El Departamento del Tesoro de EU también sancionó a nueve empresas por presuntamente integrar una red de contrabando de combustible y evasión fiscal que habría generado millones de dólares para el CJNG
Pablo Rodríguez | OEM-Informex
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a dos empresarios mexicanos por su presunta participación en una red de contrabando de combustible y evasión fiscal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A la organización criminal las autoridades estadounidenses le atribuyen la obtención de decenas de millones de dólares al año mediante el llamado huachicol fiscal.
La acción fue anunciada de manera conjunta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), que emitieron una alerta dirigida a instituciones financieras sobre los esquemas utilizados por el CJNG para introducir combustible de Estados Unidos a México mediante documentación aduanera falsa, empresas fachada y evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
De acuerdo con la acusación el esquema de contrabando de combustible opera a través de empresas mexicanas que cuentan con permisos emitidos por la Comisión Nacional de Energía (CNE), los cuales únicamente autorizan la compra de combustibles.
Sin embargo, señala que estas compañías carecen de las autorizaciones necesarias de la Secretaría de Energía (Sener), dependencia responsable de otorgar los permisos para la importación, distribución y comercialización del combustible en el país.
La investigación sostiene que el combustible es trasladado hacia México mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril y flotas marítimas clandestinas. Para ingresar el producto sin pagar los impuestos correspondientes, presuntamente se falsifica la documentación aduanera al declararlo como “aceites usados”, “lubricantes” o “residuos peligrosos”.
Uno de los sancionados es Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como un operador financiero que presuntamente crea y administra empresas fantasma para facilitar el contrabando transfronterizo de combustible y falsificar documentación aduanera con el fin de eludir impuestos en México, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.
Las autoridades estadounidenses acusan a Oscar Juraidini de controlar seis empresas en el país dedicadas a los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario, además de una compañía en Reino Unido.
Las empresas sancionadas por las autoridades estadounidenses se encuentran Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y Cucumber Sweet Waves Ltd.
El segundo empresario designado es J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por introducir combustible de contrabando a México sin los permisos correspondientes y por presuntamente pagar sobornos a grupos criminales que controlan cruces fronterizos.
La OFAC también sancionó a las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, a las que relaciona con operaciones financieras y logísticas del CJNG.
“Según los hallazgos de la investigación publicados por la Fiscalía General de la República de México, Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en el narcotráfico”, dice el comunicado de la dependencia del gobierno estadounidense.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que estas medidas buscan afectar nuevas fuentes de financiamiento de los cárteles mexicanos.
“La medida adoptada hoy pone de manifiesto hasta qué punto los cárteles mexicanos están expandiendo su actividad más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales”, señaló Scott Bessent.
Según FinCEN, el contrabando de combustible se ha convertido en la principal fuente de ingresos no relacionada con el narcotráfico para los cárteles mexicanos.
El organismo explicó que estas redes utilizan intermediarios, empresas fachada y el sistema financiero para adquirir combustible en Estados Unidos, para posteriormente introducirlo ilegalmente a México y comercializarlo mediante gasolineras y distribuidores vinculados a organizaciones criminales.
De acuerdo con las investigaciones las ganancias obtenidas mediante estos esquemas son utilizadas para el lavado de dinero, la adquisición de bienes de lujo, inversiones inmobiliarias y, para financiar actos de corrupción mediante pagos a funcionarios, campañas políticas y otros actores que facilitan las operaciones del crimen organizado.
Hacienda se une a medidas y también bloquea cuentas a 9 más
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que se une a las medidas adoptadas por EU y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos designados por OFAC por sus presuntos vínculos con el CJNG y empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito
La medida también afecta a nueve personas adicionales a las que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó, según añadió la SHCP.
En un comunicado, explicó que la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, identificando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.
Con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su utilización para actividades presuntamente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícitaComunicado Secretaría de Hacienda
De esta manera, la dependencia reiteró que se mantiene la coordinación entre las autoridades de ambos países; se fortalecen mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sobre todo, evitar que se debiliten las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.
Así como, indicó, se apega al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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