El fuero de García Cabeza de Vaca. Autor: Federico Anaya Gallardo

El tema del desafuero del aún gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca lo abordé en Rompeviento TV en una serie de ocho artículos entre el 26 de abril y el 29 de junio de 2021. En ellos argumenté que en materia penal el sistema federal mexicano distingue muy claramente entre delitos del orden federal y delitos del orden local (o estadual). En cada uno de estos órdenes puede haber, para las personas que ocupan altos cargos públicos, un “fuero” o inmunidad procesal. Hasta ahora, 15 de los 32 estados mexicanos han abolido el fuero estadual. (Liga 1 para el primero de esos artículos.)

Si un alto funcionario tlaxcalteca –digamos, la señora gobernadora– choca su auto contra la barda de su vecino, causando daño en propiedad ajena y matando a su perro fox-terrier, de inmediato será llamada “mataperros” por el vecindario… pero no podrá ser llevada ante un juez penal sino hasta que la Legislatura del Estado le haya retirado el fuero (juicio de desafuero). Ahora bien, si el incidente ficticio que digo ocurriese en Nayarit, adonde el Congreso del Estado eliminó el fuero, el caso contra el señor gobernador podrá ser judicializado (llevado ante juez por el ministerio público) sin problema. Pero ¡atención! En ambos casos la persona titular de la gubernatura seguirá en su cargo porque los delitos de los que hablo no implican prisión preventiva oficiosa. El alto funcionario sigue en su cargo y acude a las audiencias de su juicio sin problemas (y si hay problemas, solicita al tribunal que le autorice comparecer por escrito). Lo mismo que sucede cuando un alto funcionario tiene que litigar asuntos civiles o mercantiles –adonde nunca ha habido fuero.

Hasta aquí la cosa no es complicada: sólo hemos analizado el orden estadual. El problema es que el sistema federal creó otro orden de gobierno, el federal, que abarca el territorio de los 32 estados. En la Federación también se pueden cometer delitos. Si la barda de mi ejemplo no es de un privado (sujeto a jurisdicción tlaxcalteca o nayarita en mis ejemplos), sino de una instalación del gobierno federal (de un campo militar, por ejemplo), los daños en propiedad ajena ocurren “a nivel federal”. Si el perro muerto no es un simpático fox-terrier sino un temible pastor alemán entrenado para olisquear drogas, el ministerio publico competente es el federal. Y, por lo mismo, se debe pedir el desafuero ante el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados) y no ante la legislatura estadual. Si me sostengo en mi ejemplo de barda y perro afectados, el delito no es grave y no implica prisión preventiva oficiosa, por lo que el señor o señora gobernadora mataperros no debería tener problema en seguir fungiendo como primer mandataria de su entidad federativa.

De lo anterior debemos concluir que las y los gobernadores tienen dos fueros, uno estadual y otro federal. Francisco Zarco, ese viejo liberal y fundador de nuestra República era más claro: “los gobernadores [tienen] dos clases de responsabilidad: una ante sus respectivos Estados por infracciones de la constitución y leyes particulares, y otra ante el congreso general por infracción de la constitución y leyes federales” (“La soberanía de los Estados”, en El Siglo Diecinueve, 8 de enero de 1868, p.1, Liga 2). Es decir, la solución al problema tamaulipeco de García Cabeza de Vaca residiría en qué tipo de leyes se han roto. Si la infracción es estadual, el fuero y la legislatura que lleva mano es la estadual de Victoria. Si la infracción es federal, la mano la lleva la legislatura federal en San Lázaro.

Lo anterior, que para los constitucionalistas estuvo siempre muy claro, se complicó porque en 1982 se reformó el sistema de juicio de desafuero federal y se incluyó en el mismo a las legislaturas de los estados –inmediatamente después de que la Cámara de Diputados federal haya resuelto el desafuero del funcionario estadual. En este caso, el desafuero “será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda” (Artículo 111 Constitucional quinto párrafo in fine).

Aunque parezca extraño, esa reforma de fines del siglo XX refleja la misma ideología constitucional de una editorial de Francisco Zarco del año 1868. Zarco decía que los pueblos recurren a los sistemas parlamentarios porque “se han propuesto algo más útil, algo más práctico, que tener academias de retórica y de elocuencia. Han querido que no haya poderes absolutos … y para todo esto basta que las asambleas se compongan de hombres de buen sentido y patriotismo, aunque no sean grandes literatos ni distinguidos oradores” (“Ataques al Congreso”, El Siglo Diecinueve, domingo 12 de enero de 1868, p. 1, Liga 2.)

Los parlamentos representan al pueblo y es cosa buena que desde esa perspectiva vigilen los actos del resto de los funcionarios –por ejemplo, las acusaciones penales de los fiscales en contra de altos funcionarios electos democráticamente. En este sentido, la reforma de 1982 recordaba que las legislaturas estaduales representan la soberanía popular en cada una de las entidades federativas y que, por lo mismo, debían tener una palabra cuando se acusase a un funcionario de su estado por delitos federales. Pero ¿qué palabra han de tener? Este era el fondo del debate en el caso García Cabeza de Vaca que se dirimió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace poco.

El poder judicial federal no estaba seguro de la respuesta. Por eso es que el 24 de mayo de 2021, en un juzgado federal, el octavo de distrito en Tamaulipas (Reynosa), el juez Faustino Gutiérrez Pérez, en el juicio de amparo 669/2021, decidió conceder “al quejoso Francisco Javier García Cabeza de Vaca la suspensión provisional solicitada … para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no sea privado de la libertad …”. Por otra parte, el sábado 29 de mayo de 2021 la FGR judicializó una acusación por delincuencia organizada y lavado de dinero ante un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez (Estado de México). Este otro juez federal, Aarón Iván Zeferín Hernández, ordenó la aprehensión del mandatario estatal en la causa penal 139/2021 pese a que el ciudadano García Cabeza de Vaca seguía en funciones de gobernador. Zeferín Hernández consideró que el objetivo de enviar la resolución federal de desafuero a la Legislatura estadual “es para el efecto de que aquella decida si será o no separado de su encargo, mientras esté sujeto a proceso penal (pues atendiendo al caso concreto, podría decidir no separarlo del cargo y que éste enfrente el proceso penal ostentando dicho cargo)”.

El juez Zeferín abundó: “desde el criterio de este juez la comunicación a la autoridad legislativa local se limita llanamente en constituir la notificación formal a favor de la Entidad Federativa de la decisión final sobre la declaratoria de procedencia sobre uno de sus servidores públicos locales, mas no en concederle potestad política o jurídica para aceptar o no la decisión, pues ésta como cualquier auto autoritativo debe de satisfacerse y cumplirse en sus estrictos términos”.

El congreso tamaulipeco impugnó la resolución de la Cámara de Diputados federal que había desaforado a García Cabeza de Vaca en la Controversia Constitucional 50/2021. En su comunicación al máximo tribunal federal los de Victoria argumentaron en resumen que (1) estaban enterados de la decisión federal, (2) que habían decidido sostener en su puesto (y con fuero) a su gobernador y que (3) impugnaban la pretensión de la Cámara de Diputados federal de que su decisión automáticamente significara que el gobernador no tenía fuero.

Cuando se supo de la orden de aprehensión concedida por el juez Zeferín, el congreso tamaulipeco promovió una segunda controversia constitucional, la 70/2021. En ella argumentaron que, dado que las y los diputados tamaulipecos mantenían el fuero de su gobernador, la orden de aprehensión del juez de control en Almoloya debía anularse.

Nota, lectora, que las dos controversias permanecieron en los cajones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde mayo de 2021 hasta agosto de 2022. Las y los ministros decidieron no decidir por quince meses. Una decisión política que tuvo consecuencias políticas. Durante ese periodo, García Cabeza de Vaca perdió la elección legislativa en julio de 2021 y la mayoría panista en la Legislatura de Victoria; pero en pocos meses –y probablemente mediante corruptelas– evitó que se formase una mayoría de izquierda opositora en la nueva legislatura. El gobernador también tuvo oportunidad de luchar con todo para que su partido (y su facción dentro del mismo) ganase la elección de gobernador en junio de 2022. Perdió; pero con el apoyo de la Legislatura que ya había logrado controlar, transfirió inmensos poderes a su fiscal carnal, de modo que el nuevo gobernador morenista pueda ser controlado desde el primer día de su administración (el 1 de octubre de 2022).

Las y los ministros no podían ignorar estos y otros hechos –incluidas las maniobras de García Cabeza de Vaca para anular la elección de gobernador, que continúan. Lo dejaron hacer al procrastinar su decisión.

Y cuando al fin decidieron, optaron por reconocer a las legislaturas el poder de detener la decisión de la Cámara de Diputados federal en materia de desafuero ¡en delitos federales! Porque, en la resolución de la Controversia Constitucional 50/2021 reconocieron “la validez del dictamen de declaración de procedencia … [de la cámara federal] …en la inteligencia de que ese pronunciamiento no elimina, por sí mismo, la inmunidad procesal de la que goza el titular del poder ejecutivo del estado de Tamaulipas”. Y, en la Controversia Constitucional 70/2021 declararon “la invalidez de la solicitud de orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República, así como de la orden de aprehensión expedida [por el juez federal Zeferín] en contra del titular del poder ejecutivo del estado de Tamaulipas”.

¿Declararon inocente a García Cabeza de Vaca? No. La FGR y los jueces federales procederán en contra de ese ciudadano apenas deje de ser gobernador de Tamaulipas. Imagino que las y los ministros de la Primera Sala se justifican con esto para su decisión. Pero me pregunto si se dan cuenta del impacto político de su resolución.

Al reconocer que las Legislaturas de los estados pueden aceptar o no las resoluciones –supuestamente inatacables y definitivas– de la cámara federal han mezclado con poco sistema los dos órdenes de gobierno. Una argumentación en contra de ellos, desde el plano jurídico, la hizo Sergio Charbel Olvera Rangel en la revista Siempre! del pasado 28 de agosto de 2022. (Liga 3.) Que incluso en un medio de derechas se les critique es una señal que debiesen anotar nuestros altos jueces.

Pero el error no es sólo jurídico, sino político. Porque la Suprema Corte es un órgano político, ¡no lo olvidemos! Las y los ministros han abierto la puerta para que se mantengan impunes gobernadoras y gobernadores que con habilidad, con ingenio o con corrupción se aseguren una mayoría legislativa en sus congresos. Ciertamente, la representación popular en cada estado debe ser respetada, como decía el gran Zarco. Pero… ¿estaría Zarco de acuerdo con los abusos de García Cabeza de Vaca? No lo creo.

Ligas usadas en este texto:

Liga 1:
https://www.rompeviento.tv/fueros-y-desafueros/

Liga 2:
http://www.hndm.unam.mx/index.php/es/

Liga 3:
http://www.siempre.mx/2022/08/deformacion-del-desafuero-contra-servidores-publicos-locales/

Federico Anaya-Gallardo
Federico Anaya-Gallardo

Abogado y politólogo. Defensor de derechos humanos. Ha trabajado en Chiapas, San Luis Potosí y Ciudad de México. Correo electrónico: agallardof@hotmail.com

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