Exigimos el resarcimiento del daño causado por la privatización de ferrocarriles: líder ferrocarrilero (por Isaac Rosales de Astillero Informa)

15 de febrero de 2024.– Eduardo Canales, líder del del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (Ferro) especificó que lo que los ex trabajadores demandan es que haya una justicia social por haber dejado sin trabajo a miles de familias después de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México.

“La petición de nuestra parte para el gobierno federal –un gobierno con visión social– es el resarcimiento del daño causado con motivo de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, que, de un día para otro, dejó sin trabajo a miles de trabajadores ferrocarrileros”, dijo en entrevista con Julio Astillero este jueves.

Si bien reconoció que la justicia jurídica llegó cuando recibieron su liquidación, hizo saber que la justicia social aún está pendiente. “La justicia social consiste en que el gobierno repare el daño de haber dejado sin trabajo a miles de familias ferrocarrileras”, explicó.

Detalló que hace 27 años, cuando se llevó a cabo la privatización, “había un promedio de 80 mil trabajadores ferrocarrileros en servicio, pero, al finalizar el proceso, quedaron 10 o 12 mil trabajadores en servicio nada más, lo que indica que más de 60 mil ex ferrocarrileros se quedaron en limbo, sin trabajo, sin sustento familiar”.

Apuntó que el compromiso del gobierno se basa en “una compensación única que consta de una cantidad fija por cada año de servicio” y que ellos han “propuesto una cantidad de 25 mil pesos por cada año”.

Dio cuenta de que han “presentado un listado de 3 mil 887 compañeros que están en Ferro –nos tardamos más de 30 días en revisar uno por uno si, efectivamente, eran ex trabajadores, si cumplían con la antigüedad y el salario que señalaron. Por tanto, ya están autorizados y reconocidos como ferrocarrileros”.

En ese sentido, plantearon “un plan piloto con esa cantidad de ex trabajadores y que después sacaran la plataforma para que todo aquel interesado que se sienta con derecho pudiera solicitar el apoyo de justicia social del gobierno”, expuso.

“Queremos que se nos defina una de tres cosas: que se aplique el plan piloto con los 3 mil 887 compañeros reconocidos o que se elabore un escrito con un compromiso de que el decreto se formalizará y tenga una fecha exacta de aplicación o que nos digan sí o no […] y en entonces que diga el presidente ‘saben qué, pues no cumplo mi palabra. Yo les ofrecí esto y no se los cumplo’, que yo espero que no sea su respuesta”, manifestó..

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