Para Aníbal García, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, el lawfare se consuma cuando las investigaciones del Poder Judicial logran impiden a ciertas figuras políticas participar en la vida pública.
Isaac Rosales | Astillero Informa
De acuerdo con el también miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), en México no se ha llegado aún a esa instancia, aunque ya se intentó con el desafuero de López Obrador en 2005. Sin embargo, en la actualidad, ya se está llevando a cabo una judicialización de la política.
Hay que “hacer una distinción entre lo que es y no es lawfare, como el caso que estamos viviendo en México, que se trata de una judicialización de la política. Un caso paradigmático de lawfare es el Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, porque, primero, los medios de comunicación crearon una percepción entre la gente de que había escándalos de corrupción [dentro del gobierno]; después entró el poder judicial para abrir causas judiciales sin pruebas contundentes, pero que permitieron judicializar a personalidades de la política y quitarlos de la vida pública o eliminarles las posibilidad de tener una candidatura. Justamente a esto se le conocer como lawfare”, explicó en una entrevista con Julio Astillero.
“En México no hemos llegado a ese momento, tuvimos un antecedente con Andrés Manuel en 2005, cuando fue el desafuero, pero tampoco se llegó hasta la última instancia. Lo que vemos ahora es la judicialización de la política por parte del poder judicial, en particular de la Suprema Corte de Justicia, que no ha llegado al grado de inhabilitar políticos, pero sí han llegado al de tumbar reformas propuestas por el presidente, como fue el caso de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de la Industria Eléctrica, o bien, judicializando obras de infraestructura como el Tren Maya“.
Detalló que, para que un lawfare pueda materializarse, entre otras cosas, es necesario que tanto los medios de comunicación “hegemónicos” como el Poder Judicial se alíen, y detalló en qué estatus se encuentra este proceso en México.
“En el caso de México […] ya hay una manufacturación del consenso, o sea, la forma en la que los medios repiten una noticia o la forma en la que se tiene que analizar la política en el país. Ya tenemos también una Suprema Corte y un Poder Judicial que está en contra del proyecto de nación del presidente. En otra instancia tenemos cierta injerencia por parte de las instituciones del gobierno estadounidense que podrían estar incidiendo en la vida nacional. Tenemos estos tres elementos que permitirían afirmar que nos encontramos ante la judicialización de la política sin llegar a un lawfare como tal”.
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