Esa ilusión llamada Estado. Autor: Federico Anaya Gallardo

Foto: Xinhua

El 8 de febrero de 2021, Ernesto López-Portillo Vargas publicó en Animal Político un ensayo titulado “Aquí el Estado ya no manda”. (Liga 1.) La afirmación se hace desde el estudio sistemático de experiencias estatales y municipales en seguridad ciudadana, que el autor ha realizado desde hace décadas. Importa decir cómo inicia su exposición: hoy día “no existe un diagnóstico de la delincuencia organizada de alcance nacional”. El investigador reporta que le consta que la vieja Procuraduría General de la República “nunca lo tuvo” y que no sabe qué tenga en este punto la nueva Fiscalía General. (Yo sospecho que no tiene nada.) Eso, por el lado de los civiles. Por el lado de los militares, López-Portillo Vargas nos informa que “no dan a conocer lo suficiente para que el público sepa si tienen alguna interpretación formal del fenómeno, qué tan sólida es y cuál es su cobertura territorial”. Desde la magnífica atalaya del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México (@PSC_IBERO), el autor resume: “El absurdo es descomunal”. Tiene razón. Pero Ernesto agrega un detalle más. Nos reporta que, en sus entrevistas con mujeres y hombres que atienden los problemas de seguridad en campo, in situ, “sigo encontrando la frase que he escuchado ya por tres décadas: «aquí todo mundo sabe quiénes son»” … “El Estado no sabe, pero la gente siempre dice saber. Vaya.”

Cuando terminé de leer la pieza que comento, caí en cuenta que la intelectualidad lleva un siglo engañándose con Max Weber. El viejo sociólogo alemán era un atento observador de la realidad y, para guiar sus opiniones, construyó una serie de categorías analíticas. Estas son elegantes, de apariencia sencilla y utilizables en multitud de casos. Tan útiles que tendemos a usarlas como “leyes” a las que deben conformarse los fenómenos. Me parece que López-Portillo Vargas cae en este error. Como epígrafe, bullet o balazo de su ensayo, se afirma: “Visto desde su promesa formal de expropiar la violencia privada y arbitrar la conflictividad, el Estado empequeñece mientras la delincuencia organizada y las violencias crecen”. Detrás de esta afirmación está una frase de Weber, Gewaltmonopol (Monopolio de la Violencia), que los abogados solemos calificar como “monopolio de la violencia legítima” (algo saben las y los litigantes acerca de la permanencia de las otras violencias en la sociedad). En la versión de uso común (vulgata) de Weber, “monopolio de la violencia legítima” es una “definición” del Estado (Wikipedia dixit, Liga 2). Esta lectura de Weber tiene raíces históricas. Nos dice Héctor Díaz-Polanco: “La sociología … nace en polémica con el marxismo, oponiéndole a éste una visión de la realidad que se corresponde con una sociedad capitalista interesada en buscar mecanismos que permitan reproducir la estabilidad del sistema” (“Teoría y categorías en Marx, Durkheim y Weber”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, № 93-94, 1978, p. 27, Liga 3). La sociología weberiana busca elementos que expliquen el equilibrio de los sistemas sociales que analiza y fácilmente convierte categorías analíticas en “leyes”. Lo que sirve para explicar se convierte en lo que “debe ser” la sociedad. Y cuando la ley deja de cumplirse, temblamos.

La categoría Estado como monopolio de la violencia legítima es un tipo ideal, construido por “el científico social [como] un instrumento que permite observar ‘idealmente’ cómo se manifestaría una conducta humana ‘si lo hiciera rigurosamente con arreglo al fin, sin perturbación alguna de errores y afectos’. Pero … sólo en casos raros la acción real se ajusta a la construcción ideal típica, por lo que es necesario proceder al momento a comparar la construcción con la forma en que realmente transcurre la acción” (Díaz-Polanco, p. 41). Díaz-Polanco, siguiendo a Marx, nos recuerda que las categorías sociales son abstracciones de las relaciones reales establecidas por los seres humanos que viven en sociedad y que por lo mismo, son esencialmente históricas (p. 29). Y siendo históricas, las relaciones sociales van cambiando según se dirimen sucesivos conflictos entre las clases sociales.

Regresemos a Ernesto López-Portillo Vargas y su jeremiada sobre “el colapso del monopolio de la violencia estatal”. En realidad, las formaciones estatales que las y los mexicanos vamos construyendo a lo largo de nuestra historia (el gerundio es pertinente), se han enfrentado recurrentemente a violencias diversas y muchas de ellas endémicas. Alargo a propósito la historia, lectora, para mostrarte lo endémico y recurrente del problema. El México virreinal no tuvo fuerzas armadas ni policías en el sentido moderno sino hasta 1767. Antes de ese año, el control territorial por parte de la violencia legítima “weberiana” estaba a cargo de milicias del rey formadas por voluntarios en las fronteras novohispanas (Juan Carlos Ruiz Guadalajara, “«A su costa e minsión…» El papel de los particulares en la conquista, pacificación y conservación de la Nueva España”, en Ruiz Ibáñez [Coord.], Las milicias del Rey de España, FCE, 2009, pp. 104-138; y José Alfredo Rangel Silva, Capitanes a guerra, linajes de frontera, COLMEX, 2008). Bajo el mismo esquema, en 1715 se había formado La Acordada, un cuerpo formado por vecinos armados autorizados a perseguir malhechores por el virrey ante el grave problema de inseguridad en caminos y poblaciones. (Adriana Terán Enríquez, Justicia y crimen en la Nueva España, UNAM/Porrúa, 2007.) Estos cuerpos milicianos son el antecedente de las Guardias Nacionales republicanas del siglo XIX –que no eran sólo cuerpos de defensa, sino que ejercían también la función de control y policía del territorio. Durante el Porfiriato, la función se especializó en un cuerpo de policía rural controlado por los gobernadores y que no estaba lejos de su antecedente decimonónico: en 1911 recibió a parte de los revolucionarios maderistas y ante el golpe de Estado de 1913 estas últimas unidades se volvieron autónomas. La disolución del Ejército en 1914 dejó la totalidad del territorio nacional en manos de milicias regionales de ciudadanos armados. Hacían la guerra revolucionaria y eran la única policía posible. Con ellas el nuevo Estado derrotó a los Cristeros y a los obispos católicos reaccionarios entre 1926 y 1929.

La paz tardó décadas en regresar. Durante el cardenismo, el control territorial se aseguró armando a los ejidatarios beneficiarios de la reforma agraria. Se trataba de un control a la vez popular, militar y político. Los ejidatarios eran parte de la Confederación Nacional Campesina (CNC), las defensas rurales eran coordinadas por los comandantes militares de zona, y tanto la CNC como el Ejército eran parte del Partido de la Revolución Mexicana (PRM). En 1970, Jorge Alberto Lozoya Legorreta reportó que mientras la fuerza armada regular tenía 70 mil efectivos, las defensas rurales eran 120 mil. (El Ejército Mexicano, COLMEX, 1970, pp. 104 y 110 a 113).

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Lozoya Legorreta documentó que las defensas rurales eran esenciales en materia de control político y contrainsurgencia, pero Mariano Sánchez Talanquer, investigador del CIDE reportó, en 2019, que también realizaban tareas de policía rural y daban noticia a las autoridades sobre abigeos, ladrones y cualquier problema que afectara el orden público en su región. Este arreglo abarcaba 1,700 localidades desperdigadas por todo el territorio nacional. En 36% de los municipios del país había defensas rurales. Los datos de Sánchez Talanquer se presentaron en la Segunda Conferencia Internacional “Seguridad Ciudadana: la Vía Civil” celebrada el 21 y 22 de mayo de 2019 bajo auspicios, precisamente, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. (Liga 4, primer panel, minutos 56:00 a 1:12:00.)

Sánchez Talanquer señaló que la existencia de las defensas rurales es uno de los factores que propició el descuido en la formación de cuerpos de policía civil en estados y municipios. Estos elementos robustecen la hipótesis de que la supuesta “salida” de los militares de la vida pública mexicana en 1946 fue un discurso propagandístico que ocultaba la continuada presencia y actuación de los comandantes de zona militar como auxiliares todopoderosos de las autoridades civiles que carecían de control territorial porque no tenían sus propias fuerzas de policía. Esto lo relaté en el capítulo histórico de Siempre cerca, siempre lejos: Las Fuerzas Armadas en México (Global Exchange/Ciepac/Cencos, 2000, pp. 33-52) y lo sostiene Jorge Javier Romero Vadillo, de la Universidad Autónoma de México en su ensayo “Los militares nunca se fueron” (Nexos, enero de 2021, Liga 5).

Como sea, las defensas rurales proveyeron de estabilidad política con aceptables niveles de seguridad pública en amplias áreas del territorio nacional durante un periodo muy largo (1932 a 1972). Esto terminó luego del quiebre político de 1965-1968 y con la gran embestida de grupos guerrilleros de los 1970. Toda política es política local. Dato de Sánchez Talanquer: la relación de las defensas rurales con los guerrilleros era “permeable”. La guerra sucia y el inicio de la transición democrática rompió el vínculo popular-militar-político. Las defensas rurales empezaron a reducirse en número luego de 1988. No extraña que sea entonces que inicia la actual crisis de control territorial.

Traje a colación los aportes de Sánchez Talanquer como parte de una respuesta a la jeremiada de López-Portillo Vargas. La gente en el lugar siempre sabe quién es el delincuente y cómo perpetra sus desafueros. Pero para enterarnos de esa inteligencia esa gente requiere que les reconozcamos la responsabilidad de su autodefensa. Ahora bien, como dijo un francés, lo esencial es invisible a los ojos. El Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero atina al insistir en que la única seguridad pública razonable es civil. Lo que sorprende es la insistencia en acercarse al asunto de manera academicista, usando el tipo ideal weberiano del monopolio de la violencia como regla. Los estados siempre deben pelear por ese monopolio (todos los reyes van desnudos). La experiencia histórica recabada por el programa enseña que sólo la movilización popular, la organización política desde la base, asegura el control real del territorio. ¿Suena al poder popular de los rojos? Sí. Eso es lo único que ha funcionado en México. Teniendo eso, toda la experiencia comparada sistematizada por el programa ayudará a convertir el proceso popular en instituciones policiales controladas desde abajo.

agallardof@hotmail.com

Ligas usadas en este texto:

Liga 1:
https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/aqui-el-estado-ya-no-manda/

Liga 2:
https://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio_de_la_violencia

Liga 3:
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/72494/63976

Liga 4:
https://seguridadviacivil.ibero.mx/videos/

Liga 5:
https://www.nexos.com.mx/?p=52073

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2 COMENTARIOS

  1. […] Esa ilusión llamada Estado. Sánchez Talanquer señaló que la existencia de las defensas rurales es uno de los factores que propició el descuido en la formación de cuerpos de policía civil en estados y municipios. Estos elementos robustecen la hipótesis de que la supuesta “salida” de los militares de la vida pública mexicana en 1946 fue un discurso propagandístico que ocultaba la continuada presencia y actuación de los comandantes de zona militar como auxiliares todopoderosos de las autoridades civiles que carecían de control territorial porque no tenían sus propias fuerzas de policía. Federico Anaya Gallardo en Julio Astillero https://julioastillero.com/esa-ilusion-llamada-estado-autor-federico-anaya-gallardo/ […]

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