El analista señaló que la debilidad y la impunidad del aparato judicial propio abren la puerta al injerencismo exterior.
Redacción Astillero Informa
Durante su participación en el espacio informativo de Julio Astillero, el doctor Lorenzo Meyer analizó la reciente ofensiva judicial de Estados Unidos contra una decena de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, y planteó las implicaciones institucionales y geopolíticas que este caso representa para la soberanía y el Estado de derecho en México.
El pliego acusatorio emitido por un gran jurado estadounidense señala a un entramado que abarca desde mandos policiacos locales hasta la cúspide del poder político y financiero en la entidad, incluyendo a un senador, al presidente municipal de Culiacán, al secretario de finanzas y al propio gobernador Rubén Rocha Moya. Al respecto, Meyer calificó la situación como “una de las áreas de cáncer político más graves de México porque impide el ejercicio del poder legítimo del estado y tolera un ejercicio de poder político, también en ciertas regiones, del narcotráfico.”
El dilema del enjuiciamiento propio
Sobre la postura que debería asumir el Gobierno de México ante la presión de Washington —si mantener a los implicados bajo el principio de soberanía nacional o ceder a la extradición—, el analista expuso la complejidad técnica del problema.
Meyer señaló que “lo natural, lo ideal, lo que un estado debería buscar es enjuiciar en su propio país a aquellos que violan la ley, enfatizando que en este caso la responsabilidad es máxima porque “no solo es violar la ley, es poner en riesgo la seguridad nacional; es una acción que realmente vulnera, abre la puerta para que se vulnere la soberanía mexicana“. Sin embargo, advirtió sobre el peligro de sostener una defensa basada en un “patriotismo mal entendido” ante las debilidades del sistema local, cuestionando: “¿cuántas veces las fiscalías en México sustentan mal sus casos para echarlos a perder?”.
Ante dicho panorama, Meyer afirmó que la entrega del gobernador sinaloense a las autoridades de Estados Unidos procedería en caso de que en México no se pueda asegurar un proceso adecuado: “entregar a Rocha Moya, si no se le va a hacer el juicio aquí, bien hecho”. No obstante, acotó de inmediato que esta postura la asume “con un dejo de tristeza y resignación porque no debería de ser el caso”.
La debilidad institucional como factor de injerencia
De acuerdo con el análisis de Meyer, la ineficacia y la impunidad sistémica del aparato judicial mexicano constituyen la principal ventana que permite el injerencismo de Washington. El especialista argumentó que, al carecer de un poderío militar, económico o de alianzas globales, “la mejor política exterior de México (…) es tener una política interna que esté blindada contra las presiones que sí provoca el que se descubran estas áreas de corrupción política, sobre todo por Estados Unidos“.
Finalmente, el historiador concluyó que los antecedentes de impunidad obligan a replantear la estrategia nacional, señalando que “tenemos que recuperar o, si se quiere, pongámoslo más radical, generar por primera vez la legitimidad; la creencia de que tenemos un sistema legal y político dispuesto a enfrentarse a esa herencia maldita de la corrupción“. De lo contrario, advirtió, el país continuará vulnerable: “no podemos estar pensando que dentro de un siglo también vamos a seguir mandando a los que supuestamente son delincuentes a Estados Unidos o que se nos escapan de las cárceles de alta peligrosidad“.
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