Por Dalia Lara López[1]
La “guerra contra el narco” es la principal causa por la que las mujeres son encarceladas en América Latina. Cada vez hay más personas privadas de la libertad, pero esto no ha disminuido el tráfico de narcóticos ni la proliferación de la violencia.
En México la violencia se ha convertido en el sello de identidad de nuestra historia reciente, el inicio de la presidencia de Felipe Calderón y su estrategia de seguridad estrella, la llamada “guerra contra el narcotráfico”, hicieron del año 2006 un punto de inflexión que marcó un antes y después en la historia contemporánea de nuestro país. Una de las consecuencias más graves que tuvo esta estrategia fallida es la grave crisis de derechos humanos que atravesamos en México, lo cual se hace particularmente evidente al evaluar las deficiencias del sistema penitenciario.
Sobre esto último, se debe apuntar que la guerra contra el narco trajo consigo una profundización del enfoque punitivista en el sistema de justicia, que lejos de resolver el problema de raíz se convirtió en un paliativo que es utilizado políticamente para simular que el Estado verdaderamente atiende el problema cuando en realidad en muchos casos sólo se ha dedicado a encarcelar personas sin el debido proceso.
En este sentido el aumento de sentencias y la reciente ampliación de la lista de delitos que se enumeran en el 19 constitucional son muestra de lo que los expertos han llamado “populismo punitivo”, que consiente en la instrumentalización del número de personas en reclusión con el fin de presentar una falsa sensación de justicia y seguridad. Lejos de tener un resultado positivo, esto sólo ha provocado condiciones infrahumanas en los sobrepoblados “Centros Federales de Reinserción Social” que, dicho sea de paso, no parecen tener ningún interés en la reinserción de las personas privadas de la libertad.
Por otra parte, es destacable que el punitivismo populista afecta en mayor medida a las mujeres. En los últimos 20 años a nivel mundial, la población femenina en reclusión ha aumentado de manera acelerada, en la cuarta edición de la Lista Mundial de Mujeres Encarceladas publicada por la Universidad de Londres se señaló que entre el año 2000 y 2017 la población total de mujeres encarceladas se incrementó en un 53%, mientras que la de los hombres aumentó únicamente en un 19.6%. Sin embargo en América Latina este aceleramiento ha sido aún más dramático, especialmente a partir de la aplicación de las políticas punitivistas antidrogas, en este sentido, resalta que el continente americano es la región del mundo con mayor número de personas privadas de la libertad, ejemplo de ello es que, mientras que para el 2019 se estimó que el número de prisioneros por cada 100,000 habitantes a nivel mundial fue de 152 personas, en el caso de América esta cifra se disparó a 379 personas por cada 100,000 habitantes, siendo Latinoamérica y el Caribe la segunda subregión con mayor número de personas encarceladas después de los EEUU.
En cuanto al caso particular de las mujeres en reclusión, la Washington Office on Latin America (WOLA) ha señalado que los delitos relacionados con drogas son la causa número uno del encarcelamiento de mujeres en en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. En otras palabras, podemos decir que una de las graves consecuencias de la importación de la política norteamericana de “la guerra contra las drogas” y su aplicación en la región, ha sido el dramático aumento del encarcelamiento de mujeres.
En el caso mexicano tan sólo entre 2000 y 2021 la población femenil penitenciaria se duplicó, pasando de 6,813 reclusas a 12,480.[2] En 2012, el CIDE presentó la “Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social”, en donde se obtuvo del muestreo representativo que en aquel año el 60.2% de los internos estaban ahí por delitos contra la salud, mientras que en el caso de las mujeres la cifra se disparaba al 80%. Esto quiere decir que en 2012, 8 de cada 10 mujeres estaban privadas de la libertad por delitos relacionados con el narcotráfico.
¿Pero que cada vez más mujeres se encuentren tras las rejas significa necesariamente que con el pasar de los años las mujeres se han involucrado más en las organizaciones dedicadas al tráfico de narcóticos? Aunque a simple vista pudiera parecer que así es, en realidad este es sólo un síntoma de la ineficiencia de la “guerra contra el narco” y de su impacto en las poblaciones ya de por sí segregadas, pues lejos de ser las “señoras del narco”, las mujeres que son privadas de la libertad más bien suelen ocupar los estratos más bajos de las organizaciones criminales, siendo utilizadas como mulas, “halconas”, sicarias o simples acompañantes, de modo que corren los mayores riesgos y obtienen las peores ganancias.
Además, a lo anterior se deben añadir condiciones como la feminización de la pobreza, las desigualdades estructurales y la dependencia emocional y económica a los varones, factores que suelen ser un patrón de las mujeres que participan en el narco. Es ello que la criminóloga Chesney-Lind ha afirmado que “la guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres”.
Por si esto fuera poco, son las mujeres quienes son especialmente afectadas por las deficiencias del sistema de justicia. Un ejemplo de ello es la prisión preventiva oficiosa que las afecta en mayor medida a comparación de los hombres, de modo que en México actualmenteel 46% de las mujeres en reclusión no han sido declaradas culpables y pueden permanecer hasta más de dos años privadas de la libertad sin haber recibido una sentencia, lo que es claramente violatorio de los ddhh.
En suma, es evidente que atacar al problema del narcotráfico como un tema de seguridad nacional en lugar de tratarlo como un tema de salud pública, ha tenido un impacto particularmente negativo en las poblaciones históricamente vulnerables como es el caso de las personas en situación de pobreza, las personas racializadas y, como hemos visto, las mujeres. Comprender la problemática del narcotráfico desde una perspectiva de género sigue siendo una asignatura pendiente, pues las representaciones hegemónicas de mujeres en el narco han perpetuado estereotipos que no reflejan la realidad de las mujeres que directa o indirectamente sufren las consecuencias de este fenómeno.
Es evidente que cada vez más personas están siendo privadas de la libertad pero esto no ha reducido el tráfico de narcóticos y mucho menos ha atendido el problema de la violencia generalizada que vivimos en nuestro país, por lo que es urgente cambiar el enfoque y tomar en cuenta las propuestas planteadas desde la justicia restaurativa.
[1] Dalia Lara López es historiadora de la UNAM, especialista en estudios de género, violencia y movimientos sociales del siglo XX. Twitter @DaliaLaraa_
[2] CUADERNO MENSUAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PENITENCIARIA NACIONAL (diciembre 2021)
