La Judicatura destacó los ocho militares liberados, acusados de desaparición forzada, no pueden salir del país, no acercarse al lugar de los hechos ni a Guerrero, y se tienen que presentar quincenalmente ante juzgados.
Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acusó ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) por no impugnar el cambio de medida cautelar para ocho militares ligados al caso Ayotzinapa, luego de que una Jueza federal revocara la prisión preventiva a los señalados de la desaparición de 43 estudiantes, y que se les permitiera seguir su juicio en libertad con el pago de una fianza.
La CJF explicó que un juzgado determinó la prisión preventiva oficiosa, ya que se ponderó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había condenado al Estado mexicano por la inconvencionalidad del Artículo 19 constitucional; sin embargo, “únicamente los militares” interpusieron un recurso de revisión, “no así la Fiscalía”.
“Únicamente los militares interpusieron recurso de revisión, no así la Fiscalía, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, cuyas personas integrantes en sesión de 30 de noviembre de 2023, resolvieron modificar la resolución del juzgado de amparo”, expresó la CJF.
“En acatamiento a tal ejecutoria de amparo, el pasado 20 de enero, la persona juzgadora que conoce de la causa resolvió que no era procedente imponer a los inculpados la prisión preventiva justificada y determinó diversas medidas cautelares, no privativas de libertad, al considerar que la Fiscalía no había aportado datos de prueba que justificara su idoneidad y pertinencia”, precisó.
Asimismo, refirió que aunque los militares no cuentan con la prisión preventiva, tienen las medidas cautelares de: presentación quincenal ante el juzgado; la exhibición de un garantía económica de 50 mil pesos; la prohibición de salir del país, pues entregaron su pasaporte original; la prohibición de acercarse al lugar de los hechos y al estado de Guerrero; y no convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas o testigos protegidos.
MÁS LEJOS DE LA JUSTICIA
El pasado sábado 20 de enero, una Jueza federal revocó la prisión preventiva a ocho militares, identificados como Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo, acusados de la desaparición de 43 estudiantes.
Santiago Aguirre, abogado de los padres de los desaparecidos, explicó el sábado a The Associated Press que la audiencia en que se tomó la decisión tuvo lugar la víspera y los beneficiados por el cambio de medida cautelar están acusados por el delito de desaparición forzada de personas, lo que supone un nuevo golpe a un caso que después de nueve años sigue sin esclarecerse.
“Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de Sedena [Secretaria de la Defensa Nacional]”, agregó Aguirre. “En la defensa de estos acusados participan abogados militares”.
Con esta medida sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un General, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército, agregó Aguirre. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada. Presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.
A nueve años del ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.
La participación de las Fuerzas Armadas está confirmada por la Fiscalía General de la República, así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este Gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso ocho años. Sin embargo, no está claro hasta dónde llegó su actuación.
Los expertos internacionales y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de las Fuerzas Armadas fue mucho mayor, no sólo en el ataque, sino en la posterior obstrucción a la justicia. El problema, denunciaron, es que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para el esclarecimiento de los hechos.
ENCINAS ACUSA IMPUNIDAD
Por su parte, Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, también reprobó la determinación de la Jueza federal que ordenó la tarde del sábado la liberación de los ocho militares que se encontraban presos por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 jóvenes.
Encinas investigaba la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración el pasado 19 de octubre.
A través de su cuenta de X, calificó la decisión como “un nuevo sabadazo”, pues la Jueza Duarte Cedillo aprovechó el fin de semana para otorgar el beneficio de libertad condicional a los ocho militares acusados de estar relacionados en el caso.
“Un nuevo sabadazo. Allanan el camino a la impunidad”, publicó.
Minutos más tarde, lamentó en una nueva publicación desde su cuenta personal que los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litiguen contra la investigación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el Presidente de México”, dijo.
SEGOB TAMBIÉN SE QUEJA
El pasado lunes 22 de enero, la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que la liberación de los ocho militares en el caso Ayotzinapa, efectuada por una Jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales, es un “daño inconmensurable” por parte del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La titular de la Segob, Luisa María Alcalde Luján, compartió un boletín donde la dependencia suscribe la inconformidad que este fin de semana expresó a la Fiscalía General de la República (FGR) luego de la resolución de la Jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del Tribunal Colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, luego de permitir la liberación de dichos elementos del Ejército mexicano.
“No nos extraña la posición del PJF en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se han dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, sentenció.
La Segob afirmó que el PJF se vale de “pretextos procedimentales” para permitir la liberación de los ocho militares. Asimismo, recordó que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturadas, pero no actuaron en contra de torturadores, como el caso de Tomás Zerón, quien actualmente se encuentra prófugo en Israel.
De igual manera, recordaron los esfuerzos del Poder Judicial para intentar liberar al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, hecho que fue impedido gracias al trabajo de la FGR y otras dependencias del Gobierno federal.
“El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones, el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”, añadió.
