La Ministra del caso, Yasmín Esquivel, propuso ante el Pleno desechar el último recurso de Elektra contra un crédito fiscal de mil 431 millones de pesos, mismo que está en proceso de revisión el próximo 2 de octubre.
Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- El Grupo Elektra pidió este lunes, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la resolución de sus demandas por más de 34 mil millones de pesos contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que las salas del máximo Tribunal se deslindaran de la operación a causa de que la Reforma Judicial.
De acuerdo con la empresa de Ricardo Salinas Pliego, la demanda solicita a la Segunda Sala de la Corte enviar al Pleno el primero de los dos recursos de revisión de la compañía, los cuales están previstos para el 2 y 9 de octubre y que confirman su deuda por más de 30 mil millones de pesos ante el instituto dirigido por Antonio Martínez Dagnino.
“Infórmese a la promovente que corresponderá a la Ministra ponente en este asunto, o a la Sala actuando como órgano colegiado, decidir lo que conforme a derecho proceda”, manifestó el presidente de la sala, Alberto Pérez Dayán, el pasado el 20 de septiembre.
La Ministra del caso, Yasmín Esquivel, propuso ante el Pleno desechar el último recurso de Elektra contra un crédito fiscal de mil 431 millones de pesos, mismo que está en proceso de revisión el próximo 2 de octubre. Sin embargo, la reforma constitucional del 15 de septiembre no determina si la eliminación de las salas es inmediata, o si estará en lista de espera hasta septiembre de 2025, con las nuevas funciones de la Corte.
Recientemente, el pleno de la Corte dio a conocer en sesión privada que las salas seguirán funcionando, a pesar de no emitir un acuerdo formal o pronunciamiento público sobre el tema. Asimismo, los proyectos de Esquivel, y de Pérez Dayán para una deuda fiscal de 33 mil 306 millones de pesos, niegan los recursos de Elektra, donde se asegura que no hay temas de constitucionalidad que ameriten algún pronunciamiento de la Corte.
A su vez, la reforma constitucional incluye una orden a los tribunales administrativos y judiciales para resolver en máximo seis meses los casos fiscales, bajo amenaza de sanciones del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), en caso de exceder el plazo, pero seguirán en proceso legislar la cuantía de los asuntos que estarán sometidos a esta regla.
El pasado 3 de septiembre, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó de manera inmediata al pleno de la Segunda Sala de la SCJN el proyecto de resolución del recurso de revisión de Elektra, es decir, se refiere al adeudo fiscal por mil 431 millones 466 mil 606 pesos de la empresa del magnate Ricardo Salinas Pliego.
A través de un comunicado, recordó que el recurso de revisión fue turnado por la Ministra Norma Piña Hernández el pasado viernes 23 de agosto.
Esquivel Mossa destacó que Elektra tiene además un asunto extra: un recurso de revisión por la cantidad de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, turnado al Ministro Alberto Pérez Dayán, quien está pendiente de presentar proyecto.
A inicios de este año, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TJFA) confirmó la validez de la resolución que obliga a Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, a pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un total de mil 431 millones 466 mil 606 pesos por haber incumplido con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas y actualizaciones.
Apenas el pasado 26 de agosto fue cuando la Corte admitió un recurso de Grupo Elektra por la impugnación de un crédito fiscal de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos.
El caso fue turnado al Ministro Alberto Pérez Dayán, de la Segunda Sala de la Corte, que propondrá una resolución y someterá a votación de sus pares el caso. Es decir, lo resolverán los cinco ministros integrantes de la Sala, y no todo el pleno con los 11 ministros.
Pero estas no son sus únicas deudas: la suma total de los 13 créditos fiscales de Salinas Pliego, informó en su momento SinEmbargo, asciende a 67 mil 177 millones 120 mil pesos, que el empresario se niega a pagar de manera sistemática.
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