Una reserva del diputado del Partido del Trabajo, José Xerardo Ramírez Muñoz, permitió derogar del artículo 65 el párrafo que prohibía expresamente la entrega de apoyos sociales de parte del Poder Legislativo del estado
Francisco Félix | julioastillero.com
Con 27 votos a favor y apenas uno en contra el Congreso de Zacatecas aprobó una reforma a la Constitución del estado que “revive” las herramientas legislativas”, consistentes en ayudas sociales presupuestadas directamente desde el Poder Legislativo, lo que en el pasado daba lugar a los famosos “moches”. Lo anterior, de acuerdo con lo reportado por Alejandro Ortega Neri, periodista de La Jornada Zacatecas.
Una reserva del diputado del Partido del Trabajo, José Xerardo Ramírez Muñoz, permitió derogar del artículo 65 el párrafo que prohibía expresamente la entrega de apoyos sociales de parte del Poder Legislativo del estado.
Esto ocurrió pese a que el pasado 9 de diciembre, según Ortega Neri, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priista Jehú Eduí Salas Dávila se había opuesto a la propuesta de modificación, señalando que “la entrega de apoyos sociales no forma parte de las atribuciones que corresponden a un legislador, sino que esta actividad estatal se ejerce actualmente por el Poder Ejecutivo, así como por los ayuntamientos”.
En esa ocasión, el diputado Salas había argumentado que los apoyos sociales entregados en anteriores legislaturas “no contaban con reglas claras de operación que permitiera que estos fueran recursos asignados conforme a los precitados principios”, por lo que habría que apegarse a la prohibición de las ayudas, que databa apenas de julio de 2018.
A pesar de estas argumentaciones, el reportero Ortega Neri da cuenta de cómo en sesión de pleno, el diputado petista Ramírez Muñoz insistió en su propuesta, misma que fue avalada por los legisladores, siendo la única excepción la del morenista Ernesto González Romo, quien afirmó que “revivir ayudas sociales, es revivir procesos de deshonestidad”.
La reforma impulsada por Ramírez Muñoz, quien anteriormente fue acusado de pedir un “moche” de 100 mil pesos por aprobar un presupuesto estatal, incluyó un artículo transitorio que señala que en 60 días deberá legislarse para garantizar un ejercicio presupuestal honesto y eficaz.
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