El Cártel Inmobiliario de Coahuila: así operaba la presunta red de fraude que involucra a notarios y apunta a funcionarios públicos (Redacción Astillero Informa)

16 de octubre de 2026.- Terrenos vendidos varias veces, documentos aparentemente oficiales, escrituras irregulares y millones de pesos desaparecidos forman parte de uno de los mayores escándalos inmobiliarios de Torreón. Las víctimas denuncian que el fraude no habría sido posible sin la colaboración o tolerancia de personas dentro de distintas dependencias gubernamentales.

Durante años, decenas de familias de Torreón creyeron estar adquiriendo terrenos y viviendas para construir su patrimonio. Sin embargo, muchas terminaron perdiendo sus ahorros en operaciones que parecían completamente legales, pero que presuntamente formaban parte de una estructura de fraude conocida como el Cártel Inmobiliario de La Laguna.

El caso ha dejado más de 60 denuncias formales y afectaciones económicas que, de acuerdo con estimaciones difundidas por representantes de las víctimas, podrían alcanzar los 100 millones de pesos si se consideran otros posibles afectados que todavía no han denunciado.

Las investigaciones han colocado en el centro del escándalo a la antigua Notaría Pública número 45 de Torreón, cuyo titular, Fernando Nicolás Muñoz San Juan, fue detenido en Madrid, España, en agosto de 2026, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con el presunto fraude inmobiliario.

Así funcionaba la presunta red de fraude

El mecanismo comenzaba frecuentemente con anuncios de terrenos y viviendas publicados en Facebook. Los interesados eran contactados por intermediarios que les mostraban propiedades y documentación que aparentaba acreditar su legalidad.

Posteriormente, los compradores eran llevados a oficinas notariales, principalmente a la Notaría 45, donde firmaban contratos y entregaban importantes cantidades de dinero.

Según una investigación publicada por Vanguardia, las operaciones incluían documentos con sellos, referencias catastrales y códigos QR que daban apariencia de autenticidad a las transacciones.

https://x.com/ElSoldeLaLaguna/status/2110571363555479852

El problema surgía cuando los compradores intentaban obtener sus escrituras o tomar posesión de los inmuebles. Entonces descubrían que algunos terrenos pertenecían a terceros, habían sido vendidos más de una vez o presentaban irregularidades que impedían concretar legalmente la compraventa.

Los testimonios también describen operaciones relacionadas con terrenos municipales, propiedades intestadas y predios cuyos propietarios llevaban años sin realizar movimientos administrativos.

¿Quién protegía al Cártel Inmobiliario?

Esta es una de las principales interrogantes que todavía rodean el caso.

Las víctimas sostienen que las operaciones difícilmente pudieron realizarse durante tanto tiempo sin la intervención, colaboración o conocimiento de personas con acceso a información oficial.

Los señalamientos apuntan a posibles irregularidades en áreas como Catastro Municipal, Urbanismo y el Registro Público de la Propiedad.

Alfonso Serrano, representante de un grupo de afectados, declaró a El Siglo de Torreón que existen testimonios sobre trabajadores del Registro Público que presuntamente consultaban información de terrenos intestados o con problemas de predial, los cuales posteriormente aparecían anunciados para su venta.

Los afectados incluso solicitaron al nuevo titular del Registro Público de la Propiedad, Javier Armendáriz Reyes Retana, una revisión del personal y de los procedimientos utilizados en las operaciones investigadas.

No obstante, hasta ahora no se ha acreditado judicialmente la existencia de una estructura de protección institucional ni la responsabilidad penal de funcionarios específicos. Los señalamientos constituyen una línea de investigación que corresponde esclarecer a las autoridades.

Los nombres que aparecen en las denuncias

Además del exnotario Fernando Nicolás Muñoz San Juan, los testimonios recopilados por Vanguardia mencionan a Víctor Enrique Díaz Flores como presunto vendedor de distintos terrenos y a Ana María Guerrero como intermediaria en operaciones denunciadas por compradores.

Uno de los afectados, Alfonso Serrano, relató haber entregado dos vehículos y 120 mil pesos en efectivo para adquirir un terreno, en una transacción realizada dentro de la Notaría 45.

Otro comprador, Germán Castañeda, declaró haber entregado 650 mil pesos por varios predios que posteriormente descubrió que presentaban problemas de propiedad.

Estos testimonios muestran que los compradores no necesariamente fueron engañados mediante operaciones clandestinas, sino a través de procedimientos que aparentaban contar con respaldo legal.

La responsabilidad de cada persona señalada deberá determinarse mediante las investigaciones y resoluciones judiciales correspondientes.

Denuncias desde años atrás y una pregunta sin resolver

Otro aspecto que ha generado indignación es que algunos afectados aseguran que existían denuncias desde 2021, pese a lo cual las operaciones presuntamente irregulares continuaron.

La Notaría 45 dejó de operar en enero de 2025, después de que se acumularan señalamientos por irregularidades.

En junio de 2026, una investigación de Vanguardia documentó que el caso acumulaba más de 60 denuncias y 12 órdenes de aprehensión.

Posteriormente, la detención del exnotario en España representó un avance importante, aunque no resolvió las dudas sobre la participación de otras personas y el destino del dinero obtenido mediante las operaciones investigadas.

Las víctimas exigen justicia y recuperar su patrimonio

Las familias afectadas han realizado manifestaciones, reuniones con autoridades y gestiones para conseguir la reparación de sus pérdidas.

Como parte de las medidas de atención, las autoridades han trabajado en un esquema para facilitar el acceso a terrenos a algunos de los perjudicados. Sin embargo, estas alternativas no necesariamente equivalen a recuperar la totalidad del dinero entregado.

El caso también ha puesto bajo cuestionamiento los mecanismos de supervisión notarial y los controles administrativos utilizados para verificar la propiedad de los inmuebles.

La pregunta central sigue vigente: ¿cómo pudo operar durante años un esquema de compraventas presuntamente fraudulentas utilizando documentación y procedimientos que aparentaban ser oficiales?

Aunque existen detenciones e investigaciones abiertas, todavía falta establecer quiénes participaron, qué funcionarios pudieron haber facilitado las operaciones, si hubo omisiones deliberadas y quiénes se beneficiaron económicamente.

El Cártel Inmobiliario de La Laguna no solamente representa un posible fraude multimillonario. También constituye una prueba para las instituciones encargadas de garantizar la seguridad jurídica de las propiedades en Coahuila.

La detención de un exnotario puede ser un avance, pero las víctimas reclaman que la investigación llegue hasta todos los responsables y determine si hubo una red de complicidades que permitió que el fraude continuara durante años.

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