El 11-S y la narcoviolencia de México. Autor Felipe León López

Mapa: Unidad de Inteligencia Financiera, SAT, 4 de octubre de 2020.

Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dio el primer paso para exigir reparación del año a una parte de los factores que han incidido en la violencia cotidiana en México: los fabricantes de armas. A través del aparato jurídico de la Cancillería, nuestro país demandó a las armerías de los Estados Unidos por 15 mil millones de dólares, que representan algo así como el 2% PIB nacional.

Sin embargo, dicha demanda puede quedar corta y quizá hasta temerosa si sólo se atiende al problema de las armas, pues la violencia en México tiene una raíz más profunda en las secuelas por las medidas impuestas por los Estados Unidos luego del 11 de septiembre de 2001 (11-S), conocidas como Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) de las que México y Canadá se vieron obligados a suscribir. En términos generales, establecieron el control del tráfico aéreo y la conformación de las “fronteras inteligentes”, lo que llevaría a los narcotraficantes de centro y sudamericanos a aliarse con los mexicanos y a utilizar nuestro territorio como ruta para el trasiego de drogas.

Gráfico 1. Fuente: El Universal, 28 de julio de 2021.

“Desde Centroamérica y América del Sur ingresan a México drogas, armas pequeñas y delincuentes. México, a su vez, exporta sus cárteles a Centroamérica, principalmente los de Sinaloa, el del Golfo y los Zetas, que actúan en Guatemala. Al mismo tiempo, la población transmigrante sufre la extorsión de los traficantes y de las autoridades gubernamentales corruptas. Asimismo, México envía grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos, de donde proviene la demanda de drogas y el financiamiento para que ese comercio ilegal sea posible, además de otro factor que alimenta a toda la criminalidad común y organizada de México: las armas, debido a las facilidades para la venta libre en territorio estadounidense”, publicó en un balance el investigador y especialista en seguridad Raúl Benítez Manaut.

Aunque debe decirse que la tendencia de la violencia en México venía arrastrándose con la crisis del fin de sexenio de Carlos Salinas, iniciando con el asesinato del cardenal Posadas Ocampo hasta las ejecuciones de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, y más con el llamado “error de diciembre de 1994”, las cifras no eran tan alarmantes como cuando los capos mexicanos suplieron a los colombianos en el control del tráfico.

📱 Suscríbete a #AstilleroInforma en Telegram y recibe las noticias

Anuncio

La ola de violencia generada por el narcotráfico en México no amaina porque tiene infiltrado todo el tejido social de amplias zonas del país y porque el consumo de drogas en EEUU se mantiene igual o peor que antes. El crimen organizado se ha vuelto transnacional y cada vez más sofisticado, perfeccionando no sólo sus tácticas bélicas, sino mediáticas, valiéndose de medios y redes sociodigitales (leer el informe de la agencia InSightCrime sobre las fundadas sospechas de que varios ex militares estadounidenses y ex paramilitares sudamericanos fueron reclutados por cárteles mexicanos y ello ha elevado el número de asesinatos de policías y militares: As a way to demonstrate overwhelming power, narcomantas have been used by crime groups since at least 2006. The appearance of the pig heads, though, comes at a time when police are being killed at an alarming rate).

Gráfico 2. Fuente: TResearch 1 de septiembre de 2021.

Como se aprecia en gráfico 2, el histórico de la agencia TResearch, dos momentos han creado el cultivo de la violencia en México: la crisis económica de 1995, luego del “error de diciembre” y el impacto de las medidas antiterroristas del 11-S aplicadas recibidas con Vicente Fox, pero aplicadas en el sexenio de Felipe Calderón bajo una doctrina similar al otrora “Plan Colombia”: la Iniciativa Mérida.

Gráfico 3. Fuente:  Unidad de Inteligencia Financiera, SAT, 4 de octubre de 2020.

Hoy, los cárteles de la droga tienen repartido el territorio mexicano como si fuera “el pacto federal” paralelo, tal cual lo estableció la UIF de Santiago Nieto (Gráfico 3).  El riesgo de que el crimen influya en la política ya ocurrió como nunca antes, pues la misma jornada electoral hubo al menos 17 actos de violencia. El semanario Zeta contabilizó 563 las agresiones de violencia política en las pasadas elecciones, con 88 víctimas entre candidatos, precandidatos, activistas o funcionarios, siendo los más significativos: 16 en Veracruz, 11 en Oaxaca, 8 en Guerrero, 7 en Guanajuato, 6 en Baja California y 5 en el Estado de México.

Como lo publicamos en este espacio, el 01 de junio pasado en el artículo El mapa político y del crimen después del 6 de junio, “es claro que el crimen organizado está operando en el proceso electoral 2021 y lo está haciendo para beneficiar a sus candidatos, para tener gubernaturas, ayuntamientos y hasta bancadas a nivel estatal y federal. Así de grave la situación que podría desencadenarse porque las instituciones de inteligencia preventiva no están operando y porque los partidos políticos han hecho un examen autocrítico en la selección de sus candidatos”.

Gráfico 4. Fuente Tresearch, 6 de septiembre de 2020.

Se niega, pero hay regiones amplias donde quienes dejaron de mandar fueron los caciques políticos y ahora son los jefes de plaza del crimen organizado. La situación que pasa en la Tierra Caliente de Michoacán, Guerrero y Estado de México es crítica, por la forma en que se impusieron los grupos delictivos a los partidos políticos de todas las nominaciones de ideologías. Lo mismo se ha documentado en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. En un estudio sobre la injerencia del crimen organizado en las campañas electorales de TresearchMx “un 47% respondió que el crimen organizado siempre ha intervenido en las elecciones en México; por otro lado, un 30% que piensa que antes si intervenía y ya no” (Gráfico 4).

El 11 de septiembre de 2001 es una fecha emblemática y marcó un quiebre radical en la política de seguridad en la región. So pretexto de impedir que ingresen terroristas al territorio estadounidense, se pasó de la colaboración a la seguridad de la frontera con EEUU a asumir todos los costos económicos, sociales y de millones de vidas, además del desgaste de tres sexenios consecutivos.

En 2005, cuando se firmó el acuerdo trinacional ASPAN, se ha realizado un limitado análisis sobre los avances y los límites de esta cooperación trinacional en seguridad. El saldo en este 2021 está a la vista: a) cárteles mexicanos empoderados y con amplia presencia en Estados Unidos, donde el consumo de drogas sigue en constante aumento; 2) México contaminado en sus esferas militares, policiales y políticas; 3) El tejido social de EEUU y México permeado por narco pandillas y complicidades, generando crisis de desaparecidos, derechos humanos, abusos de autoridad y ampliando la corrupción de policías de todos los niveles y militarizando la seguridad pública; 4) Escándalos de corrupción como los casos de ex mandos policiales mexicanos y estadounidenses, tal cual “Rápido y furioso”; 5) Casi medio millón de personas asesinadas vinculadas a este flagelo; 6) Una espiral de consumo de drogas en nuestro país donde hay zonas de excepción controladas por criminales; y 7) una crisis migratoria en que se presiona al gobierno de México para crear su “muro humano” y contener los flujos de migrantes de la frontera sur de nuestro país a la frontera con EEU.

Contacto: feleon_2000@yahoo.com

Comenta

Deja un comentario