Inicio Opinión El problemático tribunal electoral. Autor: Federico Anaya Gallardo

El problemático tribunal electoral. Autor: Federico Anaya Gallardo

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Foto: @TEPJF_informa

Pedro Mellado Rodríguez, desde Guadalajara, en la emisión del jueves 7 de diciembre de 2023 del noticiero “Nueve al Cierre” de SinEmbargo Al Aire (Liga 1, a partir del minuto 28), nos explicó que el problema de cuerpos colegiados como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es que “son secuestrados desde el principio por los partidos políticos [y] … terminan convirtiéndose en un escenario para confrontaciones y para la defensa de intereses que no son necesariamente los que corresponden a sus cargos”. El periodista también nos recordó que todos “fueron electos el martes 18 de octubre del 2016. En su momento… se conocieron los antecedentes de los magistrados [y] quedó muy claro a qué establo pertenecían”.

Lo anterior, por el escándalo que estelarizaron recientemente los cinco magistrados que quedan en el TEPJF –adonde se acusaban unos a otros de deshonestidades varias. Para entender mejor estos comentarios del periodista hay que revisar la Constitución y la Historia.

El TEPJF tiene una sala superior y cinco salas regionales. La sala superior es el segundo cuerpo judicial más importante del Supremo Poder Judicial de nuestra República –en jerarquía, está inmediatamente abajo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por lo mismo, su regulación base está en el mismo capítulo de la Corte en nuestra carta magna: en el Artículo 99 de nuestra Muy Liberal Constitución federal. De acuerdo con el onceavo párrafo de esa norma, los siete magistrados de la sala superior son “elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y deberían renovarse de forma escalonada.

La Historia reciente nos ayuda para entender la importancia de este tribunal y su ubicación en el poder judicial. Hace ya 36 largos años, en el desastre electoral de 1988, el PRI estuvo dos veces a punto de perder la Presidencia. La primera en la jornada electoral del 6 de julio (esa es la noche en que se cayó el sistema). La segunda, en las tormentosas sesiones de instalación de la Cámara de Diputados federal, a finales de agosto de aquel segundo año de maravillas del México contemporáneo.

En aquellos tiempos, las y los diputados calificaban su propia elección. La Comisión Federal Electoral (CFE, la abuelita del actual INE) mandaba toda la documentación con los resultados electorales al congreso y, asegún iban llegando al recinto legislativo las y los diputados electos, se formaba una mesa para revisar las credenciales de quienes se fueran incorporando. (Lo mismo hacían en el Senado con sus legisladores.) Una vez que se habían revisado (y calificado) las credenciales de al menos una mitad más uno (251 personas legisladoras) la cámara baja podía empezar a funcionar como pleno. Imagina, querida lectora, el infierno que fueron aquellas horas de calificación. De algunos distritos de Guerrero llegaron dos personas alegando que habían ganado las elecciones. Alguna llevó, como prueba del fraude que había sufrido, costales llenos de boletas quemadas encontradas en una barranca. (De allí sacó el diputado guanajuatense Fox las boletas que se puso de orejas para protestar contra el orejón Salinas.)

Si la auto-calificación de diputados y senadores era complicada; lo peor era que una vez terminado ese proceso, la cámara baja se erigía ella misma como “colegio electoral” y –otra vez, a partir de los datos que le enviaba la CFE– calificaba la elección presidencial. Este fue un descenso al siguiente infierno, lectora: con la certeza de que en decenas de distritos legislativos se habían quemado urnas y alterado resultados en la elección de diputado, ¿quién iba a creer que Salinas había ganado a la buena la elección presidencial? Nadie. Ni los priístas, ni muchos en Bucareli.

Al final, en ese sistema, lo único que importaba eran cuántos diputados tenía cada quién. Quien controlase la mitad más uno de los presentes, proclamaría presidente –se llamase Salinas o Cárdenas. (Bueno, otra opción era declarar que la elección debía anularse.) Por eso es que tropa de la policía militar rodeó el recinto parlamentario de San Lázaro. (Un viejo compañero mío de los scouts era sargento de policía militar y estuvo allí, convencido de que su mando tenía órdenes de intervenir para asegurar que “el pendejo de Salinas” fuera declarado presidente constitucional.)

En ese contexto, el PRI “convenció” a 251 personas legisladoras de que (1) la elección había sido válida y (2) que Carlos Salinas de Gortari la había ganado. Pero el partidazo aprendió que, en momentos de transición democrática como los que estábamos viviendo, no podía volver a confiar en sus políticos reunidos en asamblea –y menos, en los políticos de las oposiciones. (Las asambleas tienen una “horrible” tendencia a inflamarse de autoridad democrática y se suelen proclamar soberanas… Recordemos el Juramento del Juego de Pelota francés en1789 y, para ejemplo reciente, veamos la sesión de instalación de la Legislatura nacional guatemalteca del domingo 15 de enero de 2024.)

En 1993 PRI y PAN aprobaron una reforma constitucional que eliminó la auto-calificación de los legisladores. Ese poder se le entregó a un nuevo Tribunal Federal Electoral (el “Trife”), creado como tribunal administrativo dentro del poder ejecutivo. (Salinas no iba a crear un tribunal verdaderamente autónomo, ¿verdad?) Pero la calificación de la elección presidencial siguió en manos de la Cámara de Diputados. El último presidente proclamado en San Lázaro fue Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero eso fue en el tercer año admirabilis de nuestra era… en 1994.

En 1996, gracias al resquebrajamiento autoritario provocado por la revuelta zapatista en Chiapas, se hizo una nueva reforma constitucional –pactada más horizontalmente por un PRI debilitado, un PAN más ambicioso y un PRD aún justiciero (y debidamente acicateado por la izquierda guerrillera en Chiapas y Guerrero). Entonces se le entregó al Trife el poder supremo de proclamar Presidente y se le incorporó al poder judicial –de allí su extraña denominación: Tribunal Electoral “del Poder Judicial de la Federación”.

La idea era despolitizar al órgano que calificaría todas las elecciones. Por lo mismo, sería el Senado quien haría los nombramientos –igual que en el caso de los ministros y ministras de la SCJN. Pero, para que no hubiese sospecha de influencia indebida de la Presidencia, las ternas para los magistrados electorales NO las mandaría el poder ejecutivo –sino la propia SCJN.

¿Cómo ha funcionado este arreglo? Mal. Por eso Mellado se queja de las y los magistrados de hoy.

Las cosas no tenían que haber sido así. Originalmente, los magistrados del primer TEPJF duraban 10 años –es decir, su periodo fue de 1997 a 2007. Ese primer tribunal anuló las elecciones estaduales de Tabasco de 2000 por la ilegal intervención del gobernador Roberto Madrazo Pintado a favor del candidato priísta. Tres años después (2003), el mismo tribunal anuló las elecciones estaduales de Colima con el mismo argumento. Estos dos precedentes pesaron en 2006, puesto que el tribunal constató que Fox había intervenido ilegalmente en la elección presidencial, favoreciendo al PAN. (Aparte, constató la intervención ilegal de los organismos cúpula empresariales.) Sin embargo, en una sentencia que rompía con sus propios precedentes (y llena de contradicciones: ¡hasta se les perdió un considerando!), los magistrados electorales declararon válida la elección y presidente electo a Felipe Calderón Hinojosa. (Juan Antonio Cruz Parcero analizó esa sentencia en el número 26 de la revista Isonomía del ITAM en 2007, Liga 2. Una lectura fría y sensata de una pésima sentencia que le costó sangre y dolor a la República. Lectura muy recomendable.)

El TEPJF se renovó completo entre 2005 y 2006. Una primera señal de que las cosas estaban empeorando es que en 2006 la SCJN propuso y el Senado aprobó el nombramiento de Flavio Galván Rivera como magistrado. Sucede que Galván Rivera era un oscuro profesor de la Fac de Derecho de la UNAM. (Yo lo conocí en 1988, cuando colaboró con el director José Dávalos Morales en un fraude en la elección de consejeros técnicos estudiantes en la que usaron porros para reprimir cualquier disidencia.) Galván había sido el secretario del tribunal en 2006. Es decir, condujo la discusión y aprobación de la pésima resolución que convalidó el fraude a favor de Calderón. Era evidente que su elevación a la magistratura era un premio. En 2006, el ya magistrado Galván sería electo por sus pares como presidente de la sala superior. (Más claro no podía ser el premio.)

Pero, como dicen chiste y refrán, “la carne es carne” y “la mula jala al monte”. Un año más tarde Galván debió renunciar en medio de un escándalo de corrupción. Le sucedió María del Carmen Alanís Figueroa, persona cercana a él –quien, obviamente, no dio seguimiento a las acusaciones contra Galván. Otro problema de este segundo tribunal era la presencia del magistrado José Alejandro Luna Ramos –hermano de la ministra de la SCJN, Margarita. Ambos han sido señalados como el centro de una dinastía familiar en el poder judicial. (Liga 3.) Así son los establos de los que habla Mellado.

Las impugnaciones en contra de la nueva oligarquía bipartidista (PRI-PAN) en las elecciones de 2006 y 2012 llevaron a una gran reforma electoral en 2014, a partir de la cual el TEPJF se renovó completo en 2016. Pero, como el mecanismo de nombramiento no cambió, se replicaron los vicios y los resultados fueron similares.

Regresemos ahora a Mellado. En “Nueve al Cierre” nos recordó que, en 2016, la magistrada Janine M. Otálora Malassis fue apoyada por las senadoras Barrales (PRD) y Calderón (PAN). Por su parte, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso (quien acaba de entrar en 2024 como presidenta del TEPJF) era “cuota” del senador Emilio Gamboa Patrón (PRI). El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón (quien acaba de ser derrocado como presidente del TEPJF) fue apoyado por el senador Roberto Gil Zuarth (PAN). El magistrado Felipe Fuentes Barrera se identificaba como gente del Consejero Jurídico del presidente Peña (PRI), Humberto Castillejos Cervantes (un tipo cercano al general Macedo de la Concha, procurador general de Fox y agente de la DFS durante la Guerra Sucia). El magistrado Felipe de la Mata Pizaña se consideraba un enviado del expresidente del TEPJF José Alejandro Luna Ramos y de su hermana, la ministra de la SCJN, Margarita. A ambos se les relacionaba con el PAN.

Los otros dos magistrados del TEPJF nombrados en 2016 de los que no nos habló Mellado son José Luis Vargas Valdez quien, durante el sexenio de Calderón (PAN), había trabajado en el CISEN (2007-2010) y luego en la FEPADE (2010-2012). Finalmente, Indalfer Infante Gonzáles había hecho toda su vida carrera judicial en el poder judicial federal. Este último sería el único magistrado con quien no podía establecerse un vínculo claramente partidista.

Recuerda, lectora, que el Senado escoge a los magistrados y magistradas a partir de ternas que le manda la SCJN. ¿No te parece extraño que el máximo tribunal haya incluido en sus ternas personajes como los que acabo de enlistar? Uno entendería que la mayor parte de los magistrados proviniesen de la carrera judicial federal. Pero no es el caso. Es de suyo evidente que desde la conformación de las ternas los partidos políticos y los grupos de poder fáctico (PGR, CISEN, Ejército) inician las negociaciones que terminarán en el Senado. Porque en manos de esas gentes estará la definición de quién ocupa la Presidencia Mexicana.

Es decir, si con el mecanismo establecido en 1996 se buscaba despolitizar esos nombramientos, hemos fracasado rotundamente. Peor: el mecanismo es una vía de contaminación facciosa del pleno de nuestro máximo tribunal. Y recordemos que la SCJN no sólo tiene los siete sillones de la sala superior para negociar en lo oscurito. El mecanismo de ternas aplica también para los tres magistrados de cada una de las cinco salas regionales. Así las cosas, las élites partidistas en el Senado y el pleno de la SCJN son quienes negocian, lejos de la opinión pública quiénes serán las 22 personas juzgadoras encargadas de dirimir las más importantes disputas políticas del país.

Ligas usadas en este texto:

Liga 1:
https://www.youtube.com/watch?v=XS3v2VBiiLs

Liga 2:
https://www.isonomia.itam.mx/index.php/revista-cientifica/article/view/372

Liga 3:
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dinastias-en-la-Judicatura-20170620-0014.html

Deja un comentario

Discover more from Julio Astillero

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading