Por: Parker Asmann de InSight Crime.
Una corte estadounidense imputó a tres altos funcionarios de la policía federal mexicana de recibir millones de dólares en sobornos a cambio de proteger las actividades criminales del Cartel de Sinaloa. Los imputados eran, se supone, encargados de liderar la guerra antinarcóticos con el apoyo de Estados Unidos, lo que pone en tela de juicio una vez más las fallas en la estrategia de seguridad de Washington y sus aliados.
Genaro García Luna, secretario de seguridad pública de México entre 2006 y 2012 fue acusado en un acta de imputación del 30 de julio de “participar en una empresa criminal continuada”, en la cual él y los exfuncionarios Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García estuvieron al servicio de uno de los grupos del crimen organizado más poderosos del país.
El exalto funcionario de México “traicionó a quienes juró proteger al aceptar sobornos de miembros del Cartel de Sinaloa para facilitar sus delitos”, señaló el fiscal Seth DuCharme en el anuncio del 30 de julio. Se supone que en dos ocasiones por lo menos, miembros del Cartel de Sinaloa “entregaron personalmente pagos de sobornos [por millones de dólares]” a García Luna.
Durante más de una década, entre 2001 y 2012, los tres funcionarios acusados prestaron servicios de gran valor, como “comprometerse a no interferir” con cargamentos de drogas de varias toneladas de propiedad del Cartel de Sinaloa, dándoles acceso a “información policíaca sensible” que tenían las autoridades sobre ellos, “atacando a sus rivales” y “nombrando a otros funcionarios corruptos en cargos de poder” en las zonas controladas por el grupo, añade la imputación.
Además del cargo de empresa criminal continuada —el mismo que se imputó al exjefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y por el que fue sentenciado a cadena perpetua— los exfuncionarios de policía enfrentan diferentes cargos de narcotráfico. García Luna presuntamente ayudó al Cartel de Sinaloa a traficar seis cargamentos de cocaína que sumaron 50,000 kilogramos hacia Estados Unidos entre 2002 y 2007.
García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 en el estado de Texas. Cárdenas Palomino y Pequeño García aún no han sido aprehendidos. De ser condenado, García Luna enfrenta penas entre 20 años de prisión y cadena perpetua. Los otros dos agentes enfrentan entre 10 años de cárcel y cadena perpetua.
Análisis de InSight Crime
Los cargos contra los principales adalides de la guerra antinarcóticos en México durante la administración del expresidente Felipe Calderón los ponen en los círculos de narcotráfico más importantes del país.
Aunque esos cargos vienen de autoridades estadounidenses, vuelven a poner en evidencia las fallas en la política de seguridad de Estados Unidos y la negligencia de México.
En la gestión de García Luna, Cárdenas Palomino fungió como director de operaciones regionales de la policía federal entre 2006 y 2012. Pequeño García encabezó la división antinarcóticos de la policía federal, que supervisaba la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU) bajo la veeduría especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, según un reportaje de ProPublica.
Sin embargo, esa vigilancia no se aplicaba a la cúpula de la unidad, de la que durante largo tiempo se rumoró que filtraba información privilegiada a los grupos criminales de México. Dos investigaciones de la periodista de ProPublica Ginger Thompson en 2017 develaron cómo esto llevó a por lo menos dos brotes de violencia que habrían podido evitarse fácilmente.
En abril de 2010, Los Zetas secuestraron a cuatro personas de un hotel de la cadena Holiday Inn en el centro industrial de Monterrey y se presume que los asesinaron posteriormente.
ProPublica halló que se había filtrado un operativo encubierto de vigilancia de la DEA y la SIU para rastrear al jefe regional de Los Zetas en esa zona, Héctor Raúl Luna, alias “El Tori”.
El Tori supo del operativo y envió a los sicarios de Los Zetas al hotel para impedirlo. Los agentes evacuaron rápidamente la zona y dejaron a su suerte a quienes se encontraban en el hotel. Las autoridades estadounidenses tampoco cooperaron en la investigación subsiguiente, según ProPublica.
Ni siquiera intervinieron un año después, en marzo de 2011, cuando sicarios de Los Zetas irrumpieron en la ciudad de Allende, cerca de la frontera México-Estados Unidos. Ahí, secuestraron y masacraron a docenas de hombres, mujeres y niños en su búsqueda de quienes habían traicionado a los comandantes del grupo al cambiar de bando para cooperar con la DEA, según la investigación de ProPublica.
No es claro cómo pasó, pero se filtró una información enviada por la DEA a la SIU, e hizo detonar la extrema violencia que siguió. No se ha vinculado a Cárdenas Palomino y Pequeño García con esas masacres, pero su caso pone aún más en evidencia la lamentable falta de vigilancia sobre esos funcionarios.
Un excomandante de la SIU, Iván Reyes Arzate, se entregó a las autoridades estadounidenses en 2017 luego de ser acusado de filtrar información a grupos criminales investigados por la DEA, y posteriormente también de tráfico de drogas.
“Es claro que Estados Unidos debió haber sabido que había algo muy mal o de veras sospechoso cuando la cúpula de la SIU no permitía que se la investigara”, señaló Vanda Felbab-Brown, investigadora asociada sénior de Brookings Institution, en intercambio con InSight Crime. “Debe haber habido cierta noción del grandísimo riesgo de problemas que podía haber, pero se tomó una decisión de que cualquier inteligencia que llegara valía la pena”.
