temprano llegan a la conclusión de que un mandato de ese calibre es la vía para avanzar.
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