En febrero, la Secretaría de Agricultura mexicana publicó un decreto por el que se prohíbe adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado, además del glifosato.
SinEmbargo.mx
Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).– Estados Unidos solicitó la realización de consultas para resolver una disputa en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, EU y Canadá, conocido como T-MEC, con respecto a la prohibición en territorio mexicano del maíz transgénico, anunció este viernes la representante comercial estadounidense Katherine Tai.
La oficina del representante comercial de EU (OUSTR, por sus siglas en inglés), detalló que la solicitud tiene que ver con “medidas relativas a los productos de la biotecnología agrícola” en un comunicado donde anunció la decisión.
“Estados Unidos ha expresado repetidamente su preocupación de que las políticas biotecnológicas de México no se basan en la ciencia y amenazan con interrumpir las exportaciones estadounidenses a México en detrimento de los productores agrícolas, lo que a su vez puede exacerbar los desafíos de seguridad alimentaria”, argumentó Tai.
“Las políticas de biotecnología de México también sofocan la innovación agrícola que ayuda a los agricultores estadounidenses a responder a los desafíos climáticos más urgentes, a aumentar la productividad agrícola y a mejorar los medios de vida de los agricultores”, añadió la representante.

Por último, aseguró que continuarán trabajando con el Gobierno mexicano “a través de estas consultas para resolver nuestras inquietudes y ayudar a garantizar que los consumidores puedan continuar accediendo a alimentos y productos agrícolas seguros y asequibles”.
Por su parte, el Secretario de Agricultura, Tom Vilsack, señaló que su dependencia “apoya el éxito de todos los agricultores, y eso significa adoptar un comercio justo, abierto, científico y basado en reglas”. “Con este espíritu, el T-MEC se redactó para garantizar que los productores de los tres países tengan acceso completo y justo a los mercados de los demás”, completó.
“A través de esta acción, estamos ejerciendo nuestros derechos bajo USMCA mientras apoyamos la innovación, la seguridad nutricional, la sostenibilidad y el éxito mutuo de nuestros agricultores y productores”, agregó.
Este mismo jueves, alrededor de 60 congresistas redactaron una carta exigiendo a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) a que tomara acciones contra México por no hacer cambios en sus políticas para la importación de maíz transgénico, luego de que culminara el periodo de consultas técnicas.
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El legislador Adrian Smith, presidente del Subcomité de Comercio de la Comisión de Medios y Arbitrios, encabezó la misiva firmada por 62 miembros del Congreso hacia Katherine Tai, titular de la USTR en el que piden emplear las herramientas disponibles en el T-MEC para responsabilizar a México por sus políticas relacionadas con el maíz transgénico.
La carta señala que han transcurrido dos meses desde que se habían llevado a cabo acciones de consultas técnicas con México para atender sus políticas; sin embargo, en dicho lapso no han habido acciones significativas, por lo que es necesaria la topa de medidas adicionales.
“Quizás lo más importante, es que la falta de acción crearía un precedente peligroso de que las promesas hechas bajo el T-MEC y otros acuerdos comerciales por extensión pueden ignorarse sin consecuencias”, advirtieron los congresistas.

En marzo de este año, el Gobierno de Canadá habría presentado una solicitud de consultas también bajo el T-MEC por el decreto mexicano que prohíbe la importación de maíz transgénico. Y es que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), del Gobierno de México publicó el pasado el 13 de febrero de 2023, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un decreto por el que se prohíbe adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado en el país.
El decreto del Gobierno de México estableció como periodo de transición para el desarrollo y escalamiento de las acciones previstas, el cual comprende de la fecha de entrada en vigor del mismo y hasta el 31 de marzo de 2024.
Según el decreto, el Gobierno federal busca fomentar el establecimiento y generación de alternativas y prácticas “sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción agrícola y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el medio ambiente, libres de sustancias tóxicas que representen peligros agudos, crónicos o subcrónicos”.

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