La nueva ley establecerá la obligación de que los autos nuevos que se comercialicen en territorio nacional cumplan con los estándares de seguridad nacional e internacional.
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos la minuta por la que se creó la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con siete modificaciones para evitar la imposición de gravámenes locales y permisos adicionales al autotransporte federal, y cuyo objetivo principal es fortalecer la prevención de muertes y lesiones de tránsito.
Con 457 votos a favor, una sola abstención, y cero votos en contra, se aprobó la Ley que prevé reducir el número de muertes en accidentes de tránsito, garantizando el derecho constitucional a la movilidad de las personas bajo condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
“Durante casi un siglo el orden urbano giró en torno al automóvil, las calles, las banquetas, las viviendas, entre otros, depredando el medio ambiente y la salud de las y los ciudadanos. Eso será corregido por las previsiones contempladas por esta Ley”, declaró el Diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski.
La nueva ley establecerá la obligación de que los autos nuevos que se comercialicen en territorio nacional cumplan con los estándares de seguridad nacional e internacional.
Además, señala que las autoridades competentes, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberán establecer un sistema de evaluación de vehículos nuevos, independiente del fabricante y de concesionarias.
“Los vehículos que se comercialicen en el territorio nacional deberán cumplir con los dispositivos, sistemas y estándares de seguridad que se establezcan en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Infraestructura de Calidad, así como a los criterios internacionales en la materia”, se lee en la minuta.
La nueva ley agregó que la movilidad es un derecho y lo define como la posibilidad de trasladarse y disponer de un sistema de movilidad de calidad, suficiente y accesible. Además, define la seguridad vial como el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para prevenir siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de éstos.
Asimismo se estableció la creación de un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, como un mecanismo de coordinación entre las autoridades federal, estatal y municipal y del sector social para establecer las bases de la planeación, operación, funcionamiento y evaluación de la política en la materia.
ONGs VEN CLAROSCUROS
Ante la aprobación de dicha ley, las organizaciones de la sociedad civil como Reflecciona con Responsabilidad y El Poder del Consumidor resaltaron que “es sólo el comienzo de la implementación de políticas a nivel nacional en favor del derecho constitucional a la movilidad segura”.
“La importancia de esta ley radica en la adopción del enfoque de Sistema Seguro, el cual alinea todas las estrategias de seguridad y educación vial así como factores estructurales y de diseño de las vías para evitar muertes y lesiones graves a causa de siniestros de tránsito bajo el entendido de que el error es humano pero se pueden prevenir las fatalidades”, agregaron.
También, lamentaron que la Ley haya sido detenida en la Cámara de Diputados y se regrese al Senado de la República al haber pasado reservas a los artículos 7 y 54, poniendo en riesgo el piso mínimo para la protección a todas las personas usuarias de la vía.
“No estamos de acuerdo con las reservas que se presentaron hoy a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, las cuales ponen en evidencia que algunos diputados cedieron a la presión de la industria automotriz y de autotransporte”, señaló Miguel Ángel Toscano, presidente de Refleacciona.
Recordaron que en México mueren 16 mil personas a causa de siniestros de tránsito cada año, y que la Ley Movilidad Segura será el instrumento legal que organice el trabajo de la Federación, estados y municipios para evitar pérdidas humanas y económicas en el país, anteponiendo el bienestar y seguridad de los usuarios de la vías.
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