El presidente de México insiste en criticar, señalar y separar a sus adversarios. Separar en el sentido de marginar, porque parece que en este país quien piensa diferente no tendría derecho a hablar. En algún momento, puede que no falte mucho, su actitud podría resultar contraproducente. Tomemos, por ejemplo, las encuestas: consultas realizadas con la participación siempre de menos de 5% de un padrón o lista de ciudadanos, sin reglas, sin escrutinio, sin condiciones de validez. A veces, simplemente a mano alzada. ¿Qué va a pasar el día que la República de Nuevo León o la República de Jalisco decidan hacer un plebiscito en el que sólo participe 3% de los ciudadanos, y que de ese 3%, el 90% decida separarse de la federación? ¿Consummatum est? ¿El pueblo quita, el pueblo pone?
Desde el punto de vista constitucional, los estados de nuestra federación son repúblicas. Y lo son en toda federación. La bandera de California dice “Republic of California”, y el escudo de Texas, “Republic of Texas”. Para un estudioso del Derecho Constitucional esto es una verdad de perogrullo: cada una de nuestras entidades federativas es una república, sin importar si el origen del federalismo fue centrípeto o centrífugo, y goza de autoridad soberana en todo lo concerniente a su régimen interior. En el ámbito estatal, la máxima autoridad gubernativa de Jalisco, por poner un ejemplo, es Enrique Alfaro, no López Obrador. Esto resulta muy difícil de comprender para quienes no están familiarizados con el Derecho Constitucional y han vivido y crecido detrás de los reflectores de un régimen presidencialista, que, por cierto, ha sido nefasto en nuestra historia. Los tribunales constitucionales de México, Estados Unidos, Alemania y otras federaciones, así lo han precisado. Por ejemplo, en la interpretación de nuestros artículos 124 y 133 constitucionales, la Suprema Corte ha señalado con claridad que no hay una superioridad del derecho federal sobre los derechos de los estados, sino que se trata de dos ámbitos distintos; no es que uno esté supeditado al otro: tienen la misma jerarquía y se sitúan por debajo de los tratados internacionales y de la Constitución. Supongo que para un enardecido seguidor del presidente, hablar de la República de Tamaulipas o de la República de Chihuahua y señalar que los gobernadores de cada entidad son la máxima autoridad administrativa y gubernativa de la entidad en lo que a sus competencias corresponde, y no López Obrador; sería suficiente para que se configure el delito de sedición y manden a uno a la cárcel, o, peor aún, al paredón. Pero es la verdad: es parte de la naturaleza de la forma de estado federal.
Lo que son las cosas: en el siglo XIX el federalismo fue la bandera de los liberales. Los conservadores querían una república centralista. Y ahora, casi doscientos años después, parece que las cosas se han invertido. Ahora los auto-denominados “liberales” quieren un gobierno central muy fuerte, y los así acusados de “conservadores” están apelando al federalismo. El régimen priísta, que dominó setenta años del siglo XX, creó una herramienta para que el gobierno central tuviera todo el poder económico de los estados y el federalismo fuera sólo de apariencia: me refiero a la Ley de Coordinación Fiscal de 1978. Y la creó José López Portillo. En pocas palabras, los impuestos generados por lo que producen los ciudadanos y las industrias en cada estado, acaban en las arcas de la federación. Grosso modo, de 100% de impuestos federales que se recaudan en cada estado (que generan los empresarios y la industria de cada estado), el gobierno central se queda con 76% y el 24% restante lo reparte entre las 32 entidades federativas. ¿Cómo? Hay una complicada ecuación, pero se puede decir, en resumen, que reciben más las entidades más pobladas y más pobres. De todos modos, el gobierno central se queda con casi todo el pastel (76%). Esto es injusto. Y no es injusto ahora, sino desde siempre. Lo que extraña es que durante el régimen priísta, ningún gobernador priísta haya objetado este esquema; tampoco se entiende que durante los gobiernos panistas, ningún gobernador panista haya denunciado este desequilibrio. Ahora sí lo hacen, porque hay un presidente, digamos, adverso. Pero no importa si es este presidente o cualquier otro, el esquema no es equitativo y debe replantearse.
No hay un México. Hay muchos Méxicos. Nuestra unión es artificial y siempre lo ha sido. No es egoísmo, pero lo que suceda en Campeche es algo que tiene despreocupado al pueblo de Nuevo León. Insinuar traición a la patria por esto es un discurso incendiario y equivocado: ¿cuál patria? La patria misma es un discurso. Lo que existe son los intereses comunes, y hay tantos intereses comunes como regiones en el país.
Cada estado debe ver por sí y por sus ciudadanos. Y dentro de ese estado, cada ciudad y cada municipio debe ver por sí y por sus ciudadanos. El objetivo del gobernador de Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León o Puebla no debe ser “la grandeza de México”, concepto ideológico que no tiene existencia real (existencia real en sentido filosófico); tampoco debe ser el fortalecimiento del gobierno central ni la consolidación de un proyecto político; ni siquiera el bienestar de los ciudadanos de otros estados. No. El objetivo de cada gobernador debe ser el bienestar de sus ciudadanos y pobladores. Y cuando hablo de bienestar, me refiero principalmente a lo económico, porque sin eso no puede haber bienestar en lo sanitario, en lo cultural, en lo social, en lo educativo, en lo espiritual, etcétera (en eso sí tenía razón Marx: las condiciones económicas determinan). La justicia no sólo es constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde, según el ius (derecho), y no sólo debe entenderse como redistribución, como sostiene el socialismo. En una visión más holística, la justicia también consiste en que cada uno haga lo que le corresponde.
Se ha criticado a los catalanes y a los lombardos, por ejemplo, porque, a juicio del resto de españoles e italianos, actúan egoístamente. Cataluña y Lombardía se sienten expoliados porque la mayor parte de lo que generan va a dar a Madrid y a Roma. Si bien la forma de Estado en España e Italia no es la federal, sino la autonómica, el principio es el mismo. Se podrá decir que Cataluña y Lombardía son egoístas, pero aun así tienen cierta razón y no hay que desechar a priori sus argumentos. En México, algunos estados por sí mismos podrían erradicar la pobreza en una década, si no tuvieran que entregar todo al gobierno central. ¿Podemos acusarlos de egoístas e indolentes, como a los catalanes y lombardos? Tal vez sí, pero eso no haría que en el fondo también tuvieran cierta razón. Acallarlos sería un abuso.
El esquema de coordinación fiscal que prevalece en México se creó para que los estados pobres salieran de la pobreza y el infra-desarrollo. Pero el plan fracasó, porque los estados pobres siguen igual, o peor de pobres, y los estados ricos no han podido, por decirlo de algún modo, despegar. Este esquema fiscal hoy está siendo refutado y criticado por algunos estados a causa de la epidemia de Covid-19. Al menos cinco entidades, ya pusieron el tema sobre la mesa: Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Coahuila y Chihuahua. La situación se agrava y se politiza porque ninguno de sus gobernadores es de Morena. Y en cierto sentido, está sucediendo algo análogo en Estados Unidos: el gobernador de California, Gavin Newsome, se ha referido a su estado como un “Nation-State”, un Estado-Nación, y ha criticado al gobierno central (el gobierno de Trump) por la ineptitud que ha mostrado en la crisis de Covid-19. En el fondo, el gobernador de California –como Enrique Alfaro y Jaime Rodríguez– está diciendo que estarían mejor solos.
El motivo principal por la cual los estados se unen en una Federación (Union, en inglés), es porque les conviene y están mejor dentro que fuera de ella. Son razones prácticas y de conveniencia, no sueños y aspiraciones de justicia y libertad, aunque de hecho se maneje un discurso así de rimbombante. Si resulta todo lo contrario, es decir, si un estado está peor dentro de la federación que fuera de ella, entonces no tiene sentido seguir en la Unión. Y aunque desde el punto de vista teórico-constitucional buena parte de la doctrina señala que la secesión es imposible, desde el punto de vista de la historia y de los factores reales del poder, claro que es posible. Si el gobierno central de México, en lugar de tender puentes cierra puertas, la 4T podría convertirse en la 2D: La Segunda Desmembración.
@VenusReyJr
