Diputados aprueban prohibir vapeadores, cigarros electrónicos y el uso ilícito del fentanilo (nota de Fernando Merino en OEM-Informex)

El mercado negro de vapeadores al que nos referimos genera entre tres mil y cinco mil millones de pesos anuales en este país

Fernando Merino/ OEM-Informex

La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para prohibir y sancionar la producción y venta de vapeadores, cigarros electrónicos, precursores químicos y el fentanilo, en medio de críticas de la oposición que pidió una regulación y no el veto total de estos productos.

Con 410 votos a favor, 24 en contra y cero abstenciones, los legisladores avalaron la reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador que, a decir del exmandatario, tiene como objetivo garantizar la salud de los mexicanos; la reforma fue enviada al Senado de la República para su discusión.

“Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”, se lee en el texto que se añade a la Constitución.

La diputada Irais Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, subió a la tribuna a vapear para pronunciarse en contra de la reforma, pues la calificó como un atentado al ejercicio de las libertades.

La legisladora emecista afirmó que la reforma no soluciona problemas de salud como el tabaquismo que al año produce miles de muertes y advirtió que la prohibición no disminuirá el consumo de vapeadores.

“No sé por qué están decidiendo prohibir los vapeadores y cigarros electrónicos pero no están decidiendo prohibir productos de tabaco tradicional, que interesante que esa es la decisión del gobierno (…) La reforma anunciada como una que promueve la salud no constituye una solución ante el varadero problema de tabaquismo ni contribuye a subsanar sus consecuencias mortales de este flagelo. Hoy nos prohíben vapear y lo haremos de nuevo antes de que lo quiten y lo seguiremos haciendo y hago la pregunta ¿qué sigue ahora?, ¿qué van a prohibir ahora?”, cuestionó.

La diputada Paulina Rubio, del PAN, afirmó que la prohibición de la producción y distribución del fentanilo no va a solucionar el problema y criticó que la presidenta Claudia Sheinbum haya minimizado el problema, asegurando que el diario estadounidense The New York Times se inspiró en la serie de televisión Breaking Bad para su reportaje que denuncia que los cárteles en Sinaloa están reclutando estudiantes de química para cocinar fentanilo.

“Ojalá, presidenta, ojalá esto fuera Breaking Bad, verdaderamente ojalá que nuestro país fuera una serie de plataforma digital en donde pudiéramos cambiar el capitulo o adelantarle a lo peor de la historia pero por desgracia esto no es así, vivimos en un México de una realidad que pareciera ficción pero sabe que, presidenta, no es ficción. Vivimos en un México en el que el narcotráfico inundó nuestra vida, secuestró nuestra paz y acabó con nuestra tranquilidad”, expresó.

Regulación si, no prohibición: la exigencia de la oposición

El diputado César Alejandro Domínguez, del PRI, dijo que el gobierno debería apostar por la regulación y no por la prohibición, pues advirtió que al prohibir la venta de vapeadores se abre la puerta al mercado negro de estos productos.

“Apostemos a la regulación y no a la prohibición que sólo representaría la oportunidad para la proliferación de estos productos en el mercado negro y sin los debidos controles que se requieren, lo cual pondría en grave riesgo a los cerca de 5 millones de mexicanas y de mexicanos que hoy en día los usan”, advirtió.

La diputada María Angélica Granados, del PAN, dijo que regular no significa incentivar el consumo sino reconocer que el fenómeno existe y tomar el control para minimizar los riesgos y consecuencias.

“El mercado negro de vapeadores al que nos referimos genera entre tres mil y cinco mil millones de pesos anuales en este país, esta cifra representa ingresos que podrían destinarse muy bien al fortalecimiento del sector salud y están por el contrario alimentando redes criminales que reclutan a jóvenes, generan violencia y destruyen comunidades”, indicó.

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