Elecciones, de las reformas de la desconfianza a las del miedo. Autor: Felipe León López

Autor: Felipe León López

Porque en México nunca desperdiciamos una oportunidad para empeorar nuestra ya de por sí accidentada vida pública, el Congreso de la Unión arranca hoy un nuevo periodo legislativo cargado de ocurrencias recicladas: reformas a leyes recién aprobadas, parchadas al vapor porque —sorpresa— entre la prisa, la propaganda y la autosuficiencia, se les “pasaron” algunos detalles. Nada grave, salvo por el pequeño inconveniente de que legislan sobre el sistema político del país como quien arma un rompecabezas sin leer el instructivo y sin tener claro cuál será el resultado final.

Entre las joyas del paquete legislativo destaca, por un lado, la creación de una comisión para revisar posibles vínculos de candidaturas con el crimen organizado, aunque con la brillante ocurrencia de que sea el INE quien asuma esa responsabilidad. Es decir, además de organizar elecciones, ahora también tendría que fungir como detective, analista de inteligencia policial, financiera y política, con la misma ligereza con la que en este país se reparten funciones ajenas como si fueran volantes. Tareas que, en una nación mínimamente seria, corresponderían a los propios partidos políticos o, en su caso, a instancias como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República o la Secretaría de Gobernación. No sorprende que la presidencia del INE haya adelantado que no piensa entrarle a semejante “ideota”.

La propuesta no sonaría tan descabellada si en México existiera la capacidad institucional para hacer bien las cosas. Más aún cuando, en la última semana, circuló el documento “Alianzas en la sombra: Potencias autoritarias y el nexo de la guerra híbrida en América Latina” (Shadow Alliances: Authoritarian Powers and the Hybrid Warfare Nexus in Latin America), elaborado por el Center for Study of Democracy. El reporte advierte que México se ha convertido en un nodo estratégico donde convergen intereses geopolíticos de gobiernos antiestadounidenses —como Rusia, China e Irán— con el crimen organizado mexicano, el cual proporciona rutas de contrabando, tráfico de drogas, mecanismos de desestabilización regional y operaciones de lavado de dinero a gran escala.

Según dicho informe, México representa una amenaza estratégica para Estados Unidos debido a que funciona como punto de conexión entre las cadenas de suministro asiáticas, la producción de drogas sintéticas y las redes financieras ilícitas. Todo ello agravado por la debilidad institucional del país, donde crimen organizado y tensiones geopolíticas podrían convertirse en una fuente permanente de inestabilidad para la región.

La tesis central del reporte sostiene que el crimen organizado en América Latina ya no debe entenderse únicamente como un problema policial o de narcotráfico, sino como parte de redes internacionales de influencia, financiamiento y guerra híbrida vinculadas indirectamente con intereses geopolíticos de China, Rusia e Irán.
No tan desligado de lo anterior aparece otro de los temas que se presentarán este día: la nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la cual incorpora por primera vez la intervención extranjera como causal de nulidad electoral. Hasta ahora, lo que se conoce son temores, candados y limitaciones encaminadas a restringir campañas de contraste, algo que ya forma parte habitual de los sistemas democráticos liberales.

Y ahí se encuentra el verdadero giro del asunto: pasamos de un sistema electoral escandalosamente caro, construido sobre la desconfianza crónica hacia los viejos trucos del fraude, el acarreo, la coacción y la compra de votos, a otro que pretende administrarse desde el miedo. Ya no bastaba con blindarse frente a la picaresca electoral doméstica; ahora también hay que conjurar a los poderes fácticos, a los intereses extranjeros, al crimen organizado y hasta a la inteligencia artificial, como si una reforma improvisada y una redacción atropellada bastaran para exorcizar décadas de podredumbre política.

Una genialidad: antes desconfiábamos de los tramposos; ahora, además, legislamos desde el pánico y quizá hasta para tranquilizar las inquietudes de nuestros vecinos y socios comerciales. Y no porque el problema no sea importante, sino porque seguimos actuando de forma reactiva, improvisando leyes fuera de tiempo en lugar de construir políticas públicas con previsión y gestión de riesgos.

El tema de la injerencia extranjera atraviesa hoy a prácticamente todas las democracias occidentales, y hasta ahora no existe una elección presidencial anulada por esa razón. Ahí está el caso de Cambridge Analytica en 2016: una operación que utilizó ilegalmente datos de millones de perfiles psicográficos extraídos de Facebook y que, según diversas teorías, aunque quizá no modificó la opinión de votantes convencidos, sí ejecutó operaciones psicológicas capaces de influir en procesos como las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el referéndum del Brexit en Reino Unido, favoreciendo posiciones conservadoras.

Y qué decir de la llamada “Operación Honduras”, ventilada recientemente como una presunta red internacional de desinformación e injerencia política vinculada con empresarios mediáticos y actores de ultraderecha, cuyo objetivo habría sido desestabilizar gobiernos progresistas en América Latina, aunque hasta ahora no existan pruebas concluyentes sobre su operación efectiva.

La premisa de que la histórica desconfianza de la partidocracia mexicana ha construido un sistema electoral excesivamente costoso —una democracia comercial en toda regla— es un hecho ampliamente reconocido, incluso por los propios actores políticos que fueron corresponsables de ese modelo. Las nuevas adiciones para crear una comisión que filtre candidatos y las reformas que amplían causales de nulidad electoral han sido impulsadas precisamente por quienes hoy detentan el poder político, pero que, por pragmatismo y ambición de conservar el poder, abrieron sus puertas a personajes oscuros.

Por lo pronto, ya nos tienen a todos debatiendo, pero inútilmente porque finalmente harán lo que les venga en gana, porque no trabajan con previsión ni gestión de riesgo. Está mal decir “se los dije”, pero se los dijimos en este espacio hace cinco años exactamente con el título “El mapa político y del crimen organizado después del 6 de junio”:

“Después del 6 de junio, no sólo habrá cambios en el mapa político, sino que estaríamos ante la antesala de una peligrosa reconfiguración de la territorialidad e influencia de los grupos criminales que operan en nuestro país… Mientras tanto, habrá de sugerirle reforzar los órganos de inteligencia, con cuadros preparados profesional y éticamente, formados para servir al Estado mexicano no a causas políticas o a intereses particulares. Está a tiempo, y a tiempo también de evitar que varios de esos actores oscuros tomen una posición de poder político”.

Otros asuntos para pasar al análisis será la elección judicial de 2027 se mueve a 2028, aunque las de 2030, 2033, 2036 y las siguientes coincidirán con elecciones de candidatos políticos, lo que anticipa una vez el debate de cuánto tiempo tardaremos en sufragar.

Contacto: feleon_2000@yahoo.com

Felipe León López

Analista político, egresado de la FCPyS UNAM, con especialidad en estudios prospectivos. Es coautor de El Video poder en México (1995), Una Historia hecha de Sonidos (2004), Historia y Remembranzas de Radio Educación (2008) y Días de Radio (2017). Ha sido colaborador de portales, diarios y revistas de cultura, política y educación. Contacto feleon_2000@yahoo.com X: @FelipeLeonLopez

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