@jos_redo
De cara a la elección del 6 de junio para renovar la Cámara de Diputados, muchos comentaristas y no pocos políticos generan expectativas equivocadas respecto a los alcances políticos de que MORENA y sus aliados ganen la mayoría calificada (dos terceras partes). Tienen la idea de que ello permitirá al Presidente Andrés Manuel López Obrador reformar la Constitución con mayor facilidad en la LXV Legislatura que comienza el próximo 1º de septiembre.
Es evidente que existe confusión al respecto. Aun obteniendo mayoría calificada en la Cámara de Diputados, Morena NO podrá reformar en automático la Constitución, porque en el Senado NO tiene mayoría calificada; y el Senado NO está en juego en estas elecciones. Recordemos que, para realizar reformas constitucionales, se activa lo que se conoce como el Constituyente Permanente, por el cual las reformas deben ser aprobadas en ambas Cámaras por mayoría calificada y posteriormente en la mayoría de los Congresos locales.
El Senado tiene 128 senadores. Morena y sus aliados del PT, PES y Verde suman 77 escaños. Necesitan nueve votos más para llegar a la mayoría calificada de dos terceras partes. Para aprobar una reforma a la Constitución en el Senado, Morena tiene que convencer al menos a 9 senadores del PAN, del PRI, de MC o del PRD, como lo ha hecho en las múltiples reformas constitucionales llevadas a cabo en la actual Legislatura. Repito, el Senado no está en juego en estas elecciones, se renueva cada seis años, por lo tanto, seguirá presentando la correlación política antes descrita.
Une vez clarificado esto, pueden prefigurarse con mayor precisión los escenarios políticos en la segunda mitad del sexenio de López Obrador. El avance y la consolidación de los proyectos y la agenda legislativa de la llamada Cuarta Transformación dependen en buena medida de la alineación de fuerzas en el Congreso. Las reformas constitucionales son cruciales para blindar ciertas políticas estratégicas de AMLO, como las relativas al sector energético. Ante la evidencia de que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos recientemente aprobadas contravienen la Constitución, se hace ineludible reformar la Carta Magna para dar validez a esas reformas legales.
El proyecto de AMLO tiene como uno de sus ejes estratégicos recuperar la rectoría en las industrias de los hidrocarburos y la energía eléctrica. El proyecto requiere que el Estado tenga prioridad absoluta en la exploración, producción y comercialización del petróleo, con una reducida o nula participación de empresas privadas. Situación similar se persigue en el tema de la energía eléctrica. Tanto PEMEX como la CFE son las empresas públicas que deben realizar los esfuerzos del Estado para recuperar la soberanía y garantizar la seguridad energética.
Al gobierno de AMLO le queda cada vez más claro que, si quiere lograr esto, es necesario reformar la Constitución, porque es inconstitucional pretender esos cambios a través de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos. En otras palabras, es necesario echar abajo la reforma energética de Enrique Peña Nieto, cambiar los postulados constitucionales a fin de adecuarlos al proyecto obradorista. Si no hay reformas constitucionales, las reformas legales de AMLO en materia energética serán declaradas inconstitucionales y, además, serán combatidas en tribunales nacionales e internacionales por las empresas privadas afectadas.
Por esas razones, es evidente la necesidad de identificar con certeza las implicaciones políticas que MORENA retenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Es importante dimensionar las expectativas, porque el Senado seguirá teniendo la actual composición, donde MORENA y sus aliados no tienen mayoría calificada.
En conclusión, aun arrasando en las elecciones para la Cámara de Diputados, el gobierno y su partido tendrán que negociar, dialogar, convencer o doblegar a la oposición en el Senado para lograr las reformas constitucionales deseadas. En cuanto a los Congresos de los estados, actualmente MORENA tiene mayoría en 19 de ellos, tres más que los necesarios para aprobar reformas a la Constitución. Sin embargo, en las elecciones del 6 de junio estarán en juego 30 Congresos locales y la situación puede cambiar si MORENA pierde el control de 15 o más de éstos, pues el Presidente y su partido tendrían dos obstáculos para reformar la Constitución: no contar con mayoría calificada en el Senado y no contar con mayoría en 16 o más Congresos locales.
En cualquier escenario el gobierno de AMLO tiene que seguir haciendo política parlamentaria en el Senado, si quieren avanzar aceleradamente en las reformas constitucionales de su proyecto. No estaría de más, también, pensar la probabilidad del escenario adverso como resultado de las elecciones, es decir, que puedan perder la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, con lo cual ya no podría reformar ni las leyes secundarias y perdería el control del presupuesto.
Siempre es útil considerar todos los escenarios, para poder construir un Plan B y hasta un Plan C para, en dado caso, recuperar el posicionamiento político. Recordemos que, si bien MORENA y sus aliados tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no la ganaron en las urnas, no es producto del voto popular; se debe que el Partido Verde, fiel a su costumbre, se sumó sin pudor a la nueva mayoría, como lo hizo antes con el PAN y con el PRI. También, que aliados como el PT, el PES, RSP y FM, así como pueden contribuir a un gran triunfo de la 4T, igual pueden resultar un fiasco y hasta perder su registro.
