El fin de semana murió uno de los inquilinos desalojados
Dana Estrada | OEM-Informex
Una parte de la calle República de Cuba permanece cerrada por colchones, libreros, sillas, mesas, camas y otros bienes de los inquilinos desalojados la mañana del 27 de agosto, y quienes se alojan en casas de campaña al no contar con un techo.
Ahí, no solo resguardan sus bienes, también las de Adrián Montoya, quien, afectado por la manera en que se llevó a cabo el operativo, decidió abandonar el lugar. Fue reportado como desaparecido el 28 de agosto y hallado sin vida dos días después, a causa de golpes, contaron sus familiares.
Los inquilinos del número 11 de esta calle del Centro Histórico señalan que durante el desalojo, los cargadores sacaron muebles, cajas, colchones y mercancías a la calle, dejando a los habitantes, en su mayoría adultos mayores, sin techo y con dificultades para acceder a sus bienes.
Un predio vendido cuatro veces
La situación se complica por la historia del inmueble de 19 departamentos y ocho locales comerciales que por años ocuparon 27 familias. El edificio, propiedad de Fernando Adolfo Pérez Díaz de León, quien falleció en 1992 sin dejar herederos, ha sido vendido cuatro veces. Tras la muerte del propietario, una persona a nombre de una empresa (cuyo nombre no revelan debido a una denuncia colectiva que preparan) comenzó a cobrar la renta a los inquilinos, quienes pagaron durante 25 años y conservan los recibos.
La situación se complica por la historia del inmueble de 19 departamentos y ocho locales comerciales que por años ocuparon 27 familias
En 2017, ese supuesto arrendador desapareció y los vecinos continuaron pagando servicios de agua, luz y gas, así como el mantenimiento del inmueble, hasta el día del desalojo.
Con ayuda de un abogado, los inquilinos descubrieron (en el Registro Público de la Propiedad Privada) que en el 2017, la persona que comenzó a cobrarles renta, luego de la muerte del señor Pérez Díaz de León, inició un juicio en Tizayuca, Hidalgo, para quedarse con el inmueble.
Cinco años después, el predio fue escriturado a nombre de dicha persona y vendido tres veces más. Las últimas dos propietarias, Mireya Díaz y Virginia Domínguez, llevaron el litigio al Juzgado 54 Civil de la Ciudad de México, donde solicitaban la escrituración del inmueble y la entrega de llaves.
El Juzgado resolvió a favor de las reclamantes, y autorizó el desalojo, sin notificar a los 27 inquilinos afectados.
“No sabíamos que había un juicio contra un muerto, de las cuatro ventas, y que había una orden arbitraría de desalojo. En ocho años nadie nos dijo nada”, dijo uno de los inquilinos.
Los vecinos exigen al Gobierno de la Ciudad de México reabrir el diálogo, pues la mesa programada para el miércoles pasado se canceló.
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