Encinas: Digna Ochoa, familia, una disculpa pública; el Estado no les hizo justicia (nota de SinEmbargo)

La disculpa pública por parte del Estado mexicano se da a 21 años de que la abogada de derechos humanos, Digna Ochoa, fuera encontrada muerta en su despacho, ubicado en la Ciudad de México.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El Estado mexicano ofreció este miércoles una disculpa pública a la activista Digna Ochoa y a su familia en el marco del 21 aniversario de su asesinato ocurrido en la Ciudad de México. Autoridades recordaron que la Fiscalía General de Justicia capitalina reabrirá la investigación sobre su muerte, además de la creación de la Unidad del Caso Digna Ochoa, “asumiendo su compromiso con la verdad y la justicia”.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, acudió en representación del Estado mexicano al acto, donde ofreció una disculpa pública a Digna y a su familia debido a que “el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad, así como su integridad personal, y porque tampoco garantizó su acceso pleno a la justicia“.

Asimismo, dio una disculpa “por las fallas en la implementación de los protocolos especializados para la investigación de su caso, las faltas al debido proceso y a las debidas diligencias; y porque su lucha y su memoria no pueden ser discriminadas ni estigmatizadas por su pertenencia de género, ni su pertenencia social y cultural, pues su profunda sensibilidad ante la injusticia definió su carácter militante en la defensa de los derechos humanos de nuestro país”.

El funcionario externó además su reconocimiento a la familia Ochoa y Plácido por su infatigable lucha que a lo largo de 21 años ha buscado la verdad y la justicia sobre la muerte de Digna.

“Este acto es ante todo un acto de reivindicación a la trayectoria de Digna Ochoa, a su compromiso y labor en la defensa de los derechos humanos en nuestro país, y en la defensa jurídica de los más desprotegidos, una defensa siempre apegada a principios, a la ética y con una fuerte convicción social”, expresó.

Alejandro Encinas destacó el legado que dejó Digna Ochoa “en la defensa de los derechos humanos, en su trabajo en los pueblos indígenas y campesinos de Veracruz, Chiapas y Guerrero, y en muchos otros ámbitos de la defensa de los derechos humanos” de México.

Aseguró que, como lo ha establecido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado implementará de manera puntual todas las acciones que sean necesarias para reabrir la investigación penal “de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de su muerte”.

Asimismo, recordó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) reabrirá la investigación sobre su muerte, además de la creación de la Unidad del Caso Digna Ochoa, “asumiendo su compromiso con la verdad y la justicia”.

Señaló que “a menos de un año de la notificación de la sentencia internacional para el caso Digna Ochoa, se ha avanzado de manera sustantiva en el cumplimiento de las medidas de reparación, rehabilitación e indemnización para la familia”. Y solicitó a la titular de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que “no cejemos en la atención oportuna e inmediata de toda la familia para cumplir con esta responsabilidad y garantizar una reparación integral”.

Por su parte, Cristopher Ballinas Valdés, de la Subsecretaría para Asuntos Bilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció también la lucha de familia para que se hiciera justicia, “por sobrellevar los atroces eventos por los cuales la vida de Digna Ochoa le fue arrebatada, por vivir cotidianamente la insensibilidad de la burocracia encargada de hacer justicia, y por los hechos revictimizantes que implica llevar este caso a todas las instancias, locales, nacionales, internacionales, para que se hiciera justicia”.

“El día de hoy nos reunimos para que el Estado mexicano, en cumplimiento con sus compromisos internacionales de promoción, protección y respeto a los derechos humanos, ofrezcan una disculpa pública y reconozcan su responsabilidad ante las inaceptables omisiones ocurridas y que impidieron garantizar la integridad y vida de Digna Ochoa y Plácido; así como las faltas en el proceso de acceso a la justicia que entre otras cosas, afectaron la reputación a través de procesos revictimizantes. Junto con ello, se afectó a su familia y a su gremio: las tan importantes personas defensoras de derechos humanos”.

Mientras que el Gobierno de la Ciudad de México elogió la realización de este acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en el caso Digna Ochoa, de acuerdo con el Secretario Martí Batres Guadarrama, quien también manifestó su “beneplácito por la apertura del caso por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México y la creación para ello de la Unidad del Caso Digna Ochoa, con el compromiso de llegar a la verdad y la justicia”.

Ofrezco una disculpa pública a su familia porque el Estado mexicano no garantizó su acceso a la justicia.

Ofrezco una disculpa por las fallas en la implementación de los protocolos especializados para la investigación, de su caso; del debido proceso y las diligencias. pic.twitter.com/NWfHbl1JJZ

— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) October 19, 2022

EL CASO DE DIGNA OCHOA

La abogada de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, fue encontrada sin vida en su despacho ubicado en la calle de Zacatecas 31 de la colonia Roma de la Ciudad de México, el 19 de octubre de 2001. Los grupos de derechos humanos sospecharon que sus enemigos en el Ejército, el Gobierno o la industria maderera la habían silenciado.

Las circunstancias eran extrañas. Una nota anónima encontrada cerca de su cuerpo parecía amenazar a otros activistas de derechos humanos. Ochoa había recibido dos disparos con su propia pistola y no había señales de que se hubiera forzado la entrada. Los investigadores no encontraron ninguna huella dactilar inusual y se preguntaron por qué Ochoa llevaba guantes de goma y por qué había harina esparcida por toda la escena.

En el año 2001 gobernaba en México Vicente Fox Quezada y en la capital del país, donde ocurrió el asesinato, Andrés Manuel López Obrador era el Jefe de Gobierno. El Procurador de Justicia era Bernardo Bátiz, y uno de los fiscales especiales del caso era Renato Sales Heredia, hoy funcionario en Campeche y de amplia trayectoria en puestos de seguridad pública. Margarita Guerra, la última Fiscal especial del caso y quien fue responsable de sostener que la muerte de Digna fue suicidio, desapareció de la escena pública. Nunca se ha condenado a nadie por el caso.

Por eso, su homicidio llegó hasta instancias internacionales, obligando a México a reabrir su caso, por las “innumerables y ominosas falencias en la carpeta de averiguación y sobre todo, por la violencia de género ejercida contra la abogada luego de su asesinato”.

La defensora de derechos humanos fue objeto de varias amenazas y secuestros debido a su trabajo, lo que la llevó a solicitar medidas de protección, las cuales se le retiraron dos meses antes de su asesinato.

Entre los casos que Digna Ochoa defendió se encuentran las personas acusadas de pertenecer a Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); a los estudiantes detenidos después de la toma de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para terminar con la huelga en el año 2000; defendió a los ecologistas de la Sierra de Petatlán, Guerrero; a los hermanos Cerezo Contreras y al señor Pablo Alvarado Flores, acusados de colocar explosivos en sucursales bancarias en agosto de 2001 y de ser parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR), después de muchos cambios en las versiones del Estado.

DIGNA OCHOA RECIBÍA AMENAZAS Y FUE SECUESTRADA

📅 Este 19 de octubre recordamos el incansable trabajo como defensora de derechos humanos de Digna Ochoa y Plácido. pic.twitter.com/8CdLczAenw

— Centro Prodh (@CentroProdh) October 19, 2022

Antes de su asesinato, Digna había sido víctima de diversas amenazas y secuestros: el primero se presentó el 9 de agosto de 1999, cuando fue secuestrada por cuatro horas por desconocidos, quienes le sustrajeron su pertenencia e identificaciones personales. Un mes después, el 3 de septiembre del mismo año, se recibieron en el Centro Prodh, lugar en el que laboraba, sobres con textos de amenazas.

Debido a estas situaciones, el 7 de septiembre de 1999 Digna Ochoa decidió solicitar medidas cautelares para ella y los miembros del Centro Prodh. Dos meses después, el 2 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, presentan una petición inicial ante la CIDH por violación de derechos humanos en perjuicio de Digna Ochoa por parte del Estado de México ante la falta de investigación de los ataques y secuestros sufridos.

Posteriormente, el 11 de noviembre de 1999, la CIDH sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas provisionales en favor de Digna Ochoa. Después de casi dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio por concluidas las medidas provisionales otorgadas a Digna Ochoa y demás integrantes del Centro Prodh. Dos meses después fue asesinada.