“¿Dónde están las pruebas?”: Ugalde niega fraude electoral de 2006 y responde a Sheinbaum (redacción Astillero Informa)
El expresidente del IFE rechazó haber operado para favorecer a Felipe Calderón y exigió evidencias de su presunta participación. También criticó las declaraciones de Vicente Fox, quien aseguró que trabajó para mantener al PAN en la Presidencia, y acusó que desde el poder se busca intimidar a quienes disienten.
Luis Carlos Ugalde Ramírez, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), rechazó este domingo 8 de noviembre de 2026 las acusaciones que lo señalan como responsable de haber ejecutado un presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2006, en las que Felipe Calderón obtuvo la victoria sobre Andrés Manuel López Obrador por una diferencia de apenas 0.56 puntos porcentuales.
Mediante un video difundido en su cuenta de X, el exfuncionario electoral respondió directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien días atrás lo identificó como el responsable de concretar una operación presuntamente organizada por Vicente Fox para impedir que López Obrador llegara a la Presidencia.
Ugalde sostuvo que, después de 20 años, las acusaciones sobre su actuación al frente del organismo electoral continúan sin estar respaldadas, a su juicio, por elementos que demuestren su participación personal en una alteración de los resultados.
“Atribuirme personalmente la ejecución de un fraude exige algo más: demostrar cómo habría ocurrido y presentar pruebas concretas”, afirmó.
El exconsejero presidente recordó que la elección de 2006 fue impugnada y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una autoridad independiente del IFE, revisó los recursos presentados y finalmente declaró válido el proceso electoral.
Su pronunciamiento ocurre después de que el expresidente Vicente Fox reconociera públicamente haber trabajado para conseguir la victoria de Calderón, unas declaraciones que reavivaron el debate sobre las condiciones en que se desarrolló una de las elecciones más controvertidas de la historia reciente de México.
Ugalde exige pruebas de su presunta participación en el fraude
En su mensaje, Ugalde cuestionó directamente a quienes lo responsabilizan de haber manipulado los resultados electorales.
“¿Dónde están las instrucciones que supuestamente di? ¿Dónde están las grabaciones, los correos electrónicos o los testimonios que demuestren mi participación?”, planteó.
El exfuncionario argumentó que la organización electoral de 2006 no dependía exclusivamente de las decisiones de su presidente, sino de una estructura institucional integrada por consejeros, funcionarios profesionales y ciudadanos responsables de recibir y contar los votos.
Recordó que el entonces IFE funcionaba como un órgano colegiado de nueve consejeros electorales y que las representaciones de los partidos políticos participaban en la vigilancia del proceso.
Añadió que más de 900 mil ciudadanos, seleccionados mediante procedimientos de sorteo, participaron en la organización de las casillas y el cómputo inicial de los sufragios.
Con estos argumentos, rechazó que hubiera podido ejecutar personalmente una operación para modificar la voluntad expresada en las urnas.
Ugalde también defendió la actuación del Tribunal Electoral, al señalar que esa institución examinó los elementos presentados por los partidos y emitió una resolución definitiva sobre la elección.
No obstante, sus declaraciones no eliminan la controversia política que ha acompañado a los comicios de 2006, ni resuelven por sí mismas los cuestionamientos históricos sobre la intervención del gobierno de Vicente Fox en aquel proceso.
“Fox no controlaba al IFE”, afirma
Otro de los aspectos centrales de la respuesta de Ugalde fue su distanciamiento de las declaraciones recientes de Vicente Fox.
El expresidente del IFE calificó como “irresponsables y erráticas” las afirmaciones del exmandatario panista, quien reconoció haber trabajado para impedir una alternancia partidista en la Presidencia de la República.
Ugalde admitió que la conducta política de Fox contribuyó al deterioro del ambiente en que se desarrollaron los comicios, pero rechazó que esto signifique que el entonces titular del Ejecutivo federal controlara al organismo electoral o tuviera participación directa en el conteo de los sufragios.
“Una cosa era lo que quería Vicente Fox y otra muy distinta las decisiones del IFE. Su actitud arrogante contribuyó a deteriorar el ambiente de aquella elección, pero Fox no controlaba al IFE ni participó en el conteo de los votos”, sostuvo.
La declaración representa una crítica explícita al comportamiento del expresidente panista, aunque también busca establecer una separación entre su actuación política y las decisiones institucionales del organismo que presidía Ugalde.
De esta manera, el exconsejero reconoció que existieron conductas del gobierno que afectaron el contexto electoral, pero rechazó que constituyan pruebas de una operación encabezada por él para alterar los resultados.
Fox aseguró que hizo ganar a Calderón en 2006
La controversia se reactivó a principios de noviembre, después de que Vicente Fox concediera una entrevista al periodista Juan Luis Cebrián para el medio español The Objective.
Durante la conversación, el expresidente afirmó que trabajó para garantizar que el Partido Acción Nacional conservara el poder al concluir su administración.
“Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”, expresó Fox, al recordar la sucesión presidencial de 2006.
El exmandatario explicó que consideraba necesario que la Presidencia permaneciera en manos del PAN y reconoció que sus esfuerzos políticos se orientaron a conseguir ese objetivo.
También señaló que había llegado a manifestar públicamente su intención de entregar el gobierno únicamente a un presidente surgido de su partido.
Las declaraciones provocaron reacciones porque Fox era presidente de la República durante aquel proceso y, por tanto, estaba obligado a respetar los principios de imparcialidad y equidad electoral.
Sus palabras fueron interpretadas por Claudia Sheinbaum y otros dirigentes de Morena como una confirmación de las acusaciones de intervención gubernamental que Andrés Manuel López Obrador sostuvo desde 2006.
Sin embargo, aunque Fox reconoció haber trabajado políticamente para favorecer al PAN, sus declaraciones no explican un mecanismo específico de alteración de votos ni acreditan por sí solas la participación de funcionarios electorales en un fraude.
Esta distinción es precisamente uno de los argumentos principales de la defensa pública presentada por Ugalde.
Sheinbaum lo acusó de ser el ejecutor del fraude
El miércoles 4 de noviembre, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló directamente a Ugalde como responsable de ejecutar el presunto fraude electoral que, según afirmó, fue organizado desde el gobierno de Vicente Fox.
La mandataria lo describió como “el ejecutor del fraude electoral fraguado por Vicente Fox” para imponer a Felipe Calderón en la Presidencia.
También cuestionó la autoridad moral del exconsejero para intervenir en el debate actual sobre el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE).
Sheinbaum recordó que Ugalde llegó a la presidencia del IFE en 2003 mediante un proceso de designación legislativa cuestionado por sectores de la oposición y sostuvo que su nombramiento estuvo relacionado con acuerdos políticos en los que participaron el PRI y la entonces dirigente magisterial Elba Esther Gordillo.
Asimismo, hizo referencia al libro Así lo viví: la trama, publicado por el propio Ugalde sobre la elección de 2006, y a los contactos que el funcionario mantuvo con actores políticos durante aquellos comicios.
La presidenta insistió en que la elección estuvo marcada por irregularidades y recordó que, después de la jornada electoral, López Obrador y sus simpatizantes exigieron un recuento general de los sufragios bajo la consigna de “voto por voto, casilla por casilla”.
También cuestionó que no se hubieran abierto todas las urnas y que posteriormente se destruyera la documentación electoral conforme a los procedimientos establecidos.
Sus declaraciones forman parte de una postura política que sostiene desde hace dos décadas que la elección fue fraudulenta y que el triunfo de Calderón careció de legitimidad.
¿Qué resolvió realmente el Tribunal Electoral en 2006?
La elección presidencial del 2 de julio de 2006 se caracterizó por una diferencia extraordinariamente reducida entre los dos principales candidatos.
Después de la resolución de las impugnaciones y del cómputo definitivo, Felipe Calderón obtuvo 14 millones 916 mil 927 votos, equivalentes a aproximadamente 35.89% de los sufragios.
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Por el Bien de Todos, recibió 14 millones 683 mil 96 votos, alrededor de 35.33%.
La diferencia fue de 233 mil 831 votos, equivalente a 0.56 puntos porcentuales.
Ante las denuncias de irregularidades, la coalición encabezada por López Obrador impugnó los resultados y solicitó un nuevo conteo de todos los votos.
El Tribunal Electoral ordenó un recuento parcial de casillas, revisó las impugnaciones y realizó ajustes al cómputo antes de declarar válida la elección y reconocer a Calderón como presidente electo.
En su dictamen, el tribunal también examinó la actuación de Vicente Fox y la intervención de otros actores políticos durante las campañas.
La resolución reconoció que ciertas conductas del entonces presidente afectaron las condiciones de la contienda electoral, aunque concluyó que los elementos disponibles no permitían determinar que esas intervenciones hubieran alterado el resultado final de manera suficiente para invalidarlo.
Este antecedente es relevante porque permite distinguir dos aspectos que suelen aparecer mezclados en el debate público: la existencia de intervenciones políticas indebidas en una campaña y la acreditación jurídica de un fraude mediante la manipulación de resultados electorales.
Mientras Ugalde utiliza la validación judicial de los comicios como argumento central de su defensa, Sheinbaum y Morena sostienen que las irregularidades políticas e institucionales de aquel proceso comprometieron su legitimidad.
Ugalde denuncia intentos de intimidación desde el poder
En la parte final de su posicionamiento, el expresidente del IFE amplió su respuesta y cuestionó el uso de las plataformas gubernamentales para realizar acusaciones personales.
Señaló que, como antiguo titular de una institución electoral, su desempeño debe permanecer abierto al escrutinio ciudadano y a la revisión de las autoridades.
Sin embargo, consideró que esa obligación de rendir cuentas no significa que deba aceptar señalamientos de responsabilidad personal sin pruebas.
Ugalde afirmó que actualmente no ocupa cargos de elección popular ni pertenece a partido político alguno, por lo que reivindicó su derecho a expresar opiniones sobre asuntos públicos.
También advirtió que la democracia puede deteriorarse cuando quienes ejercen el poder utilizan su capacidad de comunicación para desacreditar o intimidar a ciudadanos que sostienen posiciones distintas.
En la publicación que acompañó su video, resumió su argumento en tres puntos: la validación judicial de la elección de 2006, la exigencia de pruebas sobre su supuesta participación en un fraude y la defensa del derecho al disenso.
El exfuncionario sostuvo que las controversias políticas deben resolverse mediante argumentos, evidencias y procedimientos institucionales, no a través de acusaciones personales que considera carentes de sustento.
Citlalli Hernández responde: lo acusa de complicidad
El pronunciamiento de Ugalde generó una respuesta de Citlalli Hernández, dirigente de Morena, quien rechazó sus argumentos y sostuvo que el exconsejero será recordado por su presunta participación en el fraude electoral de 2006.
Hernández lo señaló como uno de los principales cómplices de lo que describió como uno de los episodios electorales más dolorosos de la historia de México.
La morenista también vinculó la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia con las consecuencias de la estrategia de seguridad implementada durante su administración, particularmente el incremento de la violencia y el fortalecimiento de organizaciones criminales.
Estas afirmaciones reflejan la persistencia del conflicto político alrededor de la elección de 2006 y de la valoración histórica del gobierno de Calderón.
Sin embargo, los señalamientos sobre la responsabilidad personal de Ugalde continúan siendo objeto de controversia y deben distinguirse de los hechos acreditados mediante resoluciones judiciales.
El debate de 2006 regresa en medio de controversias en el INE
El intercambio entre Ugalde y Sheinbaum se desarrolla, además, en un contexto de cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas y contrataciones dentro del actual Instituto Nacional Electoral.
En los últimos días, la presidenta ha criticado a exfuncionarios electorales que cuestionaron la situación del organismo, entre ellos Ugalde y Lorenzo Córdova.
La mandataria ha planteado que las investigaciones sobre posibles irregularidades en contratos electorales deben extenderse a administraciones anteriores y no limitarse a los hechos recientemente denunciados.
Por su parte, Ugalde ha cuestionado los intentos de responsabilizar a funcionarios de otras gestiones por decisiones adoptadas durante la administración de Guadalupe Taddei.
En ese contexto, la discusión sobre el resultado electoral de 2006 adquirió nuevamente protagonismo.
A 20 años de aquellos comicios, las declaraciones de Vicente Fox, las acusaciones de Claudia Sheinbaum y la respuesta de Luis Carlos Ugalde muestran que la controversia sobre el papel del gobierno y de las instituciones electorales permanece abierta en el ámbito político.
La validación judicial de la elección es un hecho documentado, al igual que las intervenciones políticas del entonces presidente Fox que fueron examinadas por el Tribunal Electoral.
Lo que continúa en disputa es la interpretación de esos acontecimientos y, particularmente, la responsabilidad que distintos actores políticos atribuyen a los funcionarios que participaron en la organización y supervisión de la elección.
Por ahora, Ugalde ha respondido a las acusaciones con una exigencia pública de pruebas concretas, mientras Sheinbaum y dirigentes de Morena mantienen sus cuestionamientos sobre uno de los procesos electorales más controvertidos de la historia reciente del país.
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